Tegucigalpa. – Cuando Donald J. Trump juró por segunda vez como presidente de los Estados Unidos en enero de 2025, muchos creíamos que ya nada podría sorprendernos. Tras un retorno impulsado por una campaña agresiva y una base sólida de seguidores, Trump comenzó su mandato con una energía que rozaba en “lo implacable”. Y lo demostró de inmediato: en tan solo 100 días como Presidente, firmó más de 140 órdenes ejecutivas. En parte, eso ha despertado elogio, sospechas y críticas tanto por su audacia como por sus efectos.
Este artículo explora el significado detrás de ese número. No solo como un dato curioso, sino como un símbolo del enfoque que tiene Trump al decidir cómo gobernar. ¿Es eso un símbolo de eficiencia o autoritarismo para evadir el cumplimiento del debido proceso y la separación de poderes? ¿Significa reforma o ruptura? ¿Estamos ante un modelo temporal de gobierno o ante el rediseño del presidencialismo moderno estadounidense?
El poder de una Firma
Para entender el impacto de 140 órdenes ejecutivas en tan poco tiempo, primero hay que entender qué son y sobre que subtemas. Una orden ejecutiva es una directiva emitida por el presidente estadounidense para gestionar operaciones dentro del gobierno federal. No requiere aprobación del Congreso y entra en vigor de inmediato. Se trata de un mecanismo legal, plenamente reconocido por la Constitución, que ha sido utilizado por todos los presidentes modernos. Sin embargo, su uso masivo, como ocurre ahora con Trump, podría llegar a alterar la independencia y el equilibrio tradicional de los 3 poderes del Estado, en una democracia moderna como es la estadounidense: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Históricamente, los presidentes han utilizado órdenes ejecutivas para responder a crisis (Roosevelt durante la Gran Depresión), para gestionar conflictos bélicos (Truman en la posguerra o para implementar reformas estructurales (Obama con DACA). Lo que distingue a Trump es la velocidad y volumen de sus acciones: más de 140 órdenes en 100 días de gobierno. Para comparar ese récord: George W. Bush firmó 12 en su inicio. Obama, 19 y Joe Biden, 42. La cifra de Trump es más que el triple de sus recientes antecesores.
¿Qué está ordenando Trump?
Las órdenes firmadas por Trump cubren un espectro tan amplio como controvertido. A continuación, destaco las más significativas:
- Inmigración: endurecimiento del proceso de asilo, restricciones al DACA y creación de un programa de deportaciones exprés.
- Salud: implementación del modelo de “nación más favorecida” para regular los precios de medicamentos, obligando a farmacéuticas a igualar precios con países de referencia.
- Diversidad: eliminación de programas de inclusión, multiculturalismo y lenguaje inclusivo en agencias federales, bajo el argumento de “restaurar la neutralidad institucional”.
- Educación y cultura: prohibición de fondos federales a instituciones que promuevan teorías “antiamericanas”, como el pensamiento crítico racial y el de género.
- Comercio exterior: imposición de nuevos aranceles, en especial a productos chinos y creación de un fondo soberano para inversiones estratégicas.
- Gobernanza interna: reestructuración de agencias federales para concentrar decisiones en el Ejecutivo, incluyendo la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental.
Cada una de estas órdenes ha sido ejecutada con precisión quirúrgica, sin debate legislativo ni mayor consulta pública. Esto ha generado tanto apoyo entusiasta entre sus seguidores como alarma entre juristas, académicos y líderes sociales de las organizaciones que defienden los derechos civiles de las personas.
Las ventajas de un Gobierno por decreto
Desde un punto de vista pragmático, el uso intensivo de órdenes ejecutivas tiene beneficios claros:
- Velocidad de respuesta: En situaciones de urgencia o bloqueo político, las órdenes ejecutivas permiten actuar sin demoras.
- Cumplimiento de promesas: Trump quiere demostrar a su base que está cumpliendo desde el primer día de su actual administración con lo prometido en su campaña electoral.
- Eficiencia administrativa: Al evitar la parálisis del Congreso, el Ejecutivo puede implementar reformas de forma directa.
- Centralización del liderazgo: En tiempos de incertidumbre, muchos votantes prefieren un líder que “de verdad gobierne y controle a diario las riendas del gobierno”.
Desde esta óptica, Trump aparece como un presidente decidido, orientado a resultados y dispuesto a actuar, aunque eso signifique romper con los métodos tradicionales logado en los últimos 50 años en la institucionalidad vigente y las exigencias del “debido proceso”.
Desventajas y riesgos
Sin embargo, la otra cara del fenómeno no es tan optimista. Una democracia robusta se sustenta sobre el principio de la independencia y equilibrio de los 3 poderes. Cuando un poder comienza a tomar funciones de los otros, eso agrega crisis y riesgos que pueden llegar a desnaturalizar cada uno de los tres poderes.
- Pérdida del control legislativo: Al excluir al Congreso, se debilita la representación democrática.
- Riesgo jurídico: Muchas de estas órdenes podrían ser desafiadas en tribunales, generando incertidumbre y conflictos institucionales.
- Falta de deliberación pública: Las decisiones de la gobernanza se toman sin debate social y mediación política.
- Precedente peligroso: Si gobernar por decreto se normaliza, cualquier presidente podría llegar a eludir los contrapesos que necesita todo poder democrático, de estilo occidental.
Analistas han señalado que Trump no sólo gobierna a golpe de una firma, sino que además está rediseñando un modelo presidencial estadounidense, donde el Ejecutivo no consulta, no negocia y solo actúa. Activismo que por exceso obliga a que los afectados actúen en cualquier negociación y sólo a la defensiva.
¿Un nuevo modelo de poder?
La presidencia de Trump parece responder a una lógica distinta del legado democrático que nos dejó la Guerra Fría. Ya no se trata de gobernar por consenso, sino de imponer una visión y con rapidez, como lo exige el mandato presidencial. Algunos lo celebran como la restauración de un liderazgo fuerte; otros lo ven como el desmantelamiento gradual y silencioso de la democracia participativa.
La Corte Suprema ha comenzado a recibir impugnaciones. El Congreso, aún fragmentado y con frecuencia polarizado, debate si recuperar terreno o adaptarse al nuevo orden. Mientras tanto, el país observa, dividido entre quienes creen que Trump está “limpiando la casa” y los que temen “que está dejando a la República sin techo”.
Reflexión final
Gobernar por decreto no es ilegal. Es un estilo de gobierno que permite la creación rápida e incuestionable de la ley por una sola persona o grupo, y es utilizado principalmente por gobiernos autocráticos y de forma «excepcional» por gobiernos de países libres bajo limitaciones constitucionales y legales.
La expresión también se usa a veces cuando se describen acciones de un gobierno que cuando le conviene ignora indebidamente el escrutinio constitucional. El gobierno por decreto permite al gobernante crear leyes arbitrariamente, sin la aprobación de una asamblea legislativa.
Cuando gobernar por decreto se convierte en norma y no en excepción, se pierde algo fundamental: el sentido del diálogo, del equilibrio que exige la democracia multipartidista, del gobierno por consenso y del gobierno ejercido por equipos con co-responsabilidades específicas en las decisiones que pone en marcha.
Donald Trump ha iniciado su segundo mandato con velocidad, firmeza y una agenda que aún contiene ridiculices, entre ellas: La Constitución de EE. UU. prohíbe que un presidente sea electo para un tercer período, y Trump ya ha dicho que “hay métodos para hacerlo”. Otras ridiculeces: “Canadá, futuro Estado 51 de la Unión Americana”, “Recuperar la propiedad y gestión estadounidense del Canal de Panamá” y “Nuevas órdenes de la Casa Blanca que prohíben las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en los programas que reciben fondos federales”
El precio de estas ridiculices, sin duda, podría ser alto. Porque en política, no sólo importa lo que se logra, sino también “cómo se logran” lo que se consideran “aciertos indiscutibles”.
El verdadero juicio sobre estas 140 órdenes ejecutivas de Trump sucederá en las siguientes elecciones locales y generales estadounidenses. Cuando los ciudadanos estadounidenses voten, y al votar también estén también juzgando cuánto poder “en exceso o en defecto, queriéndolo o no, le dieron en las últimas elecciones a la singular gobernanza del Poder Ejecutivo en la democracia estadounidense”.
