Tegucigalpa- En nombre de la “solidaridad” y el “desarrollo social”, el Gobierno ha abierto una enorme grieta en el ya debilitado muro de la transparencia pública. Es así como el Fondo de Administración Solidaria, una partida millonaria que prometía llevar esperanza a los más vulnerables, ha terminado canalizando recursos hacia organizaciones creadas al vapor, dirigidas por militantes del oficialismo y blindadas contra cualquier forma de escrutinio.
– Dos ONG vinculadas a Libre manejan L.145 millones sin auditoría
-ASJ: Estamos hablando de estructuras presupuestarias que suman más de 950 millones de lempiras anuales distribuidas en siete secretarías de Estado.
Dos casos emblemáticos exponen de forma clara el uso partidario y discrecional de este fondo: la Asociación Manos a la Obra (AMO), presidida por una exfuncionaria de gobierno, y la Asociación Mujeres Unidas Extraordinarias (MUE), dirigida por una activista afiliada al Partido Libertad y Refundación (Libre). Juntas, estas dos ONGs recibieron 145 millones de lempiras entre 2023 y 2025. ¿Su mérito? No la experiencia ni la trayectoria, sino su cercanía al poder.
ONGs exprés, millones sin auditoría
La Asociación Manos a la Obra fue creada en abril de 2024 por Linda María Ordóñez, quien hasta hace poco ostentaba cargos en Copeco y el Instituto de la Propiedad. A menos de un año de su creación, la ONG recibió más de 75 millones de lempiras para ejecutar 124 proyectos, fondos que fueron gestionados por diputados ante la Secretaría de Gobernación, en una práctica que carece de base legal y responde más a la vieja lógica del clientelismo que a las necesidades del pueblo.
Por su parte, la Asociación Mujeres Unidas Extraordinarias (MUE), fundada en 2021 en La Ceiba y dirigida por Bessy Jeanette Ramírez Montoya, otra militante del oficialismo, logró administrar 74.2 millones de lempiras en apenas un año. MUE no solo supera en asignaciones a organizaciones con décadas de existencia, sino que lo hace sin haber sido sometida a ninguna auditoría externa, lo cual la convierte en una anomalía peligrosa para las finanzas públicas.
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Pese a que Libre criticaba estas prácticas y acusaba al bipartidismo, ahora replica los mismos vicios del pasado, y según algunos analistas hasta los han superado.
La opacidad como política pública… Ministro Vaquero dice que no manejan fondos
La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), encargada de transferir los fondos, se ha negado sistemáticamente a brindar información sobre la ejecución de estos recursos.
El ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, señaló que su ministerio solo es canalizadora de las iniciativas de los alcaldes y diputados, además de facilitar su sistema administrativo y financiero para sacar adelante los proyectos.
Vaquero insistió que la Secretaría de Gobernación solo canaliza, pero que no maneja recursos financieros, ni emite cheques, ya que son recursos que pertenecen al Congreso Nacional y no a la entidad que rectora.
En ese sentido explicó, durante una intervención en el foro Frente a Frente de Televicentro, que una vez que reciben la documentación de los proyectos de parte de alcaldías o gestionadas por diputados, trasladan la misma al Congreso Nacional para que las autorice el presidente del Poder Legislativo, en este caso Luis Redondo.
Insistió que, sin la aprobación del presidente del Congreso Nacional, ningún proyecto sigue el trámite administrativo para recibir los recursos solicitados, reafirmando que no son fondos de Gobernación, sino del Poder Legislativo.
Luego de concluida la fase inicial de documentación, señala que la trasladan a la Secretaría de Finanzas, quien da el visto bueno y con ello hacen después la firma del convenio con la entidad ejecutora, además de recibir la firma de los ingenieros civiles a cargo de la obra.
El ministro Vaquero señaló “no tenemos ni voz, ni voto en la decisión de los proyectos, ni manejamos recursos financieros, ni manejamos cheques, no manejamos nada”.
Sin respeto por la Ley
El economista y expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, Julio Raudales, opinó que el uso sistemático e ilegal de los recursos públicos con fines político-electorales, es una práctica que, a pesar de estar claramente prohibida por la ley, continúa sin freno en años electorales.
Consultado por Proceso Digital, Raudales recordó que la Ley Orgánica del Presupuesto establece de manera explícita que los fondos del Estado deben ser ejecutados conforme a sus objetivos institucionales, prohibiendo expresamente su utilización en campañas políticas o en la entrega de regalías a la población con fines clientelistas.
“La ley tiene sus resguardos sobre este tema, pero lo común es que los gobiernos, particularmente en año electoral, hagan uso de los fondos públicos para promoverse. No hay mecanismos efectivos de auditoría, y todos repiten el patrón, haciendo caso omiso de lo que la ley establece”, advirtió Raudales.
La advertencia del analista surge en un contexto de creciente preocupación por la transparencia en la ejecución del presupuesto estatal, especialmente en la antesala de un nuevo proceso electoral.
En la misma línea, el director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, sostuvo que el manejo de los fondos públicos en algunas instituciones se ha convertido en una plataforma de corrupción estructurada.
“Entre más se investiga, más se destapan redes de corrupción en la ejecución de fondos para proyectos sociales. Estamos hablando de estructuras presupuestarias que suman más de 950 millones de lempiras anuales distribuidas en siete secretarías de Estado”, explicó Aguilar a Proceso Digital.
Agregó que la falta de control interno, la escasa rendición de cuentas y la no ejecución real de los proyectos ha dado paso a un manejo opaco y clientelista, donde los políticos utilizan los recursos estatales como herramienta para mantenerse vigentes en el escenario electoral.
“El Estado ha sido visto como un vehículo para drenar fondos públicos, y lamentablemente esto nos tiene enfrentando una gran olla de corrupción al interior de estas siete secretarías”, agregó el representante de la ASJ.
La legislación hondureña contempla sanciones administrativas, civiles y penales para quienes utilicen los bienes y recursos del Estado con fines electorales. La Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, en su artículo 24, prohíbe tajantemente esta práctica, complementando las disposiciones ya establecidas en la Ley Orgánica del Presupuesto.
No obstante, tanto Raudales como Aguilar coinciden en que la debilidad institucional y la falta de voluntad política han convertido estas normas en letra muerta, perpetuando una cultura de impunidad que erosiona la democracia y degrada la confianza ciudadana en la gestión pública.
Redondo y el Congreso: autorizaciones sin ley
Se conoce que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, autorizó la ejecución de estos fondos a través de cartas de recomendación —aunque no tenía ninguna facultad legal para hacerlo según las disposiciones generales del Presupuesto. Una vez más, el Congreso actuó como caja de resonancia del clientelismo, colocando en bandeja los fondos del Estado para que los operadores políticos de Libre pudieran capitalizarlos.
Un modelo ya contaminado
Este patrón se repite. Un caso similar ocurrió con 65 proyectos valorados en casi cinco millones de lempiras en Copán, gestionados por la diputada Isis Cuéllar y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de los cuales ninguno se ejecutó, aunque los fondos fueron desembolsados. Así funciona el nuevo “modelo solidario”: dinero que desaparece, obras que no existen y responsables que no responden, coinciden los analistas.
Sedesol y Gobernación son apenas dos de las siete instituciones habilitadas para ejecutar estos recursos. Junto a ellas figuran el FHIS, SIT, EDUCREDITO, CONDEPOR y FOSODE. En conjunto, han dispuesto de 2,850 millones de lempiras entre 2023 y 2025. Pero lo que debía ser una herramienta para el desarrollo se ha convertido en una bolsa común al servicio de intereses políticos.
Juan Carlos Aguilar, advirtió que entre más se escudriñe en estas siete instituciones, más corrupción se destapa.
Nuevo gobierno, viejas mañas
Lo más alarmante de este esquema no es solo la magnitud de los fondos o la precariedad institucional que lo sostiene, sino la reproducción exacta de los vicios que Libre prometió erradicar. Lo que antes hacían las redes clientelares del Partido Nacional, hoy lo hacen las “organizaciones de base” del partido en el poder. Se cambió el color del partido, pero no la lógica de captura de fondos públicos.
Hablar de justicia social mientras se reparten millones entre allegados políticos sin supervisión no es solo incoherencia: es corrupción maquillada de solidaridad. Si el país quiere romper con el círculo vicioso de la impunidad, no basta con discursos antioligárquicos ni con consignas revolucionarias. Se necesita control, transparencia y rendición de cuentas. Y eso, al menos hasta ahora, sigue siendo la gran deuda del actual gobierno. coinciden analistas.LB
