San Pedro Sula– Suman nueve las personas capturadas tras el requerimiento fiscal interpuesto por el Ministerio Público contra funcionarios, exfuncionarios y particulares vinculados a la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula (SPS), acusados de integrar una presunta red de corrupción.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez informó que los reportes que ha recibido es que ya suman cinco las personas capturadas en la zona norte del país vinculadas a un fraude contra la alcaldía sampedrana.
Las personas detenidas son Osman David Chávez Orellana, Alejandra Eunice Amaya Barnica, Walter Cartagena Villagra, Denis Jamil Paz Martínez y Marlen Mena Gómez.
Afirmó que posteriormente se detuvieron cuatro personas más, por lo que queda pendiente la captura de Steven Adolfo Fajardo Vargas, yerno del alcalde sampedrano, Roberto Contreras.
Las últimas capturas corresponden a: Olga Estela Ávila Ortega, Luis Fernando Hernández Portillo, Andrea Faviola Perdomo Delgadillo y Malcos Jonathan Morales Corea.
El caso data entre julio de 2023 y abril de 2024, ocasionó un perjuicio económico superior a 45.5 millones de lempiras mediante la suscripción de 33 contratos fraudulentos con la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., destinados supuestamente al mejoramiento vial.
Los acusados
La acusación incluye a Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega (representante de HERCOD); Steven Adolfo Fajardo Vargas, yerno del actual alcalde Roberto Contreras; Josué David Fajardo Hernández, tío de Fajardo; así como a los representantes de empresas que se coludieron en el esquema: José Antonio Juárez Pereira, Henry Geovanny Guzmán Girón, Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Malcos Jonathan Morales Corea.
También se responsabiliza a funcionarios y exfuncionarios municipales, entre ellos: Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez, Alejandra Eunice Amaya Barnica (Gerencia de Infraestructura); Marlen Mena Gómez (exgerente financiero); Xavier Lacayo Delgadillo (tesorero municipal); Luis Enrique Saa (director de proyectos) y Walter Cartagena Villagra (exdirector de Vías).
Se les imputan delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude, tráfico de influencias y lavado de activos.
El esquema de corrupción
De acuerdo con el informe oficial del Ministerio Pública, las investigaciones revelan que empleados municipales y representantes de empresas sostuvieron reuniones previas para planificar la adjudicación de contratos a HERCOD, mientras las demás compañías servían únicamente como “relleno” para simular competencia.
Asimismo, se determinó que los 33 contratos se fraccionaron para evadir los procesos de licitación pública: 26 fueron por contratación directa y 7 por licitación privada. Además, HERCOD incumplió requisitos básicos, como presentar garantías de anticipo o nóminas de personal técnico.
A pesar de ello, funcionarios municipales autorizaron pagos sin informes de avance ni verificación de obras, e incluso hubo proyectos que nunca se ejecutaron, como la reparación de un complejo deportivo y carreteras en El Merendón, donde no existe evidencia de maquinaria ni trabajos realizados.
Tráfico de influencias y lavado de activos
El requerimiento señala que Steve Fajardo, sin ser funcionario municipal, sostuvo reuniones con el entonces gerente de Infraestructura, Osman Chávez, y con representantes de las empresas que simularon competir como oferentes.
Además, se documentó que Luis Hernández Portillo mantenía vínculos societarios con familiares de Fajardo, lo que permitió aprovechar influencias para obtener beneficios indebidos.
Posteriormente, el dinero se canalizó en un esquema de lavado de activos: una vez que la alcaldía pagaba los contratos a HERCOD, los fondos eran transferidos por Olga Ávila y Hernández Portillo a distintas cuentas, de donde más de 5.9 millones de lempiras terminaron en manos de Josué Fajardo Hernández, quien a través de terceros entregaba el efectivo a su sobrino, Steve Fajardo, para ocultar el origen ilícito de los recursos.
El Ministerio Público adelantó que continuará con las acciones judiciales para desarticular la red y recuperar los fondos públicos desviados. IR
