Tegucigalpa – Desde la administración de Manuel Zelaya (2006) hasta la actual, todos los diputados están cubiertos por un ropaje de impunidad respecto al manejo de fondos estatales ha denunciado este miércoles la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), basada en una normativa que se aprobó en los estertores de la recién concluida legislatura.
– Fuentes parlamentarias aseguran que no están dando nuevas facultades, ni reformando la Ley del Ministerio Público ni el Código Procesal Penal, lo que están haciendo, dicen, es ampliando la investigación para más de 750 diputados de los tres Congresos anteriores.
– “Esta acción es un monumental retroceso en la lucha contra la corrupción. El Congreso ahora debe actuar para corregir este peligroso error”, dijo la jefa de misión de EEUU Heide Fulton.
Temprano de este miércoles, la MACCIH encabezada por su vocero Juan Jiménez Mayor, denunció en rueda de prensa que una reforma legal aprobada por el Congreso hondureño busca frenar la impunidad en el país.
De acuerdo a la denuncia , el último día de sesiones, la recién concluida legislatura -18 de enero- se aprobó una reforma que permite a los diputados comprendidos en los períodos 2006 a 2018 que recibieron o administraron fondos públicos, cualquiera que sea su origen, tener una puerta para no rendir cuentas ante el Ministerio Público o ante la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC).
Los fondos referidos comprenden tanto el fondo social de planificación departamental, fondo de desarrollo departamental, subsidios, además de ampliarse a cualquier otra fuente de fondos “destinados para la ejecución de proyectos comunitarios o ayudas sociales en diferentes departamentos incluyendo los tercerizados o descentralizados”.
El diplomático Jiménez Mayor señaló que con esta nueva normativa se cubren los abusos presuntamente cometidos por unos 60 parlamentarios involucrados en el llamado caso de la “Red de Diputados” .
El nuevo mecanismo de liquidación se extiende retroactivamente a los períodos de gobierno 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018 y esa disposición agrega, que mientras el TSC esté realizando esa auditoría e investigación especial, no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad ya sea administrativa, civil o penal.
Casi de forma simultánea reaccionó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien acuerpó la denuncia de Jiménez Mayor.
Mediante su cuenta de Twitter escribió: “Bravo @JuaJimenezMayor en representación de @OEA_MACCIH y su denuncia contra medidas de @Congreso_HND xa beneficiar, incluso retroactivamente, a diputados y altos funcionarios del gobierno involucrados en actos de corrupción. Estamos 100% con él! Lo animamos a que siga adelante!”.
CN defiende la reforma
Pocos minutos habían pasado de la grave denuncia cuando desde el Legislativo se emitió un comunicado para defender su decisión de, extrañamente, incluir en la Ley General de Presupuesto, un apartado en el que se indica que la reforma aprobada “es una muestra de transparencia y rendición de cuentas sin precedentes”.
La reforma aprobada por el anterior Congreso Nacional a la Ley Orgánica del Presupuesto General de la República, es una muestra de transparencia y rendición de cuentas sin precedentes en la historia del país ya que pone bajo investigación a 750 personas que han sido diputados en los últimos cuatro gobiernos y a más de 100 fundaciones y ONG que han recibido fondos del Estado para proyectos sociales, aclaró el diputado Mario Pérez.
Acotó que con la reforma aprobada recientemente por el Congreso Nacional en la Ley Orgánica de Presupuesto que crítica la MACCIH, pone automáticamente bajo investigación a más de 750 personas que han sido diputados en los últimos cuatro períodos, incluyendo a todos los presidentes de ese poder del Estado, desde Roberto Micheletti a la fecha.
El parlamentario santabarbarense indicó que la reforma no tiene nada que ver con el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el de la exprimera dama Rosa Elena Bonilla , pues solo se refiere a diputados y ONG que han manejado subsidios, y no limita la potestad de investigación del Ministerio Publico ya que la misma no hace ninguna reforma a ley de ese ente investigador, ni al Código Procesal Penal ni a la Constitución de la República, por lo que no afecta ningún caso de investigación contra la corrupción actual o futura.
Pérez aclaró que esas aseveraciones contra la reforma son falsas ya que no se está haciendo ningún cambio en la forma de liquidar fondos estatales y se mantienen los mismos procedimientos de liquidaciones.
Blindaje para diputados
Más allá de las explicaciones del Congreso, el diplomatico Juan Jiménez Mayor dijo que la nueva disposición blinda a la llamada “Red de diputados”, cuyo caso ya obtuvo un fallo judicial favorable en las últimas horas, es decir que la normativa tuvo su efecto como lo preludió la MACCIH.
Jiménez no tuvo empacho en indicar que la “Red” involucra a por lo menos 60 legisladores, incluido el actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
Igualmente, de forma tácita señaló a la jueza Alma Consuelo Guzmán, que conoce el caso de los diputados, de haber pospuesto la sentencia como un mecanismo que podría permitir ampararle en la ley que según externó, reviste de impunidad los actos civiles, administrativos y penales de los diputados en los últimos 12 años.
Sectores tachan reforma
Distintos sectores de la sociedad se pronunciaron en contra de lo actuado en el Parlamento hondureño y lamentaron que estos hechos sigan retratando al país a nivel internacional cuando precisamente atraviesa una crisis política.
La Confraternidad Evangélica afirmó que “lamentamos seria y profundamente cualquier acción que reste o demerite los esfuerzos por combatir la corrupción generalizada y los altos grados de impunidad en nuestro país”.
Igualmente, aseguran que “la emisión de este decreto ley es confuso, y está lejos de comunicar que hay consistencia gubernamental con el combate a toda la acción ilícita que detenga la tendencia a la impunidad”.
El cuerpo evangélico urge al Congreso una inmediata revisión de los artículos 237 y demás relacionados y proceder responsablemente en todo lo que corresponda, de ser necesario hasta su revocación.
Por su lado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) pidió al Congreso Nacional derogar el artículo 238 del decreto 141-2017 que contiene las disposiciones generales del Presupuesto y que contiene el punto que se considera puede generar interpretaciones orientadas en los casos de corrupción.
Por ello la patronal hondureña manifestó su apoyo a las “acciones de la MACCIH conducentes al combate y erradicación de la Corrupción e Impunidad en Honduras y pedimos continuar en esta lucha junto con la sociedad hondureña” para hacer un mejor país.
De su lado, el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) después de recibir los análisis jurídicos de su equipo de abogados, respecto a la reforma parlamentaria concluye que “el Congreso Nacional, al no dar un tiempo específico para que el TSC elabore el Reglamento Especial, crea incertidumbre que se traduce en suspicacia respecto al tiempo en que se lleven a cabo las auditorías; por tal razón éste Poder del Estado debe de establecer un plazo perentorio, para que el TSC elabore el Reglamento respectivo”.
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Asimismo, concluyen que las facultades constitucionales de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, están siendo entorpecidas, al preceptuarse que “todos los documentos relacionados con dichos fondos deben ser remitidos y entregados al TSC para realizar la auditoría correspondiente, por parte de quien los posea o a simple requerimiento de este”.
Finalmente, demandan “una rectificación de la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto aprobado el 18 de enero, que se hace necesaria y urgente. Esperamos que los Diputados que han tomado posesión para el período 2018- 2022 no defrauden a los ciudadanos que les han favorecido con su voto”.
La encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Heide Fulton, no tardó en reaccionar y refirió que “esta acción es un monumental retroceso en la lucha contra la corrupción. El Congreso ahora debe actuar para corregir este peligroso error”.
Esta acción es un monumental retroceso en la lucha contra la corrupción. El Congreso ahora debe actuar para corregir este peligroso error. https://t.co/xnJFZ5rSpE
— Chargé Heide Fulton (@USAmbHonduras) 24 de enero de 2018
De su lado el coordinador de la Sala de Sentencias, Mario Díaz, consideró que las reformas a la normativa efectuadas por el Congreso hondureño son inapropiadas en materia administrativa del Estado y dijo que las mismas no solo generan corrupción, sino que más grave aún generan impunidad.
A su juicio las reformas limitan las funciones del Ministerio Público y la UCEFIC y las calificó como un hecho grave.
“Además de que no es posible la retroactividad cercena las facultades del Ministerio Público”, reafirmó Díaz.
Para Mario Díaz los congresistas no tienen facultad de administrar fondos.
Lo que dice la reforma El artículo 131-A que contiene la reforma, dice textualmente: “LIQUIDACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS O AYUDAS SOCIALES. En aplicación a la aplicación del artículo 123 de la presente ley y leyes relacionadas, se ordena al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizar Auditorías e Investigación Especial de todos los fondos públicos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por los servidores públicos, Diputados al Congreso Nacional, Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD´s), fundaciones y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, comprendidos en los periodos de gobierno 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018. Los fondos antes referidos comprenden, tanto al fondo social de planificación departamental, el fondo de desarrollo departamental, subsidios o cualquier otra denominación que se les haya dado a los fondos que son destinados para la ejecución de proyectos comunitarios o ayudas sociales en los diferentes departamentos, incluyendo los tercerizados o los descentralizados. Quedan comprendidos además los gastos de inversión social y lo relacionado al fortalecimiento de la gobernabilidad y democracia que se ejecuten a través de las instituciones de derecho público y privado creadas para lograr la efectiva participación política de los ciudadanos. Dicha auditoría e investigación especial del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) debe realizarse en un período de tres años después de la publicación de la presente reforma, para lo cual el TSC aprobará un reglamento especial. Todos los documentos relacionados con dichos fondos deben ser remitidos y entregados al TSC para realizar la auditoría correspondiente, por parte de quien los posea o a simple requerimiento de este. Una vez finalizada la auditoría e investigación especial de conformidad a la ley y el reglamento del TSC y este encuentre hallazgos, determinará la responsabilidad civil, penal o administrativa que en derecho corresponda, notificando a los entes correspondientes en cada uno de los casos , o en su defecto otorgando su solvencia, durante este en proceso la auditoría e investigación especial y hasta no haber agotado la vía administrativa y que esta tenga el carácter de firme y ejecutoriada, no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea esta administrativa, civil o penal”. |
