Por: Luis Cosenza Jiménez
El pasado 27 de febrero, la agencia EFE publicó una noticia en la que se informaba que Amnistía Internacional, AI, había tildado de “vergonzosa” la investigación que nuestro gobierno lleva a cabo para esclarecer el asesinato de Berta Cáceres.
Según la noticia, Amnistía Internacional ha denunciado que “la vergonzosa ausencia de una investigación efectiva para hallar a quienes ordenaron el brutal homicidio de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres envía un mensaje aterrador a los cientos de personas que se atreven a manifestarse en contra de los poderosos.” Agrega que además la directora de AI para las Américas, Erika Guevara-Rosas dijo que “el trágico asesinato de Berta demuestra el deplorable estado de los derechos humanos en Honduras.”
Continúa diciendo EFE que “Para la Directora la investigación del homicido es ‘vergonzosamente deficiente’ porque no se conoce todavía quienes ordenaron su muerte,y tampoco se creó un ‘mecanismo eficaz para proteger a testigos y otros defensores y defensoras’”. Agrega que según AI “ello muestra la falta de interés de las autoridades de Honduras en que se haga justicia”.
Como los lectores podrán apreciar, una vez más somos censurados por una organización internacional, esta vez por una ampliamente conocida por su compromiso con la protección de los derechos humanos. La pregunta obligada, por supuesto, es ¿Cómo hemos llegado hasta acá y cómo pudo haberse evitado esta penosa situación? Veamos.
Para comenzar, recordemos que ha transcurrido casi un año desde que se cometió el deleznable asesinato y a la fecha se ha capturado a quienes supuestamente fueron los autores materiales del crimen. La opinión generalizada sostiene que no se ha identificado a los autores intelectuales. Por otro lado, es poco, o nada, lo que se ha informado oficialmente sobre el avance de las pesquisas. Dado este entorno, no debe sorprender que prive la duda y la desconfianza.
Por otro lado, debería ser evidente que nuestro gobierno no cuenta con la credibilidad necesaria para conducir una investigación que se perciba como exhaustiva y correcta. Es lamentable, pero cierto, que por mucho que se esfuercen las autoridades, y por muy bien que hagan su trabajo, al final sus conclusiones y decisiones serán cuestionadas y desacreditadas. En realidad, la situación es peor aún, ya que algunas personas piensan que en el crimen hubo complicidad del mismo gobierno.
Estas mismas personas sostienen que el gobierno enfrenta un conflicto de intereses ya que la búsqueda de la verdad exige que el gobierno se investigue a si mismo. Estas circunstancias extraordinarias reclaman una estrategia extraodinaria para demostrar a propios y extraños que se ha identificado y capturado a todos los autores del asesinato, tanto materiales, como intelectuales. La pregunta entonces es cómo lograr esto.
A mi juicio, si carecemos de credibilidad, entonces no queda otro recurso que asociarnos con alguien que goce de tal virtud y que la transmita a la investigación. Me parece que esto requiere de la integración de una comisión de alto nivel que supervise la investigación del crimen y que informe periódicamente a todos sobre el avance de las pesquisas. Esta comisión debería incluir a personalidades nacionales, así como a representantes de instancias internacionales.
Un representante de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, y otro de Amnistía Internacional, por ejemplo, le brindarían credibilidad a la comisión.
En cuanto a la investigación, debe ser encabezada por los entes nacionales, pero debería también contar con el apoyo de expertos internacionales. Se podría solicitar, por ejemplo, el apoyo del FBI de Estados Unidos y de la policía colombiana. De esta manera haríamos evidente nuestra firme decisión de capturar y castigar a los culpables, trátese de quien se trate.
Un enfoque similar podría emplearse en el esclarecimiento de otros casos emblemáticos, tales como los asesinatos de Arístides González, Alfredo Landaverde y Orlan Chávez. Esto tendría un valioso impacto sobre la opinión nacional e internacional, a la vez que marcaría un verdadero hito, un nuevo paradigma, en la lucha contra la impunidad.
No está demás recordar que la vigencia del estado de derecho, que implica el combate eficaz de la impunidad, es la piedra angular del desarrollo de un país. Si deseamos evidenciar nuestro respeto por los derechos humanos, si deseamos generar empleo, si buscamos nuestro desarrollo nacional, debemos en primera instancia fortalecer el estado de derecho.
No es posible lograr esto cuando la opinión pública nacional e internacional percibe que nuestro gobierno no está sincera y honestamente comprometido con el esclarecimiento de crímenes que han sacudido nuestras conciencias. Todavía estamos a tiempo. Rectifiquemos y no dejemos que se nos siga retratando como violadores de la vida y de los derechos humanos.
