Zelaya ha expuesto su posición en una masiva campaña publicitaria en medios electrónicos y de prensa, en la que “convoca a los interesados a concertar un nuevo proyecto de ley”.
Zelaya dice que su oposición al proyecto “se fundamenta en que el contenido de la misma violenta artículos de la Constitución de la República en detrimento de los intereses del Estado y del pueblo hondureño”.
“Las telecomunicaciones son un servicio público, no una mercancía”, declara.
El proyecto de ley fue introducido a la cámara legislativa por la primera vicepresidenta, la diputada liberal Elizabeth Flores Flake.
La primera versión de la ley fue introducida al Congreso en diciembre de 2006.
Los cuestionamientos al anteproyecto de ley
El Poder Ejecutivo cuestiona que el proyecto de ley que se apresta a discutir el Congreso Nacional “pretende convertir a las telecomunicaciones en simples mercancías, distorsionando el concepto de servicio público, al reducirlo a servicios destinados a satisfacer las necesidades de telecomunicaciones a cambio de un pago”.
“Con esto se pretende impedir la intervención del Estado a fin de dejar a los operadores de la empresa privada en completo libertinaje”, señaló.
Según el Poder Ejecutivo, en el proyecto presentado se pretende evadir la atribución del Congreso Nacional de autorizar la enajenación de bienes nacionales o su aplicación a uso público, y aprobar los contratos de concesión que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente periodo de Gobierno.
Plantea también que el proyecto de ley “pretende disminuir la facultad del Estado de intervenir en la gestión del espectro radioeléctrico y los servicios de telecomunicaciones al permitirle a cualquier operador que cuente con una licencia para el uso de una determinada frecuencia, proveer cualquier servicio que la tecnología permita sin tener que contar con una autorización administrativa para el mismo”.
La posición del Poder Ejecutivo no es compartida por otros sectores de la sociedad y profesionales del ramo, como el especialista Dante Mossi, quien en una resiente exposición ante la cámara legislativa dijo que la nueva ley equiparará a Honduras con países como Costa Rica y Guatemala, que tienen un gran desarrollo en ese campo.
En la polémica ha intervenido también el embajador de los Estados Unidos en Honduras, Charles Ford, quien la semana anterior expresó a los periodistas la necesidad de la aprobación de la ley de telecomunicaciones para evitar que se aleje la inversión extranjera y contribuir a la reducción de la pobreza.
“Nos interesa la Ley de Telecomunicaciones porque cualquier industria, cualquier inversionista hondureño o regional, o de Estados Unidos, Europa o Asia necesita la tecnología de punta en materia de telecomunicaciones para competir en este mundo en el que estamos todos comprometidos”, dijo entonces el diplomático.
