Tegucigalpa – Las cárceles de máxima seguridad albergan 3 mil 107 reos, de los 21 mil 744 que componen la población penitenciaria en Honduras están alojadas en 25 penales y tres unidades militares.
– En las cárceles de Honduras, 179 privados de libertad son extranjeros, de los que 118 están procesados y 61 condenados.
El dato oficial al 29 de octubre de 2019 del Instituto Nacional Penitenciario (INP), establece que del total de internos 9 mil 198 reos ya están condenados, en tanto 11 mil 189 permanecen en condición de procesados.
La población penitenciaria femenina la componen 1 mil 192 -727 procesadas y 465 condenadas-.
Para el caso en Ilama, Santa Bárbara (El Pozo) hay 1 mil 592 reos, de los que 591 ya recibieron condena y 1 mil 001 están en proceso penal.
#EncuestaPD????Tras los últimos hechos violentos en las cárceles hondureñas, ¿qué se debe hacer?
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 31 de octubre de 2019
De su lado, la otra cárcel de máxima seguridad -la de Morocelí en El Paraíso (La Tolva)- aloja 1 mil 545 presidiarios, de los 668 ya fueron condenados y 847 están en calidad de procesados.
Este miércoles se produjo un incidente en el centro penal El Porvenir, donde seis internos resultados heridos con arma de fuego. Este suceso ocurre solo cuatro días después de dos asesinatos en módulos de alta seguridad en El Pozo y La Tolva.
El centro penal de Siria, en El Porvenir (Francisco Morazán) alberga 1 mil 493 reos y es considerado un recinto de mediana y mínima seguridad.
Sobre los violentos acontecimientos en estas tres cárceles, se han disparado las alertas en torno a la efectividad de las mismas.
El obispo de la Diócesis de San Pedro Sula, Ángel Garachana, refirió que “el centro penal de Ilama no es ni de máxima seguridad ni mínima rehabilitación. Tenemos una buena ley del Sistema Penitenciario Nacional, pero de la ley al hecho hay gran trecho. Cúmplase el espíritu y la letra de esta ley para un cambio de mentalidad, de objetivos y de prácticas”.
Cabe mencionar que en la Penitenciaría Nacional de Támara hay presos 6 mil 672 internos, de los que 2 mil 368 están condenados y 4 mil 304 procesados. Esta constituye la ergástula con mayor cantidad de reos en el país.
Son 25 cárceles instaladas en todo el país y tres instalaciones militares (El Ocotal, Naco y El Táctico). Dos bajo el concepto de máxima seguridad: La Tolva y El Pozo.
Peligran sus vidas
En las cárceles de alta seguridad hay varios privados de libertad que sus vidas podrían correr peligro por los acontecimientos que rodean sus procesos judiciales. Uno es el hermano menor de la organización criminal Valle -José Reiniero- detenido este año y procesado por delitos de narcotráfico y lavado de activos.
Nazario Luque, abogado de Reiniero Valle , pidió al Ministerio Público (MP) que él sea trasladado a un lugar donde pueda estar garantizada su integridad física, ya que sus familiares temen por su vida.
Igualmente, José Miguel Handal Pérez , condenado en dos procesos judiciales por delitos de narcotráfico y lavado de activos.
Figuran en esta vulnerable lista el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto , también declarado culpable por lavado de activos y con otros procesos penales vigentes.
De la misma forma, está Víctor Lorenzo Flores declarado culpable por pretender dar muerte al presidente Juan Orlando Hernández en un plan orquestado por el clan Valle.
El denominador común entre Handal Pérez, Urbina Soto y Lorenzo Flores es que los tres tienen pedido de extradición por parte de EEUU, pero deberán cumplir primero sus condenas en Honduras, antes de responder ante la justicia norteamericana.
Erika Julissa Bandy García, esposa del extinto Magdaleno Meza, solicitó en las últimas horas ante el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), que sea trasladada desde la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), a un recinto más seguro que podría ser una instalación militar. A la par,
El privado de libertad Héctor Antonio Vásquez Torres, alias “Toño Frontera” , es otro de los recluidos en cárceles de máxima seguridad y que su familia solicitó en las últimas horas protección porque su vida peligra.
“Toño Frontera” salió mencionado varias veces en el juicio que se le siguió al exdiputado Juan Antonio Hernández en EEUU, tal como ocurrió con Magdaleno Meza, ultimado el pasado fin de semana en El Pozo.
Urge sistema ordenado y justo
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, abogó hoy por un sistema penitenciario que responda a las necesidades de seguridad, orden, justicia y genere confianza en la población.
El Ombudsman hondureño, expresó que el sistema nacional penitenciario es un servicio público a la población, que tiene que ser ordenado y de calidad, porque se trata de resguardar a la sociedad en relación con los peligros que representan para la vida social las personas que han sido condenadas.
Agregó que las personas privadas de libertad tienen que ser vistas desde el ámbito de la rehabilitación y la reinserción social
Indicó que el personal que trabaja en el sistema penitenciario tiene que ser debidamente seleccionado, equitativamente pagados sus servicios, resguardada su seguridad y, sobre todo, capacitado en forma tal que entienda su función dentro de las cárceles y los establecimientos penitenciarios.
El Defensor del Pueblo es del criterio que personas civiles son las que deben manejar el sistema penitenciario.
Agregó que, en aquellos casos donde participan las autoridades de policía, estos no pueden interferir y deben seguir los procedimientos de tipo civil en relación con el trato de las personas privadas de libertad, los terceros que visitan a estas personas, sus abogados y establecer un marco que permita evitar la corrupción, el desorden y los riesgos de evasión.
Cuestionó que en Honduras se crean instituciones, pero no se establecen sistemas para verificar si existen recursos suficientes para irlos desarrollando progresivamente, lo cual es una particularidad de un país subdesarrollado, como Honduras.
Herrera Cáceres destacó que el sistema penitenciario es necesario, pero éste debe responder a las necesidades de seguridad, orden, justicia y armonizarlo en un marco ético.
Al menos cinco centros penitenciarios del país han sido escenario, entre junio y octubre del 2019, de varios hechos violentos que han dejado como saldo casi una docena de muertos y alrededor de medio centenar de heridos y lesionados.