Hasta el 31 de mayo de 2023 se registran 146 muertes violentas de mujeres, según los medios de comunicación impresos y digitales. Estos datos abren el portal del Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
De enero a abril de 2023, el Sistema Nacional de Emergencia (911) registró 12,831 denuncias de violencia doméstica y 17,983 denuncias de maltrato familiar.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Honduras está en el segundo lugar de países latinoamericanos con mayores tasas de muertes violentas de mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes por cada 100 mil habitantes.
Ante esta cruenta realidad, ¿en qué medida se ha avanzado en la implementación de la agenda de género de la primera mujer presidenta en Honduras?
El plan de Gobierno de la mandataria Xiomara Castro es uno de los más completos en cuanto al componente de género y la protección de derechos de las mujeres y niñas, encaminado al fortalecimiento y creación de Unidades de Género y a impulsar acciones de prevención de violencia hacia las féminas.
Castro propuso un plan transversal para la implementación de la Política Nacional de la Mujer y el Plan Nacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, que involucra a la Secretaría de Asuntos de la Mujer, Finanzas, Desarrollo Social, Instituto Nacional de la Juventud, Planificación Estratégica, la Oficina Municipal de la Mujer (OMM), el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE) -para fondos CREDIMUJER-, Educación -para la creación del programa de becas denominadas «moradas», solo para niñas, mujeres adolescentes y mujeres jóvenes-, y, por supuesto, organizaciones de mujeres desde la sociedad civil.
¿Y la protección del aparato de justicia?
El plan integral también está pensado para que los órganos persecutores del delito y los entes aplicadores de justicia ejerzan su función con perspectiva de género. En el Poder Judicial está contemplado el fortalecimiento y la ampliación de los juzgados especializados en violencia doméstica.
Al Ministerio Público se le dejó una asignación de recursos para el fortalecimiento de la unidad de investigación de muertes de mujeres y femicidios, tanto en la Agencia Técnica de Investigación Criminal como en la Fiscalía de Delitos contra la Vida; así como los de la Fiscalía Especial de la Mujer y el Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE), que entre uno de sus objetivos está evitar la revictimización de quienes han sufrido de violencia, a través de una cámara Gesell.
Y, hablando del MAIE, este también funciona en los Centros Ciudad Mujer, que forman parte de un Programa Presidencial que trabaja por la autonomía económica de las mujeres, la protección de sus derechos, la formación, prevención y atención en salud de las mujeres desde su adolescencia, adultez y tercera edad, entre otras áreas; además del seguimiento y orientación psicológica a través de grupos de autoayuda y desarrollo de planes de vida y seguridad.
El Congreso Nacional también juega un rol fundamental en este plan, a través de la Comisión Legislativa de Equidad de Género, en donde se puede mencionar como avance la aprobación de la «Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo en Honduras» que -cabe destacar- no ha sido sancionada por la presidenta y ha estado rodeada de una nebulosa mediática que la ha satanizado entre un importante sector de la sociedad.
Por su parte, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad tiene la tarea de fortalecer y crear Unidades de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios en la Dirección de la Policía de Investigación (DPI), así como la reapertura de la Línea 114-Mujer específica para la atención de la violencia contra las mujeres.
Si bien es cierto, nunca serán suficientes los fondos en atención a estos temas, para el cumplimiento de estas premisas se aumentó, por ejemplo, el presupuesto de SEMUJER y el de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer.
Además, las apuestas están contempladas en las asignaciones presupuestarias para atención de mujeres establecidas en artículos del capítulo sobre enfoque de género de las disposiciones generales del presupuesto de la República 2023.
Apoyo internacional
Estas intenciones se complementan con programas como la alianza global que impulsa la Unión Europea y Naciones Unidas, conocida como Iniciativa Spotlight, lanzada en 2017, que pone en primera plana el tema de género. Además, nuestro país se suscribió y ratificó como parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer («CEDAW» por sus siglas en inglés); también somos parte de la Convención de Belem do Para.
Entonces, ¿por qué en vez de avanzar, retrocedemos? ¿Por qué si quienes nos educan son mujeres -en Honduras, la mayoría de las familias tienen a una mujer como jefa de hogar- el machismo sigue tiñendo de sangre el país?
Sigue el alto índice de embarazos en adolescentes, los abortos clandestinos, la discriminación de género, aumentan las denuncias de violencia doméstica y continúan los feminicidios…
Nuevamente, insisto, el actual gobierno presentó uno de los planes mejor trabajados en este componente, entonces, ¿qué falta?: una aplicación rigurosa y efectiva de estas iniciativas, una socialización asertiva multisectores, empoderar a los encargados de su ejecución, nombrar una comisión de seguimiento para cumplir estos postulados, trasladar en tiempo y forma la asignación presupuestaria para poner en marcha el plan.
¡Que no pasen más días sin una Ley de casas refugio! También se deben endurecer las penas contempladas en el actual Código Penal de la impunidad para los feminicidas. Pero, más allá de cárceles llenas de feminicidas, lo que verdaderamente urge es educar y concienciar a la población en temas de género y respeto a los derechos fundamentales de la humanidad.
Tenemos la oportunidad de cambiar a un sistema matriarcal con lideresas al frente de dos poderes del Estado, confiamos en que la gestión no termine con una «sabinada» y que cuando hablemos de mujeres, cambiemos de conversación.
Presidenta, recuerde su promesa: nada sobre nosotras, sin nosotras.
