Agregó que la OEA plantea «el reconocimiento al diálogo necesario para restaurar las libertades que implica la restauración de la democracia, y la referencia a la persecución política que se desató» en su contra por parte de «quienes quieren ocultar el crimen» del golpe de Estado.
«Confiamos que la Asamblea (General de la OEA), como lo manda la carta democrática, dará continuidad al resto de demandas que se han planteado en este informe para terminar con la impunidad y las sanciones por las violaciones a los derechos humanos», concluye Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009.
El informe de la comisión de alto nivel de la OEA sobre Honduras, presentado ayer en Washington, no se pronuncia sobre el futuro del país en el organismo, y aunque reconoce avances también evidencia que quedan por resolver aspectos claves, como la situación de Zelaya y los derechos humanos.
El documento, de 12 páginas de extensión que fue entregado por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, a los países miembros, contiene siete recomendaciones que deben servir de «base para que la Asamblea General pueda adoptar los acuerdos que considere pertinentes sobre la situación de Honduras».
El presidente hondureño, Porfirio Lobo, por su parte, dijo tras conocer parcialmente el informe que el mandato de la OEA no dice que Honduras regresaba ayer al sistema interamericano.
Lobo expresó en una conversación con periodistas que «el mandato de la OEA», al crear en junio pasado una comisión especial para conocer sobre el regreso de Honduras al organismo, «es claro en el sentido de que a más tardar el 30 de julio presentaría un informe».
El informe de la OEA contiene siete recomendaciones que deben servir de «base para que la Asamblea General pueda adoptar los acuerdos que considere pertinentes sobre la situación de Honduras».
La comisión especial creada por la OEA la integran Argentina, Bahamas, Belice, Canadá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, EE.UU., Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana.
El informe tuvo en cuenta, entre otras, las opiniones de Zelaya, de Lobo y de sus enviados, informes jurídicos y la postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los cuatro puntos específicos en los que se centra el informe son: las condiciones que hagan posible el retorno a Honduras de Zelaya y de miembros de su Gobierno; la incorporación del ex gobernante al Parlamento Centroamericano (Parlacen); la situación de los derechos humanos y el diálogo político amplio para superar la crisis.
Zelaya fue derrocado por los militares cuando promovía una consulta popular para reformar la Constitución, pese a tener una prohibición legal.
Honduras fue suspendida de la OEA el 4 de julio de 2009, una semana después del golpe.
