Tegucigalpa – El miembro de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidatos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Javier Franco, aseguró que han encontrado receptibilidad entre las instituciones lo que permite avanzar en el cronograma.
“Hemos encontrado una receptividad de manera tal que iniciaremos pronto con un cronograma de inducción, capacitación y socialización y hoy ya estamos recibiendo las solicitudes de manera formal de los demás partidos políticos que se acaban de inscribir”, afirmó el funcionario.
Acotó que esta semana se continuará con la capacitación a los sujetos obligados con el propósito de darles el alcance de la Ley de Política Limpia, las reglas claras, que deben saber ellos que las relaciones pueden ser largas.
“Ahorita vamos en un afán proactivo, propositivo y positivo para que los sujetos obligados sepan cuál es el alcance de la ley y después no tengan que alegar ignorancia de la misma; nosotros les damos a conocer los objetivos y el alcance de ley, les explicamos los techos y las sanciones a los que ellos están expuestos en caso de que incumplan la ley”, reiteró.
Detalló que según la ley, hay dos formas de medir el incumplimiento de la ley, una es no solamente conocer lo que están recibiendo sino lo que cuánto están egresando y la forma en que están haciendo el gasto de su campaña.
Recordó que según la normativa, a los 90 días de iniciado el proceso electoral, la Unidad de Política Limpia va a tener mayor campo de acción y para esa fecha ya tendrá contratados a todos sus auditores externos.
Franco apuntó que las sanciones por el incumplimiento contemplan desde 50 hasta 120 salarios mínimos, incluso si en el extremo que ellos no presentaran informes técnicos financieros también contempla la suspensión de la persona que ellos han delegado hasta el extremo mayor, que esperan que no ocurra, que es la suspensión de la personería jurídica de un partido político.
Consultado sobre qué hará la unidad con los candidatos a alcaldes y diputados que son señalados por tener nexos con el crimen organizado, el funcionario argumentó que lo primero será mandar un mensaje a los partidos políticos y sus candidatos en el sentido que deben procurar en la medida de los posible, verificar que los sujetos obligados ya sea los candidatos a cargos de elección popular en las organizaciones políticas sean personas que son transparentes, que sean honorables, que no tengan ningún tipo de implicaciones o cuentas pendientes con la ley.
El segundo mensaje es para aquellas personas que están participando en política y que tengan cuentas pendientes con la ley, es que no es la Unidad de Política Limpia que los va a perseguir por algún delito penal o criminal que ellos tengan, pero si como unidad pueden investigar si el financiamiento de su campaña es de origen ilícito.
