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Uno de cada tres hondureños pagó soborno por un servicio público, según Transparencia Internacional

Tegucigalpa – Uno de cada tres hondureños pagó algún soborno por un servicio público, según se deprende del informe “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe”, divulgado por la organización Transparencia Internacional (TI).

-Para el 53 por ciento de los hondureños encuestados, la corrupción aumentó, aunque el 55 por ciento reconoce que el gobierno ha realizado algunos esfuerzos para combatirla.

-En Honduras, el nivel más alto de soborno informado se registró en el trato con los tribunales.

Según el informe, el 29 por ciento de los latinoamericanos que utilizaron seis servicios públicos clave (escuelas, hospitales, adquisición de documentos de identidad, servicios públicos, policía y tribunales) en los últimos 12 meses, pagaron algún soborno.

Lo anterior equivale a aproximadamente 90 millones de personas en los 20 países analizados, entre ellos Honduras, donde alrededor del 33 por ciento de los consultados afirmó haber pagado un soborno el año anterior.

Este reporte forma parte de la serie del Barómetro Global de la Corrupción, para el cual fueron consultadas más de 22 mil personas entre mayo y noviembre de 2016.

Los servicios públicos de atención médica reportaron el índice más alto de sobornos. A nivel latinoamericano, más de una de cada cinco personas (20 por ciento) que accedieron a atención médica en los 12 meses anteriores —incluidos tratamientos urgentes y vitales— pagaron un soborno para obtener el tratamiento requerido.

La educación pública también se vio afectada por los sobornos: una de cada cinco personas que se pusieron en contacto con escuelas públicas pagó un soborno a fin de acceder a servicios educativos (18 por ciento).

En el caso de Honduras, el porcentaje más alto se registra en los servicios de justicia. El 56 por ciento de los consultados pagó un soborno en tribunales; del 21 al 30 por ciento lo hicieron en escuelas, hospitales o para obtener un documento de identidad y del 11 al 20 por ciento por servicios públicos o a la Policía.

En ese sentido, Carlos Hernández, secretario ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo en Honduras de TI, destacó que “en el país tenemos el gran desafío en el Poder Judicial. El estudio refleja que en este Poder del Estado es donde se dan los mayores pagos de sobornos, por lo que desde ASJ estamos acompañando los esfuerzos del Poder Judicial para lograr independencia y mejorar la aplicación de justicia para todos en igualdad de condiciones”.

El informe establece además que la proporción de hombres y mujeres que pagaron un soborno es muy similar. Del total, el 31 por ciento fueron menores de 35 años.

Por otro lado, el 25 por ciento de las personas que se encuentran en mejor situación económica en la región pagaron un soborno para acceder a servicios básicos, mientras el 30 por ciento de las personas más pobres también lo hizo. No obstante, como las personas pobres tienen menores ingresos disponibles, los pagos de sobornos pueden representar una carga absolutamente desproporcionada sobre sus limitados recursos, señala TI.

“Los latinoamericanos y caribeños están siendo defraudados por sus gobiernos, su clase política y los líderes del sector privado. El caso Lava Jato, el cual causó un tremendo impacto en la región, demuestra que la corrupción está ampliamente extendida.

El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en especial, para los sectores más vulnerables de la sociedad”, manifestó el presidente de Transparencia Internacional José Ugaz.

Percepción de la corrupción

Más de seis de cada de 10 personas que viven en América Latina y el Caribe creen que el nivel de corrupción aumentó en el último año (62 por ciento), solo una de cada 10 piensa que disminuyó (10 por ciento) y otra cuarta parte no percibe cambios (25 por ciento).

Para el 53 por ciento de los hondureños encuestados, la corrupción aumentó, aunque el 55 por ciento reconoce que el gobierno ha realizado algunos esfuerzos para combatirla.

A nivel latinoamericano, la institución que se percibe como la más corrupta es la Policía, seguida de los representantes electos y gobiernos locales.

En cuanto al apoyo a la denuncia de hechos de corrupción, el 66 por ciento de los hondureños afirmó que es socialmente aceptable efectuar una denuncia; sin embargo, en la práctica, pocas personas realmente denuncian hechos de corrupción cuando enfrentan una situación de este tipo.

En la región, de los ciudadanos que indicaron haber pagado sobornos, menos de uno de cada 10 sostuvo que efectivamente denunció el hecho ante las autoridades (9 por ciento) y del total que sí lo hizo, 28 por ciento aseguró haber sufrido algún tipo de represalia.

En ese sentido, TI instó a los gobiernos a fortalecer sus sistemas judiciales, combatir la corrupción policial y respaldar a aquellos ciudadanos que están dispuestos a denunciar la corrupción, mediante la creación de canales accesibles y anónimos para que quienes deseen hacerlo puedan realizar denuncias con la garantía de protección ante represalias.

Una gran mayoría de los consultados dijo tener esperanza en el papel positivo que pueden desempeñar los ciudadanos para combatir el soborno.

Los sondeados en Brasil, Costa Rica, Paraguay, Nicaragua y Honduras, son los más proclives a manifestarse de acuerdo en que los ciudadanos pueden desempeñar un papel relevante en la lucha contra la corrupción (entre 83 y 76 por ciento).

En Honduras, siete de cada 10 está de acuerdo en que las personas comunes pueden marcar la diferencia. En toda la región, el 72 por ciento de los hombres están de acuerdo en que las personas pueden marcar una diferencia en la lucha contra la corrupción, en comparación con el 69 por ciento de las mujeres.

“Es necesario que los gobiernos tomen mayores medidas para erradicar la corrupción en todos los niveles, sobre todo en los organismos encargados de velar por el cumplimiento de la ley, los cuales deben tener un papel clave en lucha contra la impunidad. Deben fortalecer mecanismos para la investigación y el juzgamiento de los corruptos y brindar mayores protecciones a quienes denuncian hechos de corrupción”, indicó Ugaz.

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