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Jueza decide archivar caso “Red de Diputados” y traslada acciones al TSC



Jueza decide archivar caso “Red de Diputados” y traslada acciones al TSC
Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa - La jueza que conoce el caso denominado “Red de Diputados”, decidió acogerse a la reforma aprobada en las últimas horas en el Congreso Nacional y determinó trasladar las diligencias al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), informó el vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor.

- Lo ocurrido tendrá consecuencias en el caso de la primera dama Rosa Elena de Lobo y un proceso (filiación al migrante) contra Mario Zelaya, afirmó Jiménez

- La MACCIH pide que se derogue la ley aprobada en el Congreso y que cobija a los diputados en el manejo de fondos.

- La decisión de la jueza no significa un sobreseimiento de la causa, dijo el portavoz de la CSJ, Melvin Duarte.

“Lamentablemente la decisión que se ha tomado hoy día por parte de la jueza natural, la doctora Guzmán, es que el caso sea archivado hasta que el Tribunal Superior de Cuentas determine la investigación correspondiente, es decir hasta tres años de aquí en adelante”, señaló el funcionario de la MACCIH-OEA.

El representante de la Misión Anticorrupción salió molesto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se llevó a cabo la notificación de la resolución para los cinco diputados y tres personas más acusados por malversación de caudales públicos.

Jiménez Mayor citó que esta mañana la Misión advirtió al país que esta era una oportunidad en virtud a la Ley de Presupuesto aprobada la semana pasada. “Es penoso que la justicia abdique de la defensa de sus atribuciones constitucionales. El Judicial es un Poder del Estado tan igual que los otros dos y los jueces deben defender su independencia. Creemos que no se hizo eso”, criticó.

“La Misión lamenta profundamente que se haya emitido una resolución que es una resolución de impunidad para el país porque adelanta además que este va a ser el tipo de resoluciones que se van a emitir en el futuro respecto al caso de la Red de Diputados, que como señalamos esta mañana no solamente implica a estos cinco diputados requeridos, si no más de 60 diputados y exdiputados de la nación”, fustigó.

Detalló que la jueza determina que el requerimiento del Ministerio Público no tiene valor hasta que el TSC concluya una auditoría y una investigación.

Apuntó que si Honduras quiere combatir la impunidad “los órganos jurisdiccionales tienen que cumplir su mandato. La MACCIH celebró esta tarde el comunicado de la Corte Suprema de Justicia que afianzaba precisamente la independencia del Poder Judicial y eso, desde nuestro punto de vista, ha sido afectada cuando una ley del Congreso mediatiza una función constitucional de procesar casos”.

El funcionario de la MACCIH remarcó que “esta decisión tendrá extensión en el caso los más de 60 que hemos y que estamos investigando, por supuesto tendrá lamentable consecuencia en el caso de la exprimera dama y tendrá consecuencia en el caso de Mario Zelaya vinculado en la Filiación del Migrante Hondureño que fue resuelto en enero del año pasado y que significó la sentencia más alta en la historia de Honduras por delitos de corrupción, de 15 años, no obstante como el caso todavía está pendiente significará la aplicación otra vez retroactiva de esta ley”.

Demandó que la ley en mención sea derogada en el Congreso hondureño. “Esperabamos esta tarde que la jueza inaplicara esta ley porque los jueces en Honduras tienen la facultad de inaplicar una ley cuando esta viola la Constitución, así que tenemos la vía de la derogatoria o la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Sala de lo Constitucional”, reforzó.

El argumento de la justicia

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó los elementos que utilizó la juez Alma Consuelo Guzmán, para enviar el caso de “Red de Diputados” al archivar y trasladar caso al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

MD“No se ha dictado ni sobreseimiento, tampoco auto de formal procesamiento, el análisis que fue presentado por la juez natural en esta causa, establece la necesidad que pueda existir una condición de prejudicialidad previo a continuar con el sustento de la causa penal por parte del Ministerio Público y por parte de la Procuraduría General de la República”, explicó Duarte.

Agregó que “los tres elementos que están contenidos en la parte resolutiva de esta causa establece lo siguiente, uno, decretar una concurrencia de falta de acción por parte de los entes acusadores lo que implica que el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República no están legitimados a su juicio para seguir sosteniendo la acción penal por faltar esa condición de prejudicialidad que consistiría en una resolución negativa emitida por el Tribunal Superior de Cuentas en contra de estas personas imputadas por el Ministerio Público”.

El portavoz del Poder Judicial siguió explicando como segundo elemento de la resolución es el archivo proceso. “No significa un sobreseimiento en condición que se cumpla esa condición de prejudicialidad que se completaría con una resolución del Tribunal Superior de Cuentas”, añadió.

Asimismo, dijo que el tercer elemento sería la revocación de las medidas cautelares que ha habían sido dictadas como consecuencia lógica del archivo que ha sido ordenado por ella.

Resolución esperada

De su lado, el abogado defensor de los imputados, Juan Carlos Sánchez, comenzó diciendo que este proceso judicial solo tenía dos salidas previsibles. “La resolución es normal, la aplicación de un decreto de una ley que tiene efectos retroactivos para lo que se discutió en la audiencia”.

Dijo que no pudo acreditarse el delito por el que eran acusados todos los imputados.

“Los imputados quedan totalmente libres, están en el pleno ejercicio de sus derechos, el juicio está acabado. Conforme a la ley no es competencia del Ministerio Público, es competencia del Tribunal Superior de Cuentas”, detalló.

Sánchez afirmó que cabe un sobreseimiento en esta causa para todos sus defendidos. “Lo que hace la jueza es deferir la causa para que mediante la vía administrativa como compete es el Tribunal Superior de Cuentas que debe hacer las investigaciones pertinentes”, puntualizó.

Criticó al MP por presentar un requerimiento fiscal bajo las alegaciones que se conocieron en la causa procesal.


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