Tegucigalpa – En un contexto marcado por la persistente lucha contra la corrupción en Honduras, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro cumple hoy, 19 de agosto de 2025, exactamente mil 300 días sin haber instalado la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). Esta cifra representa más de tres años y medio de retrasos, extensiones y promesas no cumplidas, que han generado un creciente escepticismo entre la población, los analistas y hasta en los observadores internacionales.
-La CICIH sigue siendo un recordatorio de los desafíos estructurales y políticos que enfrenta el país en su lucha contra la corrupción.
La CICIH, inspirada en mecanismos como la CICIG en Guatemala y la MACCIH en Honduras, se presentó como una herramienta clave para combatir la impunidad estructural en el país. Sin embargo, a pesar de los anuncios iniciales, el mecanismo sigue siendo un proyecto en el limbo, con impactos directos en la confianza ciudadana hacia las instituciones.
La promesa de instalar la CICIH surgió durante la campaña electoral de Xiomara Castro en 2021, donde se posicionó como una prioridad para erradicar la corrupción heredada de administraciones anteriores.
Castro, al asumir el poder el 27 de enero de 2022, reiteró este compromiso en su discurso de inauguración, asegurando que sería una realidad en los primeros 100 días de su mandato.
El origen de esta demanda se remonta al fin de la MACCIH en enero de 2020, bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández, lo que dejó un vacío en la lucha anticorrupción y motivó protestas como la «marcha de las antorchas».

Este Gobierno ya no cumplió
El presidente de la Coalición Patriótica de Honduras, Juan Carlos Rodríguez, dijo a Proceso Digital que sobre este tema este el Gobierno ya no cumplió ya que no hay tiempo para la instalación de esta.
“Ya es imposible que una CICIH pueda llegar a nuestro país, no hay convenio y no hay condiciones concretas para ellos”, manifestó.
En ese contexto, afirmó que este Gobierno ya no cumplió con esta promesa de campaña.
Sin embargo, advirtió que de igual manera fue utilizado como un tema de campaña del oficialismo, también puede ser utilizado por los que pretenden llegar al poder.
De hecho ya se utiliza como un tema político, la oposición defiende que el Gobierno no trajo la CICIH y promete que ellos si la van a traer, pero la población corre el riesgo que sea otra promesa incumplida, reflexionó.

Clamor popular
La CICIH se convirtió en un clamor popular, incorporado al plan de gobierno del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Históricamente, Honduras ha enfrentado altos niveles de corrupción, con escándalos que involucran a altos funcionarios y que han erosionado la economía y la democracia. La CICIH se propuso como un ente independiente, con capacidad para investigar y acusar, similar a modelos internacionales exitosos.
La línea de tiempo de incumplimientos inicia con la firma del Memorándum de Entendimiento entre el gobierno hondureño y la ONU en diciembre de 2022, que estableció dos fases: recomendaciones legales y negociación del convenio.
Sin embargo, ninguna fase se ha completado plenamente. En septiembre de 2023, se entregó el primer borrador del acuerdo a la ONU, pero el proceso se estancó por falta de reformas legales.
Un año después, en septiembre de 2024, se presentó un segundo borrador durante una reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres, en Nueva York.
Las extensiones al memorándum han sido constantes: la primera prórroga se dio en 2023, seguida de otras hasta la quinta ampliación concedida en junio de 2025, extendiendo el plazo hasta el 15 de diciembre de 2025.
Esta última fue solicitada por el gobierno para continuar las negociaciones, pero analistas la ven como una dilación más.

Ya no viene
A medida que se acercan las elecciones generales de 2025, la instalación de la CICIH parece cada vez más lejana. Para el analista Olban Valladares, es absurdo pensar que la CICIH pueda venir en el presente gobierno.
Al respecto, razonó que se requiere cómo mínimo 10 meses para la instalación del mecanismo internacional y el actual gobierno ya solo tiene un poco más de cinco meses.
La CICIH es una promesa de campaña de este gobierno, pero en realidad es una demanda popular desde el anterior gobierno cuando el mismo decidió acabar con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH)
En 2016, tras cuestionamientos al expresidente Juan Orlando Hernández y a personas que formaban parte de su gabinete, ingresó al país la MACCIH, auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA), pero se fue en enero de 2020.

Argumentos del oficialismo
En junio de 2025, el Congreso Nacional intentó aprobar una Ley Especial para la CICIH, pero falló en obtener la mayoría calificada de 86 votos, dejando el proyecto en suspenso.
Esta ley, promovida por la diputada Hortensia Zelaya, fue criticada por no alinearse con las demandas de la ONU.
El gobierno ha justificado los retrasos alegando la necesidad de cumplir con requisitos internacionales y reformas internas. El canciller Efraín Bú Soto enfatizó que la ONU exige cambios como la reforma al Código Procesal Penal para incluir la figura de querellante autónomo.
Además, se ha argumentado que el presupuesto de la CICIH debe ser externo y que el nombramiento de personal debe garantizar independencia. PD