Tegucigalpa – La depuración policial que comenzó en octubre de 2011, luego del asesinato de dos jóvenes universitarios, deambula entre acusaciones y contra acusaciones de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Fiscalía hondureña y el propio cuerpo de seguridad pública.
– Sociedad Civil reitera llamado a la DIECP para que divulgue nombres de elementos que reprueban las pruebas de confianza.
En el limbo se han diluido informes sobre presunto enriquecimiento ilícito de varios oficiales de Policía, así como procesos administrativos derivados de reprobación de instrumentos de confianza y extravío de importantes lotes de armas desde instalaciones de la institución policíaca.
Aunque reiteradamente se ha denunciado que exjefes y altos cargos policiales se han coludido con organizaciones criminales, hasta el día de hoy no existe ningún personaje señalado por la justicia hondureña.
Otro extremo que ha sido duramente criticado es la efectividad en la aplicación de las pruebas de confianza a miembros policiales. Tal es el caso del expolicía Wilmer Alonso Carranza Bonilla, quien aprobó con buenas notas el polígrafo, pero resultó ser informante del cartel de Los Valle y por eso fue extraditado hacia Estados Unidos.
Diversos actores como el ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco y el titular de la Carrera Policial, Óscar Vásquez, se han expresado “inconformes” con la depuración.
En las últimas horas la DIECP envió al Ministerio Público otro manojo de 49 expedientes policiales que fueron “trastocados” para que los denunciados fueron ascendidos a grados inmediatos superiores.
El propio titular de la DIECP, Óscar Vásquez Tercero, refirió que entre “los trastoques” figura la desaparición de las notas obtenidas por los miembros de la carrera policial en las pruebas de confianza.
El funcionario indicó que conocieron que de los casos enviados a la Secretaría de Seguridad, muchos fueron trastocados, es decir que aunque aparecían aplazados en las pruebas de confianza, no se emprendió ninguna acción, porque el cuerpo de abogados determinó que no había causal y no podían impedirle el ascenso.
“Al hacer una revisión hubo una desestimación de los resultados, una interpretación de carácter discrecional que le hicieron a los resultados que la DIECP emitió y de los cuales hemos documentado 49 casos, donde ya conocían el resultado y un profesional del Derecho dictaminó que no era suficiente”, manifestó.
Asimismo, se ha informado que al menos 120 miembros de la Policía Nacional son investigados por la DIECP, porque tienen incongruencias patrimoniales.
En este apartado desde 2013 se presentaron ante el MP al menos 17 expedientes que incluyen oficios investigativos contra igual número de oficiales que aumentaron sus patrimonios en al menos 240 millones de lempiras.
Recientemente el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), notificó otros expedientes ante la Fiscalía General de la República, en los que se retrata incremento desproporcionado de agentes policiales durante el ejercicio de sus funciones.
A mediados de este mes que está por concluir, el propio ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, reveló que unos 700 policías estaban en situación de disponibilidad, es decir que no desempeñan labores específicas, pero devengan un salario en la institución.
El encargado de la Seguridad, reconoció que estos 700 elementos deben irse del cuerpo del orden público, sin embargo la actual normativa impide que sean despedidos sin perjuicio de responsabilidad para el Estado.
Pacheco Tinoco alegó que en la Secretaría de Seguridad existe “sobre carga de trabajo”, en referencia que el ministro tiene que resolver problemas administrativos que perfectamente pueden ser evacuados por mandos intermedios.
Las valoraciones del funcionario son lapidarias: “Mientras no restablezcamos la disciplina dentro de la Policía, la depuración será una ilusión”, al tiempo que criticó que todo este proceso de adecentamiento se atasca en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.
Fuertes contradicciones en cifras de depuración
Pese a que la Secretaría de Seguridad maneja que en la actualidad existen 14 mil 500 policías y el dato que dos mil 500 que han salido del cuerpo del orden por distintas razones, la DIECP asegura que apenas 310 fueron separados por reprobar las pruebas de confianza.
Los datos de la DIECP están cotejados con la planilla de septiembre de este año. Apenas 310 efectivos policiales han sido separados de los 977 que fueron notificados por reprobar los instrumentos científicos.
El director de la DIECP, Vásquez Tercero, ha reitero que la Policía Nacional no ha sido capaz de auto depurarse, sin embargo pretenden hacerlo reformando la Ley Orgánica del cuerpo del orden, por lo que alertó que se incurriría en un enorme error.
“No están todavía preparados para tener el control de la depuración, tienen que hacer más y sin duda llegará el momento que podrá caminar sola, pero no es ahora”, lo ha reiterado el encargado de la Carrera Policial.
De acuerdo a lo denunciado por la DIECP, pretenden desaparecer esa institución y en su lugar el jefe de la Policía será el encargado de llevar a cabo el tan llevado y traído proceso de depuración.
Desde hace algunos años el Congreso Nacional le dio el tiro de gracia a la DIECP, pero dejó la colita que mientras no empiece a operar la Superintendencia de Pruebas de Confianza, esta seguirá aplicando los mecanismos de evaluación.
Sociedad Civil insiste que hay
criminales dentro de la Policía
criminales dentro de la Policía
El representante de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Omar Rivera, señaló que ha existido un discurso que le apuesta a la depuración, pero en la realidad lo que presenta es una enorme distancia en lo que se dice y se hace, al tiempo que señaló que dentro del cuerpo del orden todavía existen policías corruptos, criminales y delincuentes.
Agregó que a pesar de que se han reformado leyes y se han creado instituciones “no vemos todavía investigados de forma rigurosa, judicializados de forma expedita y mucho menos ejemplarizantes castigos para aquellos policías involucrados en actos ilícitos”.
Remarcó que en la Policía Nacional todavía existen policías y oficiales que “son corruptos, criminales y delincuentes, a pesar de que la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), tiene las evidencias suficientes para poder actuar en contra de ellos se han hecho de la vista gorda”.
En ese sentido, propuso revitalizar el proceso de depuración para garantizar que los malos no estén en la Policía. “Hay cerca de 700 malos policías en condición de disponibilidad, sin hacer nada recibiendo salarios, según la DIECP, otros que no pasaron la pruebas de confianza y siguen en la institución”, criticó.
Resurge fantasma de armas robadas;
investigaciones no logran concluirse
investigaciones no logran concluirse
En la palestra pública se debate el robo de un lote de armas prohibidas, que aunque ocurrió entre 2010 y 2011, vuelve a resurgir con el signo de interrogación: ¿En qué concluyeron las diligencias investigativas?
Portavoces de la Policía Nacional han querido bajarle intensidad a la denuncia, asegurando que es un hecho que ya fue revelado y que la investigación está en poder de la DIECP y la Fiscalía hondureña.
En tanto, Óscar Vásquez de la DIECP, contestó: “Las armas podrían estar en manos de civiles o de personas que están reñidas con la ley”.
Aceptó que las autoridades investigan el hecho desde 2012, pero que la irregularidad se viene dando desde 2008. “No se tomaron las medidas necesarias y al final desencadenó en el extravío total de todo el inventario de las armas”, subrayó.
Puntualizó que el informe sobre el extravío de fusiles fue remitido, en fecha que no precisó, al Ministerio Público, que hasta ahora no dado detalles del caso.