Tegucigalpa – Es preocupante y alejado del sentido de solidaridad “pretender utilizar la emergencia por desastres que enfrentamos actualmente, para presionar que el Congreso Nacional apruebe un paquete de préstamos”, señaló Liliam Rivera, directora de Gobernanza Económica de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
En un escrito, la economista señaló que aprobar el paquete de préstamos que actualmente tramita el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional comprometería más el futuro de Honduras en “detrimento de las necesidades de la población”.
Rivera señaló que otro problema que se suma es el “fantasma latente de la corrupción” de quienes ven en cada desastre una “oportunidad para beneficiarse a costa del dolor, la destrucción y la incertidumbre de las familias afectadas”.
La directora de Gobernanza de la ASJ recordó que el gobierno aprobó 500 millones de lempiras para atender la emergencia por las lluvias que afectan buena parte del país, pero sujetos a una reglamentación y definición de la Secretaría de Finanzas en un decreto ejecutivo llamado PCM (Preisdencia en Consejo de Ministros).
Rivera señaló que posterior a la aprobación de los 500 millones de lempiras con asombro y sorpresa escuchó del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) en el que pidieron al “Congreso la aprobación urgente del apoyo presupuestario, necesario para fortalecer la capacidad operativa de las instituciones”.
Rivera recordó que Honduras es una nación con alta vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, donde cada año las fuertes lluvias recuerdan la fragilidad en que se vive y donde los desafíos del ordenamiento territorial, personan habitando en zonas de alto riesgo, “permanecen a la vista y paciencia de una débil institucionalidad”.
Señaló que el desinterés de los gobiernos por implementar una gestión de riesgos con enfoque preventivo termina “siendo más costoso para todos”, ya que mientras las familias pierden sus viviendas, bienes y medios de vida, el gobierno se ve obligado a reaccionar ante la emergencia, generando grandes erogaciones de recursos que pudieron haberse evitado con una planificación oportuna”.
La economista recordó que las prácticas internacionales para atención post desastres se concentran en tres fases: atención inmediata de emergencia, consistente en asistencia humanitaria; rehabilitación y reconstrucción.
En base a las tres fases, Rivera indicó que procede la reorientación/reasignación de recursos del Presupuesto General de la República, lo que es factible mediante la aplicación de medidas de contención del gasto de las instituciones gubernamentales.
Recordó que el gobierno, por medio del Consejo de Ministros, puede emitir el decreto que ordene el recorte o congelamiento de las distintas asignaciones presupuestarias ya aprobadas. (PD).
