Tegucigalpa/Miami- El quinto día del juicio contra el empresario estadounidense Carl Zaglin, realizado ayer martes en Miami, sacó a la luz un capítulo oscuro de corrupción ligado a la Tasa de Seguridad (Tasón) en Honduras.
-Documentos, testimonios y confesiones revelaron un esquema de sobornos alrededor de contratos para la adquisición de uniformes policiales.
La periodista hondureña Xiomara Orellana, quien da cobertura al proceso judicial, escribió en su red social X: “El juicio en Miami contra Carl Zaglin destapa realidades incómodas: hojas de Excel, correos y confesiones que revelan cómo contratos con fondos de la Tasa de Seguridad vistieron a la Policía hondureña con uniformes manchados por sobornos”.
Uno de los testimonios clave fue el del empresario Luis Berkman, socio de la firma Atlanco, quien aseguró que los pagos ilegales fueron canalizados mediante el exbanquero Aldo Marchena, en un esquema de “cascada” con comisiones del 20%. Según Berkman, ese sistema habría beneficiado al exministro de Seguridad, Julián Pacheco, y al exdirector policial Juan Ramón Molina.
En la sala, Molina admitió haber recibido sobornos para agilizar pagos de contratos con Atlanco. Confesó que en 2017 aceptó tres transferencias ilícitas por un total de 114 mil dólares (aproximadamente 2.9 millones de lempiras), canalizadas a través de la empresa Sky Max Leasing, registrada en Belice para ocultar los fondos.
“Sé que lo que hice no estuvo bien en ese entonces. Quiero cerrar este capítulo de mi vida”, declaró Molina frente al jurado. Relató que el vínculo se consolidó gracias a Francisco Cosenza, entonces director del Tasón, quien lo convenció de agilizar desembolsos a cambio de comisiones. Mensajes de texto presentados como prueba revelan la coordinación entre Molina y Cosenza.
Por su parte, el periodista Samuel Rubenfeld, en el noticiero Hoy Mismo, informó además que Berkman señaló directamente a Pacheco y a Molina como receptores de pagos gestionados por Marchena.
El juicio contra Carl Zaglin continuará este miércoles, mientras la Fiscalía busca fortalecer su acusación y demostrar la existencia de una red de sobornos que alcanzó las más altas esferas de seguridad en Honduras, con dinero que paga la población hondureña por transacciones financieras en concepto de Tasa de Seguridad.LB
