Por: Mario E. Martín
Tegucigalpa.- Esta disyuntiva la consideramos de importancia inmediata porque está debatiéndose en este momento como poderoso condicionante de las elecciones y ademas porque, para nuestro objetivo profesional de relacionar población y territorio, es esencial para la gestión y el gobierno de nuestras ciudades y asentamientos.
Trataremos de analizar la situación, desde esta perspectiva, la percepción y trascendencia actual y eventual del fenómeno.
¿Cómo se entiende y en qué consiste? En términos populares del día, la distribución de votantes por jurisdicciones se practica como estrategia partidaria antes de las elecciones para registrar votantes por término municipal, lo que abre la posibilidad de cambiarlos de los sitios de votación menos favorables a otros donde por tradición, prevalencia o influencia de las autoridades, permiten manejar el resultado de las elecciones. En la realidad – dado el reparto de las autoridades municipales por partido – prevalece el interés por la elección presidencial, más que el municipal.
Este nivel es lo que importa en la perspectiva de estas elecciones, aunque la relación de población y territorio es mucho más trascendental y puede tomar tiempo y más educación cívica el poder resolverlo. Eso no le quita que merece discutirla y entre más pronto mejor. La tarea requerirá focalizar la educación ciudadana desde el nivel primario hasta el universitario y ciertamente dentro de la formación y especialización profesional, política y funcionaria.
En términos de gestión pública y el eventual desarrollo y mejora de las condiciones de vida de la población, debe entenderse que esta relación define la prioridad dada a los urbanos sobre los rurales, o a los periféricos sobre los que viven en el centro de la ciudad, o, en la visión política, los ricos versus los pobres y marginados. En otras palabras, la distribución de diputados por territorio refleja la segregación social o discriminación espacial en nuestras ciudades y territorio.
El principio de permitir el desarrollo sobre una base territorial justa, -es decir tomar las decisiones según el sitio donde uno vive y por lo tanto respondiendo a las necesidades de la comunidad y el ambiente – es la visión trascendental más allá de la pelea de corto plazo que temporalmente preocupa a los políticos. Constitucionalmente, este principio es básico e incuestionable. Ciertamente la actual distribución de diputados por departamentos, en forma global, está apareciendo cada vez más inconveniente por no decir injusta. La pregunta surge ¿qué criterios deben prevalecer para cambiar el paradigma?
Preguntas obligadas en estos momentos de la elección de diputados: ¿Quién representa a las etnias afectadas en la crisis del uso del agua de la controvertida represa en Intibucá? ¿Quién habla por las comunidades afectadas por las medidas de generación de empleo en territorios preferenciales como las de maquila? ¿Y por las Zedes? ¿Quién vota en la aprobación del presupuesto por las zonas prioritarias para la inversión pública?
Este es un fenómeno bien conocido en muchos países. Actualmente se trata de corregir la sorprendente elección del candidato Trump en los Estados Unidos que se consideraba improbable. Es por lo tanto bien conocida como estrategia política (gerrymandering o en nuestros términos, reducir el poder del voto de los partidos opositores alterando los distritos o el registro de votantes) y corresponde a las leyes electorales y por lo tanto al poder legislativo resolverlo.
En nuestro medio el tema está recién surgiendo en la agenda del Congreso Nacional con el enfoque de tratar de reducir el número de diputados más que asegurar la justa representación. Pero en el fondo, como lo evidencia la actual coyuntura de completar los registros de votantes, la resolución del tema de quién vota donde influencia poderosamente la elección presidencial que nos tiene pendientes. Debe ser más bien el de cumplir con el mandato democrático y el principio de desarrollo.Se invitan comentarios a: marioemartin69@gmail.com
