Tegucigalpa – La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu) señaló este martes del deterioro del espacio cívico en el país por restricciones que limitan la participación ciudadana y la libertad de expresión.
– Se registran más de 100 muertes violentas de periodistas entre 2001-2025.
– Hay seis periodistas y comunicadores sociales que fueron querellados.
– También hay 133 casos de desplazamiento forzado de periodistas.
La investigadora de Asopodehu, Rosa Morazán, expuso que hay un deterioro alarmante expresado en restricciones que limitan la participación ciudadana y afectan directamente el ejercicio de la libertad de expresión.
Añadió que en la actualidad está la implementación de la medida del estado de excepción que suspende derechos como la reunión y circulación para otorgar facultades extraordinarias a las fuerzas de seguridad.
La organización citó que en base a la plataforma Reporteros Sin Fronteras (RSF), Honduras es calificada con una puntuación de 32 sobre 100, considerándolo como muy grave para el ejercicio de la libertad de expresión.
Restricciones legales
Morazán señaló que en la actualidad, los periodistas, comunicadores sociales y defensores sufren de varias restricciones legales como la criminalización de delitos contra el honor, injuria y calumnias.
Indicó que los tipos penales de usurpación, perturbación del orden, asociación ilícita y delitos contra el honor han sido utilizados para criminalizar la protesta social y la labor de la prensa.
También expuso que hay un debilitamiento del Mecanismo Nacional de Protección, reserva de la información pública, contexto de inequidad estructural y precariedad laboral, trabas legales y políticas que debilitan la participación ciudadana.
La investigadora expuso que hay falta de voluntad estatal para proteger a los medios de comunicación, periodistas y comunicadores sociales y la estigmatización desde el mismo gobierno, son barreras que socavan la independencia editorial.
Recordó que hubo dos casos en 2023 que estuvo implicada la Secretaría de Seguridad, la orden de investigar y deducir responsabilidades a los autores de realizar una manifestación en la ciudad de Choluteca en contra del proyecto de la Ley de Justicia Tributaria como el comunicado que establece que la libertad de expresión y reunión “no puede interpretarse como una licencia para vulnerar el derecho fundamental a la movilidad, ni para afectar el orden público y la economía nacional”.
Restricciones políticas
Puntualizó que también hay restricciones políticas como estigmatización y los ataques verbales desde el poder político son otra forma de restricción.
En ese sentido, recalcó que las Fuerzas Armadas y su jefe, general Roosevelt Hernández, interpusieron una denuncia en el Ministerio Público contra 12 medios de comunicación, utilizar los medios de propaganda de los militares para tildar de “sicarios” a ciertos periodistas y asediar a dos periódicos.
Añadió que también el general Hernández arremetió contra un director de un medio de comunicación, Rodrigo Wong Arévalo.
Sostuvo que su rol en la democracia debe ser neutral, profesional y no político, y no ser árbitros del debate público ni descalificar voces críticas.
731 quejas en Conadeh
Reveló que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha recibido 731 quejas sobre libertades fundamentales entre 2020-2025.
Desglosó que las quejas por asociación y reunión fueron 55 casos, 349 expedientes por circulación, siete por conciencia y religión, 36 por pensamiento y expresión, 284 a nivel personal.
En cuanto a los denunciados, 152 son individuos, 14 son de instituciones autónomas, 11 de instituciones descentralizadas, dos de instituciones independientes, 391 de la Secretaría de Seguridad, 148 son para el Poder Ejecutivo, 10 en el Poder Judicial y tres contra el Poder Legislativo.
Por otro lado, Conadeh contabilizó 195 denuncias interpuestas por periodistas: 93 contra individuos, siete contra instituciones autónomas, cinco contra instituciones descentralizadas, 36 contra la Secretaría de Seguridad, 49 contra el Poder Ejecutivo, dos para el Poder Judicial y Legislativo.
Mecanismo de Protección
Igualmente, esta plataforma detalló que hay mil 223 solicitudes para el Mecanismo Nacional de Protección: 78 en 2016, 145 en 2017, 190 en 2018, 113 en 2019, 43 en 2020, 81 en 2021, 108 en 2022, 191 en 2023, 168 en 2024 y 106 en 2025.
Se han otorgado 922 medidas de protección entre 2016 a 2025: 111 comunicadores, 520 defensores, 122 operadores, 109 periodistas y 60 ciudadanos.
Restricciones sociales
Asopodehu punteó que la violencia verbal, física y digital, la deslegitimación y la precariedad económica, crean un ambiente de intimidación y miedo que lleva a la autocensura de periodistas y la población.
Recalcó que el crimen organizado y las estructuras ilícitas continúan siendo un factor de riesgo central para los periodistas, quienes enfrentan amenazas, desplazamiento forzado y asesinatos selectivos.
Reveló que hubo 133 casos víctimas de desplazamiento forzado, el 50% ocurrió en los últimos tres años (20 en el 2022, cifra que aumentó a 27 en el 2023 y 20 en el 2024).
La plataforma aseveró que ha habido violencia delincuencial, amenazas tentativas de homicidio, atentados a la propiedad y asesinato a parientes.
Detalló que hay seis periodistas que fueron querellados: dos en Tegucigalpa, dos en Tela y dos en Santa Rosa de Copán.
Percepciones
Entre las percepciones que refleja el informe está el temor a represalias que limitan la libertad de prensa, trasladando la censura desde el Estado y otros actores, hacia la autocensura generada por el contexto de amenazas.
Morazán manifestó que hay opacidad institucional por la falta de respuesta a requerimientos de información y la ausencia de datos oficiales sobre derechos humanos.
También indicó la desconfianza en el aparato legislativo por la falta de avances en reformas propuestas por Conadeh y otras entidades.
Lamentó el espacio cívico fragmentado, criminalización de manifestantes y periodistas, hostilidad, ineficacia del Mecanismo Nacional de Protección, enorme inequidad estructural y falta de políticas públicas a largo plazo, miedo ciudadano a expresión por temor a represalias y otros. AG
