El Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2026, adolece de las mismas debilidades del presupuesto general aprobado para el 2025.
Para juzgar adecuadamente las debilidades del Presupuesto General de 2026, es conveniente empezar estableciendo dos criterios técnico/legales: 1) El presupuesto general del país técnicamente no debería incrementarse en un porcentaje mayor al resultante de la suma de la inflación y el crecimiento económico real estimados para el 2026, que los organismos internacionales han estimado que ascenderá al 7.6% (4.0% de inflación esperada y 3.6% del PIB real proyectado). 2) En atención al artículo 359 de la Constitución de la República, el Congreso Nacional desde hace años atrás debió haber fijado que el Presupuesto General de cada año, no debería sobrepasar el 40.0% del PIB nominal (PIB real más Inflación) del período considerado.
Se puede afirmar que el Presupuesto General del 2026, que en total asciende a L. 469,249.0 millones, NO cumple ninguno de los dos criterios aludidos, ya que en vez de un 7.6% se propone incrementarlo en 8.9%, equivalente a un exceso de L. 5,592.0 millones, y adicionalmente, supera en L.5,166.12 millones al 40.0% del PIB nominal calculado para el 2026, que según estimaciones serias asciende a L. 1,068,990.94 millones, un monto que resulta inferior al proyectado oficialmente.
De esa manera, el Presupuesto General 2026 adolece de un serio pecado original: viola los dos criterios técnicos/legales que resulta apropiado respetar para mantener un equilibrio financiero de las finanzas públicas del país.
A partir de esa violación, debe juzgarse como inapropiado el hecho de que los ingresos tributarios y no tributarios aumenten un 8.16% y 9.24% respectivamente, en vez de crecer a una tasa igual o inferior al 7.6%, valor que, al sobrepasarlo, implica un mayor endeudamiento interno y externo para Honduras.
Lo más desalentador e inapropiado del Presupuesto General 2026, reside en que conlleva una inversión fija en infraestructura bastante desnutrida, ya que de una Inversión Publica Total de L. 104,661.4 millones, se destinan únicamente L. 29,975.4 millones para Inversión Productiva, mientras que a la mal llamada Inversión Social se le asignan L. 63,084.2 millones, completados con una Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) de L. 11,601.8 millones.
La distribución anterior se presta a una interpretación errónea, ya que en ejercicios fiscales anteriores se ha comprobado que de la denominada Inversión Productiva, un 50.0% se destina a gasto social, por lo cual, el porcentaje destinado a Inversión Social se eleva al 74.59% del presupuesto total de Inversión Pública, dejando únicamente un 14.32% para cubrir la Inversión Productiva efectiva, ya que el restante 11.09% le corresponden a la FBCF.
Un caso particular interesante del Presupuesto General 2026, se refiere a la Secretaría de Salud, ya que el próximo año se le otorga un incremento de 0.64% respecto al año anterior, mientras que el presupuesto de la Secretaría de Seguridad se aumenta en un 15.95%, y el de la Secretaría de Defensa sube en 14.62%, en comparación a los montos asignados el 2025.
Los anteriores destinos implican que el actual gobierno le concede una prioridad insignificante a la salud, pero sobrevalora la importancia que tienen seguridad y defensa, porque según los voceros oficiales en este campo “vamos bien”, a pesar de que desde el 6 de diciembre del 2022 que se implementó el estado de excepción, las extorsiones y el asesinato de mujeres no han disminuido.
Bajo el actual ambiente electoral, posiblemente el Congreso Nacional no logrará aprobar el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal 2026, por lo cual cabe preguntarse ¿cuáles son los retos en materia presupuestaria que tendrá que afrontar un nuevo gobierno?
En ese campo los dos principales retos del nuevo gobierno consistirán en: 1) Reformular el Proyecto de Presupuesto General 2026, para buscar asentarlo sobre bases financieramente más sólidas y sostenibles; y, 2) Restituir y respetar lo estipulado originalmente en la Ley de Responsabilidad Fiscal (Decreto No. 172-2029).
El Proyecto de Presupuesto General 2026, entre otros supuestos financieros se basa en la premisa falsa de que la Administración Central está obligada a endeudarse interna y externamente en L.93,597.5 millones, equivalentes a un 33.43% del presupuesto de la administración central; a su vez, a la Administración Descentralizada se le condena a endeudarse en L. 60,858.8 millones, que representan un 32.15% del presupuesto de la administración descentralizada.
Para actuar con responsabilidad, el nuevo gobierno debe rechazar la premisa de endeudar al país en un monto que asciende al 32.92% del presupuesto general 2026, resultante de sumar financiamiento central y descentralizado, ya que ello no solo afecta las finanzas públicas, sino que, además, deteriora el bienestar de todos los ciudadanos, porque impide crecer económicamente, generar empleo, disminuir la inflación y ordenar las finanzas.
El nuevo gobierno debería establecer por lo menos las siguientes metas cuantitativas: 1) Incrementar los ingresos fiscales en 0.8 puntos porcentual en el primer año, y llevarlo hasta el 18.0% del PIB en los siguientes 3 años. Para lograr esto conviene: ampliar la base tributaria, modernizar administración tributaria (factura electrónica, cruces de data), luchar contra la evasión, revisar las exenciones, mejorar el cobro aduanero, y simplificar el cumplimiento normativo para pymes. 2) Mejorar los ingresos público totales respecto al PIB, logrando mantenerlos entre el 29-30% del PIB durante el primer año, y llevándolos al 30-32% del PIB en los siguientes 3 años. Esto supone mejorar la recaudación no tributaria y una cuidadosa gestión de transferencias/subvenciones condicionadas. 3) Moderar el gasto público total y el gasto corriente respecto al PIB, procurando mantenerlo en ≤ 30.5% del PIB en el primer año, y reducirlo al ≤ 30% del PIB en los siguientes 3 años; esto conlleva la revisión de subsidios universales, control de compras públicas, priorización de inversión con evaluación costo/beneficio, control de nómina y bajar tasa de crecimiento del gasto corriente. 4) Saldo primario en relación con el PIB, logrando un saldo primario ≥ 0% del PIB durante el primer año, y obtener un superávit primario 0.5–1.0% del PIB en los siguientes 3 años. Esto sería posible mediante la combinación de aumento de ingresos y reducción selectiva del gasto corriente; y mejorando la eficiencia del gasto. 5) Saldo fiscal global / déficit respecto al PIB, apuntando al ≤ −1.0% del PIB en el primer año, y obtener un déficit 0 con un superávit fiscal leve (0–0.5% del PIB) en los 3 años posteriores. Se trata de lograr una consolidación gradual: priorizar medidas que aumenten ingresos recurrentes; evitar cortes abruptos en inversión social. 6) Deuda pública respecto al PIB, mantenerla cercana al 48% durante el primer año y reducirla gradualmente a 42–45% del PIB en los siguientes 3 años. Esto supone un crecimiento económico sostenido, control del déficit fiscal, refinanciación de deuda a términos favorables, manejo de vencimientos y reservar parte de cualquier ingreso excepcional para reducción de deuda.
Las anteriores son algunas de las medidas que un nuevo gobierno debería adoptar, pero existen otras acciones fiscales necesarias no mencionadas.
