La portavoz de la Ministerio Público, Lorena Cálix, informó que las investigaciones van orientadas a establecer si las causas de las suspensiones a los jueces comprenden ilícitos penales.
Añadió que una vez concluida la investigación y de encontrar ilícitos penales, “la Fiscalía tendría que resolver y tomar las acciones penales respectivas”.
Asimismo, dijo que en caso contrario, se dejará al Consejo de la Judicatura en el ámbito de sus competencias administrativas para que resuelva lo que proceda en el caso.
En ese sentido, indicó que en las próximas horas, se estará librando las comunicaciones para solicitar los informes administrativos al Consejo de la Judicatura y hacer las valoraciones del caso.
La suspensión de cinco jueces y otro separado, fue dada a conocer el miércoles, por órdenes emanadas del Consejo de la Judicatura.
Los jueces suspendidos son: Esteban Daniel Quevedo, Gladis Ochoa Sierra y Karla Magdalena Vásquez quienes se desempeñan como Jueces de Letras del Juzgado Penal de Tegucigalpa; asimismo, se ordenó la suspensión de Lourdes Barahona Andino, Juez de Letras Penal del Trabajo de Tegucigalpa y Yobany Valladares Aly, Juez de Letras Departamental de Santa Bárbara.
En referencia el mismo tema, el fiscal adjunto del MP, Rigoberto Cuéllar, reiteró que se han girado instrucciones precisas a la Fiscalía Contra la Corrupción para conocer de oficio las causas de la separación de los jueces.
Aclaró que todas las investigaciones que se realicen no culminarán con un requerimiento fiscal, pero sí se harán las investigaciones necesarias tal como lo establece la ley.
“Actualmente hay una investigación sobre 16 jueces, sin tomar en cuenta los dos requerimientos en contra de las juezas de Trujillo (María Elena Fonseca) y la de San Pedro Sula (Wendy Caballero,)”, indicó.
