Cuellar señaló que a través de la unidad especial de investigación fiscal, se está procediendo a las acciones que incluyen la separación de fiscales e investigación para verificar los supuestos actos irregulares de los servidores públicos.
Manifestó que para evitar posibles mal entendidos, él desconoce los nombres de los fiscales y el proceso de seguimiento está en manos de la unidad especial.
Sostuvo que en los próximos días se darán a conocer los resultados.
“Nosotros lo que queremos, como Ministerio Público, es que cuando se presente un requerimiento fiscal, es porque se cuenta con todos los procedimientos comprobatorios”, indicó.
Sostuvo que “esperemos que para el próximo año, una vez saneada las finanzas de la institución, se puedan contratar más fiscales y con ello impulsar el trabajo que realiza el ente investigativo”.
A nivel nacional, el Ministerio Público cuenta con al menos 500 fiscales, de los cuales 58 serán investigados por supuestas acciones ilícitas.
Expedientes de fiscales no necesitan ser enviados al TSC
Por su parte, la magistrada del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Daisy de Anchecta, dijo que los expedientes de los fiscales señalados por enriquecimiento ilícito, no necesitan ser enviados a ese ente contralor, pues quien ejerce la acción penal es el Ministerio Público.
Según la magistrada, cuando termina una investigación, el informe es remitido al Ministerio Público para su debido procedimiento con una acción penal.
Señaló que la acción penal perfectamente puede ser impuesta por el Ministerio Público.
“Es importante que las actuales cabezas del Ministerio Público investiguen muchos informes enviados por el TSC y que fueron engavetados o cerrados con un auto administrativo”, señaló.
Reiteró que “no es necesario que el Tribunal Superior de Cuentas investigue a los fiscales por enriquecimiento ilícito, porque será la misma Fiscalía quien debe de interponer las acciones legales”.
