Tegucigalpa – Efectivos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), capturaron esta noche a Wilfredo Cerrato Durón (71), exsecretario de Estado en administración y gestión financiera presidencial en el gobierno de Porfirio Lobo, señalado por fraude y malversación en el caso denominado “Caja Chica del Hermano”.
– Elementos de la ATIC también buscan a Ramón Lobo Sosa, hermano del expresidente Porfirio Lobo.
El septuagenario fue detenido en su residencia en Santa Lucía, Francisco Morazán, y luego trasladado a las oficinas de la ATIC en Comayagüela, confirmó una fuente oficial a Proceso Digital.
Cerrato Durón comparecerá en audiencia de imputados para responder por los cargos que se le imputan. Por su edad, el ahora detenido deberá seguir el proceso penal con la medida de arresto domiciliario, pero este extremo será determinado por el juez nombrado para conocer el caso, José Olivio Rodríguez.
La audiencia de declaración de imputados contra Wilfredo Cerrato Durón será este martes a las 9:30 de la mañana, se conoció.
Dicha audiencia tendrá lugar en la Cortes Suprema de Justicia (CSJ) en Tegucigalpa, indicó la dependencia estatal a través de sus redes sociales.
El acusado permanece bajo custodia de agentes de la ATIC quienes ejecutaron la orden de captura.
El Código Procesal hondureño en su artículo 184 no contempla los delitos de fraude y apropiación, por lo tanto no se les puede imponer la medida de prisión preventiva.
Igualmente, el artículo 183 del mismo Código Procesal prohíbe a los jueces decretar prisión preventiva a los mayores de 70 años.
El pasado lunes 5 de noviembre, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), presentó el caso ante los medios de comunicación e igualmente se anunció el requerimiento fiscal que involucra a Wilfredo Cerrato Durón y Ramón Lobo Sosa (90).
La Fiscalía considera probado que los imputados en el denominado caso “Caja Chica del Hermano” crearon un entramado para desviar en beneficio propio dinero público que estaba inicialmente destinado a sufragar los gastos de seguridad de la Casa Presidencial. Por este medio, según la investigación, los imputados presuntamente se embolsaron irregularmente 8.4 millones de lempiras.
