Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La lucha contra la corrupción constituye, después del empleo, la segunda prioridad que debe ser atendida por el nuevo gobierno que resulte electo de los comicios generales del 30 de noviembre en Honduras revelan sondeos de opinión pública, entre ellos el publicado por el Instituto de la Justicia a través de su termómetro electoral. Los electores han pasado del cuarto al segundo lugar este problema que está afectando otros derechos ciudadanos como el acceso a la salud, la educación, y a la seguridad, entre otros.
Los hondureños estiman que la lucha contra la corrupción es un flagelo que impacta directamente en sus vidas y que los esfuerzos realizados son pocos o nulos, se quedan en encendidos discursos públicos que en la práctica no se concretan, al contrario, reeditan los mismos patrones de corrupción de gobiernos anteriores, entre ellos el del expresidente Juan Orlando Hernández.
De acuerdo con el Instituto de la Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), entre los hallazgos del termómetro electoral las más de 2 mil personas consultadas identificaron entre las cinco prioridades del país que deben ser atendidas por el próximo gobierno la generación de empleo, la lucha contra la corrupción, mejorar la salud, mejorar la educación y la lucha contra la delincuencia. Más del 30 por ciento de los consultados hizo énfasis en la situación del empleo, y un 18% en el tema de la corrupción.
Otros sondeos hechos por encuestas privadas también revelan cómo la lucha contra la corrupción ha escalado dentro de las prioridades identificadas por los hondureños. La corrupción se ha colocado como un grave problema en el imaginario colectivo por considerar que ésta ha aumentado en el último año.
El sondeo de los jesuitas señala que el 42.6% de los hondureños considera que la corrupción ha aumentado en el último año en Honduras con fuerte presencia en sectores como las Fuerzas Armadas (47.1%), el Congreso Nacional (61.2%), Corte Suprema (48.5%), Ministerio Público (44.2%), Policía Nacional (55.9%); Gobierno Central (56.5%), Policía Militar (40.6%); Cohep (36.1%), Partidos Políticos (67.9%), Ministerio de Salud (32.1%) y Secretaría de Educación (28.9%).
Esta percepción coincide con la valoración que hace al país el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, al ubicar a Honduras como el segundo país más corrupto de Centroamérica, un vagón del cual no sale de hace varias décadas. Percepción que se acentuó al difuminarse la promesa del gobierno de Libertad y Refundación (Libre) de traer al país la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
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¿Por qué no hay CICIH?
A medida que salían los primeros escándalos de casos de corrupción en el gobierno de la presidenta de izquierda, Xiomara Castro, las esperanzas de traer al país la CICIH se fueron apagando, entre los discursos públicos de negociaciones inconclusas, de culpas para otros, y de hechos sin concretar: las reformas o la derogación del Código Penal que suaviza los delitos contra la corrupción, no se cristalizaron, tampoco se ha aprobado la ley de Colaboración Eficaz, y los memorando de entendimiento con la ONU para traer a la CICIH se quedaron en eso: acuerdos de entendimiento.
En el sondeo de los jesuitas la población ya percibía que la CICIH no sería instalada: 61% indicaba que no vendría y a escasas semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre, el tema de la misión internacional anticorrupción desapareció del discurso público y político de la actual administración y de la candidata presidencial del oficialismo, Rixi Moncada, última que no ha dudado en señalar que sería una afrenta para el país traer una misión para que haga el trabajo que le corresponde a las instituciones hondureñas, que, de acuerdo al sondeo de los jesuitas, se encuentran contaminadas por la corrupción y la impunidad.
¿Por qué la CICIH sale del discurso e interés oficial?: Los casos de corrupción que salpican a la administración pública llevaron al gobierno de Castro a frenar su discurso anticorrupción y quedarse solo con la acción pública de haber derogado la Ley de Secretos, aunque, en la práctica, aprobó varios decretos de discrecionalidad que hoy vuelven cuesta arriba el acceso a la información pública porque casi todo o es secreto o es confidencial en la actual administración pública.
Entre los casos más emblemáticos que frenaron la llegada de la CICIH se encuentra el informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) sobre nepotismo presentado en julio de 2024, donde denuncia que la concentración de poder y los empleos en el gobierno de la presidenta Castro se entregan por apellidos concentrados en tres familias: la familia Zelaya Castro, la familia Flores Dubón y la familia Moncada, última que representa a la actual presidenciable Rixi Moncada.
CNA retrata red de nepotismo de familia presidencial y funcionarios afines
El informe conocido popularmente como “El familión”, sacudió al gobierno de Castro que inició una campaña de descrédito en contra del CNA que obligó a una salida temporal y forzada del país de su directora ejecutiva, Gabriela Castellanos. Luego el CNA siguió presentando otros casos de réplica de “El familión” en la administración pública en cuadros intermedios, desnudando así una red de nepotismo ligada a presuntos hechos de corrupción que han sido denunciados ante el Ministerio Público.
También se suma el caso conocido como “la grama de oro” en el cual se implica al titular de la Comisión Nacional de Deportes (Condepor), Mario Moncada—hermano de la candidata presidencial del oficialismo—por presuntas irregularidades en el cambio de la grama del Estadio Nacional de la capital. De acuerdo con la Secretaría de Transparencia, se habrían cometido irregularidades en el proceso de licitación y la obra habría sido sobrevalorada. La Condepor señala que la misma costó un poco más de 32 millones de lempiras.
La denuncia hecha por el entonces secretario de Transparencia, Edmundo Orellana, quien remitió el caso al Ministerio Público para una investigación, abrió fricciones a lo interno del gabinete de Castro que concluyeron con la renuncia de Orellana al puesto. El Ministerio Público anunció una investigación “profunda y objetiva”, pero se desconoce el resultado. Lo único público fue la llegada de agentes de la ATIC a tomar fotos a la grama del estadio.
Sedesol y narco video, rematan a Libre
La secretaría de Transparencia que dirigió el ministro y exfiscal del Estado, Orellana, también detectó irregularidades hechas por la Secretaría de Planificación Estratégica en la compra supuestamente sobrevalorada de boletos aéreos a una ferretería de la capital. Ese hecho fue otra de las grietas abiertas por Orellana que no gustaron al gobierno y terminaron con su salida, luego que tampoco se aprobara la estrategia anticorrupción que había diseñado y socializado con diversos sectores por más de un año.
La Secretaría de Planificación Estratégica también ha sido señalada por el CNA por el uso indiscriminado de publicidad sin información soporte, cuyo presupuesto ha incrementado de 500 millones a más de mil millones de lempiras en el último año, según informes del organismo anticorrupción y de otras instancias de sociedad civil, entre ellas el Observatorio de la Democracia de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD). Las investigaciones sobre el tema de los boletos sobrevalorados, se desconoce a la fecha, aunque el caso fue elevado al Tribunal Superior de Cuentas, en tanto el relativo a uso y abuso de la publicidad y propaganda sigue aguardando en el ministerio público.
Las prácticas de las redes de corrupción que operan a lo interno del gobierno de la presidenta Castro se han ido repitiendo a medida que trascienden nuevos casos, pero han sido dos hechos de alto impacto que han sacudido la administración y elevado el hartazgo de los hondureños con la corrupción: el “cheque video” de Sedesol y el narco video que implica a Carlos Zelaya, del primer círculo de poder de la familia presidencial.
El caso de Sedesol, del cual un informe del Tribunal Superior de Cuentas revela que existen indicios penales que deben ser investigados por el Ministerio Público retrata cómo operan las redes clientelares de corrupción en la administración pública mediante el uso de fondos públicos para las campañas políticas, en este caso a favor del partido en el poder, el izquierdista Libertad y Refundación (Libre).
Evidencia, además, cómo desde el Poder Legislativo se fraguan y blindan estrategias para extraer los recursos públicos bajo la modalidad de subsidios y subvenciones sin estar reglamentadas como manda la Constitución y a discreción de la Presidencia y directiva del Poder Legislativo. Es un caso también de impunidad en torno a la protección otorgada a una poderosa diputada del oficialismo que opera en la región de Copán, la legisladora Isis Cuéllar.
Cuéllar, a quien el partido en asamblea la quitó de la coordinación de campaña en la zona y le pidió renunciara al partido, no ha hecho ni lo uno ni lo otro. Sigue activa entregando ayudas, ratificando su liderazgo y con permiso temporal del Congreso—otorgado por la presidencia y no por el pleno parlamentario—mientras se dilucida su caso. El congreso recientemente le reforzó su seguridad dotándola de un nuevo carro blindado, según informes de la prensa.
El video en donde ella aborda con el entonces secretario de Sedesol, José Carlos Cardona, la repartición de los recursos públicos para la campaña política de Libre, no es, por ahora, prueba contundente del Ministerio Público que ha calificado el informe del Tribunal de Cuentas como “insulso” y poco “relevante” para la investigación. En un reciente comunicado, la Fiscalía indicó que investiga “a profundidad” el caso de Sedesol pero que no hará requerimientos “débiles” que le voten el trabajo. El caso de Sedesol sigue así sin avances sustanciales, pero con promesas oficiales de “indagar a fondo”.
Indagación que tampoco ha llegado a concluir en el caso de narco video que salpica al cuñado de la presidenta Castro, el exlegislador Carlos Zelaya, hermano del coordinador de Libre y expresidente de la república, Manuel Zelaya. En el narco video filtrado a los medios, se mira a Carlos Zelaya negociando con capos de la droga hondureña millonarios recursos en sobornos para la campaña política de Libre en el 2013.
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Zelaya aceptó que existió esa reunión, pero el Ministerio Público es del criterio que el video por ser viejo no es tan contundente, que debe ser verificado pero que investigarán qué realmente sucedió en ese momento. Las investigaciones tampoco avanzan.
Esos hechos han permitido que la corrupción sea un problema de interés público y que la esperanza por traer una CICIH no desfallezcan, dado los niveles de impunidad que evidencian esas acciones y sus conexiones. Se suman los otros hechos de presunta corrupción que han salido a raíz del “cheque video” de Sedesol, donde otra dependencia pública que ha sido puesta en la mira de la ciudadanía es la Secretaráa de Gobernación, Justicia y Descentralización, equivalente al Ministerio del Interior, al revelarse cómo desde ahí operan empresas fantasmas ligadas a personas allegadas al poder para drenar los fondos públicos. La corrupción, al igual que en el gobierno de Juan Orlando Hernández, se ha convertido en uno de los principales acicates del gobierno de la refundación y el socialismo democrático de la administración Castro y del partido Libertad y Refundación. (PD).
