Tegucigalpa – El Observatorio Político de Mujeres (OPM) emitió pronunciamiento en el que condena la escalada de violencia política de género que ha marcado la semana, señalando de manera directa al consejero Marlon Ochoa por sus ataques hacia las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall.
Según el comunicado, Ochoa ha deslegitimado en reiteradas ocasiones la autoridad de López como presidenta del órgano electoral y ha difundido públicamente rumores sobre su vida personal, los cuales —según observación del OPM— «nada tienen que ver con el proceso electoral y constituyen violencia política de género».
El Observatorio también repudió lo que calificó como una línea oficialista de intimidación, mediante la presencia de grupos de choque durante eventos clave del CNE, como la recepción de ofertas para el sistema de transmisión de datos y la convocatoria al Congreso Nacional. Señalaron que estas acciones, en las que participaron incluso funcionarios estatales, buscaban amedrentar a las consejeras López y Hall.
En el mismo pronunciamiento, el OPM condenó actos de violencia física y verbal perpetrados contra mujeres del Partido Liberal, incluyendo a las candidatas Saraí Espinal y Nolvia Aplicano. «Bajo ninguna circunstancia se justifica que militantes de un partido político impidan la presencia de mujeres políticas en un sitio público, mucho menos que las agredan físicamente», subraya el texto.
Asimismo, exigieron al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y al general Roosevelt Hernández, evitar exponer la integridad física de las autoridades electorales y de todas las mujeres involucradas en el proceso. Recordaron que, durante la sesión del 8 de julio, se permitió el ingreso de personas violentas al hemiciclo, mientras ya existía una solicitud formal de resguardo para las consejeras.
“Expresamos nuestra indignación por este ataque contra los derechos políticos de las mujeres y contra el sistema democrático de Honduras”, recalca el comunicado, reiterando que ninguna mujer debe ser intimidada ni violentada por ejercer su derecho a participar en política.
Finalmente, el Observatorio enfatizó que las mujeres “no somos ni carne de cañón ni instrumentos de ataque político”, y que el Estado de Honduras tiene la responsabilidad de garantizar condiciones seguras y libres de amenazas para su participación en los procesos democráticos. El documento concluye con un llamado firme: «¡No a la violencia política contra las mujeres!». LB
