Tegucigalpa – Luego de las últimas determinaciones del gobierno de Estados Unidos a favor de ciudadanos hondureños señalados por blanqueo de capitales ligado a otros ilícitos de tráfico de drogas y que pareciera manifestar cierta consideración de Washington para con estos personajes, no significa que “se han suavizado” las acciones penales en la persecución del delito, coinciden analistas.
– Defenderse en libertad a cambio de información es una práctica común de la justicia norteamericana.
– EEUU sigue adelante con sus procesos penales, mientras en Honduras la mayoría son procedimientos administrativos derivadas de designaciones de OFAC.
En las últimas horas se informó que José Miguel Handal Larach, designado en abril de 2013 en la Lista Kingpin (Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), que éste fue sacado de la “nómina negra”.Pese a lo anterior, la acción no implica que el empresario hondureño esté libre de posibles acusaciones penales, aunque sí se le notificó que sus bienes fueron descongelados, lo que le facilita hacer transacciones en la Unión Americana, revelo a Proceso Digital una fuente diplomática de Washington acreditada en Tegucigalpa.
La salida de Handal Larach de la “Lista Negra” de la OFAC, así como la determinación de la justicia norteamericana de acceder a que Yani Rosenthal se defienda en libertad tras el pago de una millonaria fianza, disparó las creencias que Estados Unidos flexibilizó su brazo de la justicia bajo este tipo de procedimientos legales.
Contrario al análisis que se hacen en distintos medios informativos, lo cierto es que EEUU de ninguna forma “ha suavizado” sus procedimientos legales.
“No existirán cambios drásticos en la aplicación de la justicia norteamericana para los señalados por blanqueo de capitales y otros ilícitos relacionados al narcotráfico”, dijo el analista Raúl Pineda a este medio de comunicación.
A la par de las últimas decisiones de Washington que favorecen a miembros de la familia Rosenthal, así como al empresario copaneco radicado en San Pedro Sula, José Miguel Handal Larach, Honduras ha ejecutado acciones de privación de dominio y liquidación forzosa de una entidad bancaria que fue señalada por blanqueo de capitales.
Handal Larach enfrenta, junto a dos de sus familiares, procesos penales en Honduras por considerarlo como lavador de activos. En tanto a los Rosenthal se les han asegurado propiedades ordenadas por el Juzgado de Privación de Dominios derivadas de las designaciones de OFAC.
Procesos penales en EEUU versus
administrativos en Honduras
administrativos en Honduras
En comunicación con Proceso Digital, el analista Raúl Pineda Alvarado analizó que sobre la materia existe “un elevado” nivel de desinformación que inclina a pensar que las acciones del gobierno de Estados Unidos para con algunos hondureños acusados de lavado de activos y otros ilícitos relacionados con el tráfico de drogas se ha suavizado.“En primer lugar los procesos que se siguen en Estados Unidos surgen de convenios de los imputados y la Fiscalía, homologados por un juez, esto significa que el imputado se declara culpable y muchas veces se convierte en un colaborador eficaz, es decir que aparte de asumir la responsabilidad por el delito investigado, proporciona información que involucra a otras personas”, exteriorizó.
Pineda Alvarado citó que más del 90 por ciento de este tipo de procesos judiciales concluye en un “arreglo” entre los fiscales y los imputados en vista que ante la opción de cumplir 20 años de cárcel prefieren “colaborar” con la justicia norteamericana para que su sentencia se reduzca a la mitad y más aún a un cuarto si hay buen comportamiento.
Es así -agregó- que los “colaboradores hondureños” cumplen sus reducidas condenas en centros de reclusión relativamente relajados.
Mientras eso pasa en Estados Unidos, en Honduras pasa algo diferente porque se han ejecutado procesos administrativos de privación de dominio, muchos de ellos efectuados “en forma precipitada” por personeros del Ministerio Público y la Policía Nacional.
No habrá cambios drásticos
A criterio del entrevistado, de momento “no existirán” cambios drásticos en la aplicación de la justicia norteamericana para los señalados por blanqueo de capitales y otros ilícitos relacionados al narcotráfico.“Nosotros nos hemos vuelto más papistas que el papa y a partir de 2010 se inició en Honduras un proceso que implica gobernar fundamentado en el concepto de seguridad ciudadana.
Todas las acciones del gobierno orbitan alrededor del concepto de seguridad y eso trae como consecuencia el debilitamiento del debido proceso, la observación de las garantías constitucionales, el hecho que en aras de seguridad restringimos libertades de los ciudadanos y se violentan derechos”, arguyó Pineda Alvarado.
Concluyó que lo que sucede en Estados Unidos son procesos penales y lo que pasa en Honduras son procedimientos administrativos. “Siento que el gobierno debe comenzar a revisar esos 24 decretos que se aprobaron en 2013 y que tienen que ver con el tema de la seguridad.
Si la seguridad ha mejorado como es el discurso del gobierno habría que entender que esta legislación debe tener un carácter esencialmente provisional y debe ser objeto de revisión porque pagar seguridad con moneda de libertad no es la mejor opción”.
EEUU “no ha suavizado” sus acciones
En tanto, el abogado Raúl Suazo Barillas -que en su momento representó la defensa del primer hondureño extraditado hacia Estados Unidos (Carlos “El Negro” Lobo)- estimó que en ningún momento Washington ha suavizado sus acciones contra connacionales señalados por delitos ligados al narcotráfico.“Siempre he pensado que debe respetarse la presunción de inocencia, el honor y el derecho de las personas para defenderse. En Honduras tenemos una cultura de la acusación sin probar los señalamientos”, discutió.
El profesional del derecho criticó la postura asumida por el Estado de Honduras, específicamente en el caso de la familia Rosenthal, por no defender la presunción de inocencia de sus ciudadanos.
Ejemplificó que en el caso de la ciudadana Claudia Patricia Ciuffardi, señalada por lavados de activos en el caso del descalabro financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social, la nación sudamericana en todo momento la protegió sin obviar el proceso judicial incoado en su contra.
Suazo Barillas contrastó que en Honduras es más fácil acusar sin fundamentos, arruinar el honor de las personas y confiscar bienes en forma indiscriminada.
Previó que en el caso de la familia Rosenthal tras ser designado en la Ley Kingpin, “el Estado de Honduras debió haber solicitado la licencia del Departamento del Tesoro para poder manejar los bienes de la familia Rosenthal garantizándoles que si salían bien librados de esta situación no perderían su patrimonio”.
