En Honduras, sostiene, la violencia contra las mujeres está propagada, es sistemática y su impacto se manifiesta en numerosas formas en las mujeres y las niñas. Impide el ejercicio de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y al desarrollo, y por ende pone trabas a una ciudadanía efectiva.
“El clima de temor tanto en las esferas públicas como privadas, y la falta de rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos de mujeres es más bien la regla y no la excepción” en este país centroamericano, sentenció la relatora que se reunió con sectores oficiales y no oficiales, así como con víctimas de la violencia.
Cuatro países violentos con sus mujeres
Manjoo mostró su preocupación al indicar que lejos de disminuir, la violencia contra las mujeres crece. Señaló que entre 2005 y 2013, hubo un aumento de 263.4% en la cantidad de muertes violentas de mujeres.
Según la Encuesta Nacional de Salud y Población para el período 2011-2012, el 27% de las mujeres de edades entre los 15 a 49, y el 37% de mujeres entre los 45 y 49 años de edad han sufrido violencia física en algún momento de sus vidas.
Violencia y migración
En el caso de Honduras, la relatora de la ONU indica que las numerosas expresiones de violencia contra las mujeres están relacionadas con la violencia doméstica, intrafamiliar y delitos sexuales. De 2009 a 2012 fueron presentadas 82,547 denuncias de violencia doméstica, lo que representa un promedio de 20,637 quejas por año, de las que el 92 por ciento fueron hechas por mujeres.
En sus entrevistas con los diversos sectores, la relatora indica que todos han destacado el vínculo entre violencia de género ya sea sexual, física o de otra índole y la migración.
“Las causas de la migración de las mujeres y niñas incluyen la huida por violencia, pobreza, falta de oportunidades y también por un sentido generalizado de inseguridad”, indica el documento.
La violencia, la explotación, las desapariciones y el desplazamiento forzoso de la familia o de la comunidad son algunas de las consecuencias de la migración, sostiene.
Se suma a esta cadena, el tráfico de personas con carácter de explotación sexual como una forma de violencia contra la mujer que está cobrando fuerza en Honduras, pese a que este tipo de delito se encuentra a un nivel de subregistro, casi oculto.
En el año 2013, las autoridades del Ministerio Público recibieron 27 denuncias por el delito de tráfico de mujeres. Otro aspecto que llamó la atención a la relatora de las Naciones Unidas fue la situación de las féminas en las cárceles, al indicar que no se están atendiendo suficientemente las causas estructurales y de raíz del encarcelamiento; la violencia vivida durante el mismo; y las consecuencias del encarcelamiento de mujeres.
La desatención
La baja remuneración de las mujeres que trabajan en las maquilas, la discriminación que son objeto cuando pasan de su edad dentro de la población económicamente activa, así como el maltrato que se dan en algunos centros de atención del gobierno a niñas y adolescentes en riesgo social, fueron otros de los aspectos destacados%26nbsp; sobre la situación de indefensión en que se encuentran las mujeres en el marco de la violencia.
“En las entrevistas se pudo despejar también los altos niveles de cinismo en cuanto al funcionamiento y la capacidad de las instituciones existentes para promover y proteger los derechos humanos de las mujeres”, resalta el informe de Manjoo.
“Asimismo, me quedé consternada al enterarme de casos en los que los funcionarios del Estado hacen caso omiso de las necesidades de las mujeres maltratadas, pues remiten casos de alto riesgo de mujeres maltratadas y también de testigos atemorizados a refugios para víctimas de la violencia doméstica”, dijo.
“Esta desatención hace que el refugio, su personal, como sus usuarias igualmente se hallen en una situación de extrema vulnerabilidad que impide brindar asistencia efectiva a las víctimas, y tampoco se pueda garantizar su seguridad. El Estado tiene el deber de brindar una protección diferenciada y apropiada a las mujeres y no puede justificar la imposición de su responsabilidad primaria que es prevenir actos de violencia contra mujeres y proteger víctimas, a terceras partes”, concluyó.
