Tegucigalpa – En audiencia de notificación de resolución, un juez hondureño confirmó el auto de formal procesamiento al diputado Román Villeda, e igualmente a su colega Tomás Zambrano quedó ratificado el sobreseimiento definitivo, en el caso conocido como “Fe de Erratas”.
Villeda es acusado por el Ministerio Público de los delitos de falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad, mientras fue sobreseído por delitos contra la forma de gobierno, detalló esta mañana el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.
Explicó que el 17 de septiembre fue interpuesto un recurso contra la resolución del juez contra los diputados Villeda y Zambrano, ambos nacionalistas.
Detalló que la defensa del diputado Villeda le corresponde interponer un recurso de amparo ante dicha resolución.
En ese sentido, dijo que el juez natural resolvió dejar en firme el sobreseimiento al diputado Tomas Zambrano y manda otorgar su carta de libertad definitiva.
Relación de hechos
El jueves 24 de mayo, representantes de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad del Ministerio Público (Ufecic-MP), presentaron un requerimiento fiscal contra los diputados Román Villeda Aguilar y José Tomas Zambrano, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por el caso “Pacto de Impunidad”.
Los requeridos, según la investigación, realizaron conductas delictivas para violentar la voluntad del pleno de Congreso Nacional con la intención de crear una ley que favorecía a diputados que estaban siendo procesados en ese momento por el mal manejo de fondos públicos, como los que podían ser investigados a futuro por similares hechos.
El caso de Pacto de Impunidad se originó el 11 de diciembre de 2017 cuando la UFECIC presento requerimiento fiscal contra cinco exdiputados en el caso denominado “Red de Diputados”.
El requerimiento señala que cuando se celebraba la audiencia inicial contra los cinco exdiputados, el Poder Legislativo modificó por adición la Ley General de Presupuesto aprobada mediante decreto legislativo número 141-2017 publicado en el diario oficial La Gaceta el 19 de enero de 2018.
Esa modificación incluyó disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados provocando la imposibilidad de comenzar las investigaciones contra funcionarios que habrían manejado fondos públicos mientras no culminaba la investigación por el Tribunal Superior de Cuentas en un plazo de tres años.
Ante la modificación el Poder Judicial, a través de los Tribunales en Materia de Corrupción, determinó archivar la denuncia argumentando que la acción no procedía con un enjuiciamiento debido a la nueva exigencia de procedibilidad para delitos como los de malversación de caudales públicos.
Tras la acción se produjeron varias denuncias públicas por lo que la Secretaría del Congreso Nacional emitió una fe de erratas el 25 de enero y publicada el 26 de enero en el diario oficial La Gaceta pretendiendo justificar que lo ocurrido fue producto de un simple “error” y no de un acto premeditado que provocó consecuencias jurídicas.
Sin embargo, la MACCIH y la Ufecic-MP consideraron que la fe de erratas contenía modificaciones que no fueron leídas y aprobadas por el pleno del Congreso, por lo que el equipo integrado decidió formular un requerimiento fiscal.
