Tegucigalpa – Elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) detuvieron la tarde de este martes a ocho empleados del Instituto de la Propiedad (IP) a quienes se les acusa por la comisión de cuatro delitos en perjuicio de la administración pública.
– Ebal Díaz dijo que “esto apenas inicia”, en referencia a las capturas de hoy, al tiempo que anunció que ahora van con las oficinas de La Ceiba y San Pedro Sula.
– Fiscalía critica tácticas dilatorias de involucrados en descalabro del IHSS para alargar los juicios.
Los empleados activos, dos mujeres y seis hombres, fueron detenidos a raíz de una orden de captura emitida por los juzgados de la República. Los imputados laboran en los departamentos de Propiedad Intelectual, Catastro y Recursos Humanos del IP, se informó.
Entre los empleados activos detenidos figuran: José Armando Cárcamo, Walter Jonathan Morel, José Bernardo Godoy, Ana Cristina Cárcamo Zelaya, Marlon Rafael Borjas Rivas, Liz Daniela Reyes Velásquez, Jonny Carías Montoya y Kevin Josué Fonseca Osorio, a éste último las autoridades de la institución le habían practicado una audiencia de descargo hace unas semanas.
La operación de las autoridades se produjo en el momento que los empleados estaban a punto de salir de sus labores diarias cuando ocho de ellos fueron aprehendidos por policías militares.
Los empleados del IP manifestaron su inconformidad porque sin ninguna explicación, la Policía Militar procedió a cerrar las puertas de acceso a la institución y luego a llevar a cabo cada una de las capturas.
Los detenidos fueron llevados a las instalaciones del Primer Batallón de Infantería para ser presentados ante un juez con jurisdicción nacional en audiencia de declaración de imputados.
La portavoz de la Fiscalía, Lorena Cálix, dijo que las acciones judiciales se deben a razón de un requerimiento fiscal emitido este martes a raíz de una denuncia formalizada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y que abarca a 17 empleados del Instituto de la Propiedad.
Los imputados son acusados por el Ministerio Público ante los presuntos delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, fraude y encubrimiento.
Cálix explicó que cuando se emite el respectivo requerimiento fiscal es porque existen indicios suficientes para entablar las acciones judiciales correspondientes.
En otro apartado, el Ministerio Público a través de La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), presentó ante los juzgados competentes una manifestación de inconformidad por el cambio de fecha para la audiencia de declaración de imputado de Juan Alberto Madrid Casaca y Schucry Kafie Larach. Ambos son acusados por estafa en uno de los casos del Seguro Social.
Ebal Díaz: Esto empieza, falta
Explicó que en el Instituto de la Propiedad hemos hecho una serie de investigaciones y denuncias, las hemos trasladado al Ministerio Público los documentos que a nuestro entender son indicios de delitos y actos de corrupción. Díaz reveló que han presentado una enorme cantidad de información al Ministerio Público y nos alegra que ya hayan hecho estas capturas. “No conozco a las personas, no sé quiénes son”, dijo al tiempo que agregó que los imputados están involucrados en casos de doble planilla; “llevaban planilla fantasma por donde drenaban millonarios recursos del Instituto de la Propiedad, estos son los primeros, obviamente hay mucho más que escarbar en ese tema y quiero decir que ocurrió en la administración pasada”, denunció. Puntualizó que “esto empieza, falta La Ceiba, faltan otros casos en registros de la propiedad de San Pedro Sula. Me alegra que estemos viendo acciones concretas de combate a la corrupción”. |
El director ejecutivo del IP, Ebal Díaz, reaccionó a las acciones de esta tarde y añadió que “esto forma parte de las decisiones del presidente Juan Orlando Hernández de combatir la corrupción en todas sus formas y como él mismo lo ha dicho: ‘caiga quien caiga’ desde el más pequeño hasta el más grande”.Requerimientos en Migración,
Transporte e Injupemp
Desde la semana anterior el presidente Juan Orlando Hernández dijo que otras instituciones públicas intervenidas en su gestión derivarán en acciones judiciales. Agregó que los informes estaban listos y los mismos iban a ser transferidos a la Fiscalía.
Mencionó el caso del Instituto Nacional de Migración (INM), Dirección General de Transporte (DGT), Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) e Instituto de la Propiedad (IP), en este último este martes se dictó un requerimiento fiscal que involucra a 17 ex empleados y empleados activos, de los que ocho ya fueron detenidos.
El mandatario posteó en las últimas horas en su cuenta de Twitter: “Les recuerdo a los operadores de justicia que justicia tardía no es justicia. Es ofensivo a la dignidad del pueblo retrasar la justicia”.
Se colige de las últimas declaraciones del gobernante Hernández que en las próximas horas el Ministerio Público estará librando requerimientos fiscales contra involucrados en actos de corrupción en Migración, Transporte e Injupemp.
