Tegucigalpa – Tiene un año de estar instalada en el país, pero fue el 2017 el del pre calentamiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), no solo con los casos del Seguro Social y las primeras condenas, la creación de un nuevo andamiaje jurídico anticorrupción y el anuncio de investigación de temas sensibles ligados a redes de corrupción y criminalidad organizada, sino también porque ha enfrentado los primeros intentos por sabotear su labor y romper el hilo que le une al trabajo, que en conjunto realiza con el Ministerio Público.
Los desafíos de la Misión se acentúan de cara a este recién estrenado 2018.
Las pruebas de fuego para la MACCIH iniciaron desde que llegó al país, pues se instaló en medio de la desconfianza ciudadana, y tuvo ante esa adversidad que conformar su equipo y enviar mensajes que había llegado al país a desmantelar redes de corrupción.
En el caso del escándalo del Seguro Social, la motivación principal de su llegada a Honduras, la Misión inició cuestionando que un cronista deportivo implicado en el desfalco de la institución, lograra su libertad al llegar a un arreglo conciliatorio con el Estado. Posteriormente la MACCIH logró que el Estado redefiniera esa figura conciliatoria en temas de corrupción.
Con el apoyo de expertos forenses financieros, la MACCIH, junto a la Fiscalía, fueron clave en el diseño estratégico de la defensa para los primeros juicios en los casos de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), lo que contribuyó a las primeras sentencias condenatorias.
El ex gerente del IHSS y dos ex viceministros, uno de Trabajo y otro de Salud, se encuentran presos tras ser condenados por delitos de lavado de dinero y abuso de autoridades en el caso de coimas provenientes del Seguro Social. Varias de las personas implicadas en la compleja red de corrupción del IHSS están condenadas y la MACCIH ha contribuido a estas condenas.
Para el 2018, nuevos juicios en el caso del desfalco del IHSS han sido programados y será en materia de lucha anticorrupción un año de agite jurídico para la Misión de Apoyo de lucha contra la Corrupción y la Impunidad.
Juzgados y UFECIC, instancias inéditas
En materia jurídica, la MACCIH se dio a la construcción también de un andamiaje anticorrupción con la instalación de los juzgados anticorrupción y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público.
Aportes orientados a la reforma o derogación total de la Ley de Secretos, la lucha por mecanismos más transparentes en la elección de los magistrados de Tribunal Superior de Cuentas, así como la aprobación de la Ley de la Política Limpia para detectar el origen de los fondos de campaña, son parte de las batallas libradas por la Misión, unas con mayor éxito que otras. El tema de la seguridad y las reformas policiales también entraron en la competencia de la MACCIH.
En el ámbito político electoral, la Misión se limitó a lo que rige su convenio en cuanto a la aprobación de la Ley de la Política Limpia y la instalación de la Unidad de Fiscalización, un hecho que en cierta medida impidió que la recién campaña electoral, que culminó con los comicios del pasado 26 de noviembre, no tuviera la bullaranga ni el gasto visible de recursos del pasado.
Los roces
Pero la Misión empezó a recibir los primeros cuestionamientos a su trabajo, en principio cuando se debatía la Ley de la Política Limpia, se le acusó de injerencista, tono que subió de nivel cuando se cuestionó la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, y antes, cuando sectores políticos dijeron que su existencia debería ser anulada para colocar en ese espacio a una instancia anticorrupción como la que funciona en Guatemala pero esta vez, atada a los fondos gubernamentales hondureños.
El vocero de la Misión, Juan Jiménez Mayor, develó la existencia de fuerzas ocultas interesadas en torpedear la labor de la Misión, al grado que hubo pronunciamientos de sociedad civil nacionales e internacionales, senadores estadounidenses y del cuerpo diplomático acreditado en el país, entre ellos la embajada de Estados Unidos a favor de la labor de la MACCIH. El mayor aliado que tiene la Misión es el Ministerio Público, en el ámbito propiamente dicho a nivel de la institucionalidad.
Las luchas de la MACCIH tampoco le han librado de su propios demonios y guerras intestinas que aunque menos visibles le han generado daños.
Otros dos casos de interés
Pero han sido dos hechos mediáticos que han columbrado a la Misión en la percepción ciudadana: el caso de la denuncia del cachiro, Devis Leonel Rivera Maradiaga, en la que se implica a un ex presidente en el presunto financiamiento ilícito de campaña política y el llamado caso “La Red de Diputados” en donde cinco parlamentarios están supuestamente implicados en el soborno procedente de fondos públicos.
En el primer tema, la MACCIH dijo que tras la denuncia del narcotraficante hondureño Devis Leonel Rivera Maradiaga, del cartel de Los Cachiros, el caso será trabajado con la UFECIC en vista de la implicación de recibir dinero sucio para campaña.
En tanto, el caso de “La Red de Diputados” implica a cinco legisladores del Congreso Nacional, que habrían recibido dinero de fondos públicos en calidad de subsidios pero estos nunca llegaron a los destinatarios sino a sus cuentas personales, según la investigación.
Los implicados han sido citados ante juez natural especial quien ha decidido escucharles y juzgarles en libertad, con medidas sustitutivas tal y como ya ocurrió en una primera audiencia.
Este caso entre la MACCIH y la UFECIC es tratado en los tribunales de competencia nacional territorial en materia anticorrupción y marcan las batallas con que la Misión cerró el 2017 e inicia este 2018, cuando se apresta a librar otras inciertas, como es la aprobación de la ley de colaboración eficaz, herramienta básica que puede permitir llegar al desmantelamiento de grandes redes de corrupción y del crimen organizado.
