Tegucigalpa.– La decisión de un juez de jurisdicción nacional de autorizar una escucha telefónica al vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, implicado en un presunto caso de tráfico de influencias y abuso de autoridad, ha causado revuelo en vista de la aplicación de la llamada Ley Especial sobre la Intervención de las Comunicaciones Privadas a un alto funcionario, que ha llevado a la defensa de Bonilla a denunciar al juez especial, pero éste argumenta que el proceso de intervención fue legal.
La Ley Especial sobre la Intervención de las Comunicaciones Privadas, comúnmente llamada “Ley de Espionaje” fue aprobada mediante decreto 243-2011 y vigente desde enero de 2012, forma parte de las más de 30 leyes que en materia de seguridad han sido aprobadas en Honduras como parte de la estrategia estatal contra la delincuencia común y organizada.
Amparado en esta norma, fiscales del Ministerio Público solicitaron a un juez natural intervenir el teléfono del concejal Teodoro Bonilla a quien desde hace varios meses se le investigaba por un caso en el que estaría implicado uno de sus familiares por el presunto delito de criminalidad organizada. La Fiscalía sostiene que Bonilla presionó al juez que conocía la causa para liberar a su pariente.El fiscal general Óscar Chinchilla es del criterio que la imputación contra Teodoro Bonilla está sustentada porque se viene investigando desde hace meses y se cree que cometió el delito de tráfico de influencias y abuso de autoridad.
No obstante,Bonilla ofreció recientes declaraciones a Proceso Digital, y otros medios, aduciendo que todo ha sido una trama en su contra para “apartarlo” del camino de elección de la próxima Corte de Justicia a la cual aspiraba a ser seleccionado como magistrado.
¿Se violentó su intimidad?
“Apartar a Teodoro Bonilla para que no participara en el proceso de elección de magistrados, tenían que apartarlo los grupos oscuros”, dijo el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, tras considerar que con la intervención telefónica se la ha violentado su derecho a la privacidad.
“El derecho a la intimidad no debe ser violentado, sino a través de procedimiento de investigación cuando se haya cometido algún delito”, sostiene el Concejal que autorizó a su defensa a interponer una denuncia contra el juez natural en la Inspectoría de Tribunales y en el mismo Consejo de la Judicatura.
Ellos son del criterio que el pinchazo telefónico se hizo al margen de la ley y que no es procedente, luego de conocer que la Fiscalía recusó al juez natural asignado al caso, el magistrado de la Sala Constitucional, Víctor Manuel Lozano Urbina, a quien al parecer le une una amistad manifiesta con Bonilla, impidiéndole imparcialidad en el manejo del caso, alega la fiscalía.
Una supuesta conversación entre Bonilla y el magistrado Lozano Urbina, producto de la intervención telefónica hecha al concejal, fue una de las evidencias presentadas por el Ministerio Público para recusar al magistrado Lozano Urbina de conocer el caso. Los detalles de la escucha no han trascendido públicamente pero los fiscales aducen que se evidencia una amistad íntima entre estos dos altos funcionarios del Poder Judicial responsables de impartir justicia.Esa revelación molestó a la defensa de Teodoro Bonilla que acusó al juez especial de haber realizado la escucha al margen de la ley e incluso llegó a insinuar que ahora todos en Honduras, en especial actores políticos, funcionarios, sociales y gremiales claves, podrían estar “pinchados”.
Pero un escrito elaborado por los Jueces de Jurisdicción Nacional botó la tesis de la defensa de Teodoro Bonilla, al presentar un escrito ante el Consejo de la Judicatura en el cual explican con detalles el procedimiento seguido en el caso de la intervención telefónica hecha al funcionario judicial.
La posición de los jueces especiales
Los jueces lamentan que la defensa de Teodoro Bonilla desconociera la existencia de la ley de espionaje y los procedimientos que preceden a una intervención telefónica.Señalaron que la escucha telefónica fue autorizada a petición del Ministerio Público desde enero de 2014 “por presumirse que Teodoro Bonilla está implicado en un delito de naturaleza grave de corrupción pública”, descartando así que el pinchazo se hiciera recientemente, sino que tiene un buen tiempo de seguir la pista al funcionario judicial.
Los jueces con jurisdicción nacional también señalan que una de las finalidades de la ley de espionaje es “evitar la perpetración de un delito distinto del que se ha ordenado en el mandamiento expedido por el juez, evitar la pérdida o desaparecimiento de evidencias que faciliten la impunidad, la fuga de una persona o cualquier actuación de ejecución inmediata que se requiera realizar”.
La ley de espionaje establece que es el Ministerio Público quien pide la intervención telefónica y el juez valora si procede o no su autorización y es la Unidad de Intervención de las Comunicaciones, adscrita al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) la que aplica la intervención.
Por la delicadeza de su trabajo, los jueces especiales indican que la Unidad de Intervención de las Comunicaciones, es de acceso restringido por determinaciones del CNDS. Un equipo de la Inspectoría de Tribunales quiso ingresar a la sede de la Unidad, pero sin la autorización del CNDS ello no es posible, recuerdan los jueces especiales en su escrito interpuesto ante el Consejo de la Judicatura en la cual solicitan se desestime la denuncia interpuesta por la defensa de Teodoro Bonilla por carecer de fundamento legal.
Los jueces especiales con jurisdicción nacional reiteran en su escrito que la implicación de un alto funcionario del Poder Judicial en la comisión de un posible delito, no los va a intimidar ni afectar su independencia en la aplicación de la ley, mucho menos “ser infidentes de un proceso que está en marcha y del cual no pueden hacerse revelaciones de ninguna índole”.
La controversia que ha generado la aplicación de la ley de escuchas en un alto funcionario judicial, abre el debate sobre esta ley que junto a otras están siendo parte de las estrategias estatales de combate a la delincuencia común y organizada, en donde los juristas son del criterio que debe haber una aplicación basada en ley sin violentar la presunción de inocencia que tienen derecho las personas, sin distingos de ninguna índole.
Del escrito enviado al Consejo de la Judicatura por los jueces de jurisdicción nacional, se colige que en el caso del concejal Teodoro Bonilla, las escuchas iniciaron hace más de un año y de acuerdo a la misma ley de espionaje, la autoridad fiscal puede hacer uso de ellas en el momento que estime conveniente.
El vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, no obstante, sigue sosteniendo que la acusación y el requerimiento librado en su contra, está sustentado en pruebas ilícitas violentando todos los derechos humanos.
Por ahora, el juez natural asignado, el magistrado Manuel Lozano Urbina, ha sido recusado por su presunta amistad manifiesta con Teodoro Bonilla y la Corte de Justicia deberá asignar a otro juez especial para conocer este caso que adquiere trascendencia al implicar al segundo a bordo en el recién creado Consejo de la Judicatura.
