“El proyecto de decreto va encaminado a declarar nulo todo lo actuado por el Poder Ejecutivo porque de acuerdo al artículo 205 numeral 42 es claro, es contundente, que cualquier modificación, cancelación o funcionamiento de los aeropuertos le corresponde a este poder del Estado”, explicó el diputado proyectista, el nacionalista Antonio Rivera Callejas.
Explicó que el proyecto plantea las reformas siguientes:
Reformar el artículo 39 de la ley de Aeronáutica Civil, el que se leerá así: “Se consideran aeropuertos internacionales los que fuesen declarados como tales por el Poder Ejecutivo y sean además habilitados para los servicios internacionales correspondientes con facilidades tales como migración, aduanas, sanidad y otros que fuesen necesarios. Deberán además reunir los requisitos exigidos por las normas técnicas internacionales recomendadas por la OACI. Previo al inicio de sus operaciones, funcionamiento y cancelación de las mismas se deberá solicitar la debida autorización al Congreso Nacional de la República, como lo estipula la Constitución de la República.
El artículo dos del proyecto establece que: “Los funcionarios públicos que ejecutaren o permitieren cualquiera de los actos a los que se refiere el artículo anterior sin contar con la previa autorización del Congreso Nacional que establece el artículo 205 numeral 42 responderán por las responsabilidad en que hubieran incurrido”.
Articulo 3: Toda resolución que se hubiese emitido o acto que se hubiese ejecutado en cualquier tiempo contraviniendo lo dispuesto en la Constitución de la República por carecer de autorización del Congreso Nacional y en virtud de las facultades de éste son indelegables son violatorios de la ley y nulos de pleno derecho”.
Rivera Callejas dijo que los diputados proyectistas no se oponen a que se construya el aeropuerto de Palmerola civilmente, en ningún momento. “Lo que estamos pidiendo es que continúe operando Toncontín tal y como ha operado normalmente”, apuntó.
Justificó su iniciativa diciendo que el cierre de Toncontín ha generado varios problemas, entre los que se detalla disminución en las operaciones turísticas, comercio y empresarial, reducción de los ingresos fiscales nacionales y municipales, aumento en la morosidad de los propietarios de taxis por sus obligaciones adquiridas con el sistema financiero nacional.
También la reducción del movimiento de personal y capital en los centros turísticos al entorno de la capital y daños sicológicos, emocionales y económicos a más de 300,000 familias.
La iniciativa fue remitida a una comisión de dictamen.
