spot_img

¿Y los derechos constitucionales al trabajo, alimentación, educación, salud y vivienda?

Tegucigalpa – “Toda persona tiene derecho al trabajo….” así lo establece el artículo 127 del capítulo V de la Constitución hondureña. Pese a ello las cifras oficiales reflejan que al menos 27.8 de la Población Económicamente Activa no tienen empleo y las estimaciones indican que los hondureños sin una oportunidad laboral se incrementan día a día.
 

El tema, que además viola el derecho humano al trabajo, no parece importarle a quienes se han enfrascado en las discusiones sobre el contenido de la carta magna de esta nación centroamericana golpeada por los efectos de la crisis económica internacional y agravada por los abusos en el manejo de fondos públicos ocurridos durante las administraciones de Manuel Zelaya y Roberto Micheletti que dejaron las finanzas del país en una situación agónica.

El derecho constitucional a la salud

Mientras en el sector de la salud, como responsabilidad del Estado, la misma Constitución manda en su capítulo VII, artículo 145 que “se reconoce el derecho a la protección de la salud.”

Sobre el tema, vale mencionar que apenas el siete de octubre, un niño de once años se reportó oficialmente como la víctima número 75 del dengue hemorrágico en Honduras, en una de las más potentes epidemias que han atacado la salud de la población.

El niño era originario de El Porvenir, Amarateca, Francisco Morazán. Las autoridades registran 2,600 casos de dengue hemorrágico, y más de 73,000 casos de dengue clásico a nivel nacional, en lo que va de 2010.


Los hondureños tienen derecho constitucional a la educación

La carta magna hondureña contempla en su capítulo VIII, artículo 151, que “la educación es función esencial del Estado….la cual deberá proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación de ninguna naturaleza”.

La indicación constitucional, si bien ha sido objeto de protesta por parte de escasos grupos de padres de familia, no es tema que ocupe las agendas de los sectores nacionales en la búsqueda de que los más de dos millones de escolares reciban una educación de calidad.

No se ha registrado en Honduras un paro magisterial donde la bandera de lucha no esté relacionada a conquistas salariales y beneficios económicos colaterales. Aunque existen excepciones, la mayor parte de los 60 mil profesores que laboran en el sistema público participan en extensos paros laborales que privan a los estudiantes de al menos un 40 por ciento de los 200 días de clases contemplados en el plan mínimo del currículo oficial.


Todos los hondureños tienen derecho a un techo digno

En su capítulo IX, capítulo 178 de la Constitución vigente “reconoce a los hondureños el derecho de vivienda digna”.

El déficit habitacional en Honduras es de más de 700 mil viviendas y la tendencia no es halagadora. Los programas de legitimación de tierras y de construcción de viviendas populares que se impulsan desde el gobierno son significativos, pero no cubren las necesidades de la población.

Un diagnóstico realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) citado por el Comisionado de Derechos Humanos, sobre la vivienda en Honduras, establece que la mayoría de las personas no pueden acceder a los mercados formales de vivienda y se ven obligados a encontrar un terreno sin título adecuado, sin servicios y con su propio esfuerzo crean su hábitat.

El estudio agrega que el 70% de la vivienda se hace fuera del sistema formal, la gran mayoría sin títulos de propiedad.

Según el estudio del BID, el derecho de propiedad es un tema recurrente porque sólo un tercio de las propiedades en Honduras cuentan con el título debidamente registrado.

Al parecer el problema de la falta de títulos de propiedad en el país es porque las autoridades permiten muchas invasiones que se transforman en litigios por décadas y con ello entran al mercado inmobiliario informal.


¿Y el derecho a la alimentación?

En congruencia con los preceptos constitucionales incumplidos, vale recordar que Honduras soporta las secuelas de las lluvias más intensas del último medio siglo que han provocado la pérdida de una parte considerable de sus cultivos de frijol, maíz y arroz lo que ha causado escasez y aumentos de precios, especialmente en el frijol, un alimento básico en la dieta de las familias más pobres y de los hondureños en general.

El retraso en las siembras del frijol, afectará las reservas de granos en Honduras para el 2011, estiman expertos.


El presidente de Prograno, Luis Donaire, recomendó al gobierno liderar un programa para hacer una siembra de emergencia en el mes de noviembre.


“Estamos realmente preocupados y hemos estado en pláticas con la secretaría de Agricultura en lo que es el tema del frijol, porque tenemos un problema en casi todo el país”, comentó.

Explicó que “el cultivo del frijol ha sido dañado por las lluvias desde el inicio del invierno, desde las siembras de primera que es cuando se cultiva el 30 por ciento del consumo nacional y prácticamente se dañaron”, reafirmó.

Donaire dijo que se esperaba una cosecha de primera de unos 600,000 quintales, pero la misma fue de apenas unos 300,000 sacos.

La siembra de postrera que se efectúa entre agosto y septiembre de cada año, los agricultores hondureños cultivan el 70 por ciento de la producción estimada pero este año debido a las condiciones lluviosas y a la anegación de las parcelas no ha podido realizarse dijo.

Estimó que la cosecha considerada durante la postrera es de un millón 600 mil sacos de granos pero la misma ha sido interrumpida.

La pérdida de cultivos ha redundado en un alza en el precio del frijol lo que afecta directamente al consumidor final.

Los escenarios paralelos

Así, en medio de duras realidades vinculados a las incumplidas garantías constitucionales que aseguran los derechos al trabajo, vivienda, alimentación, salud, educación y fundamentalmente a la vida, los hondureños desafían diariamente su destino, al margen de artificiales y bizantinos escenarios.

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img