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Prisión y orden de detención para líderes catalanes procesados por rebelión

Madrid/Barcelona (España) – Un juez español procesó hoy por rebelión a 13 implicados en el proceso independentista de Cataluña de 2017, encarceló a varios de ellos, incluido el candidato a presidente regional, Jordi Turull, y pidió la detención de los huidos, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont.

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena decidió mandar a juicio a 25 de los 28 investigados por este caso.

También serán juzgados por rebelión el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlamento regional Carme Forcadell y los encarcelados líderes de las dos principales organizaciones sociales secesionistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, entre otros.

El ordenamiento penal español prevé una pena de 15 a 30 años de prisión por el delito de rebelión.

Según el auto judicial, los procesados por rebelión sabían que «el fanatismo violento de muchos de sus seguidores» podía desatarse por sus acciones.

Llarena pone el foco en Puigdemont, Junqueras y el exconsejero de Interior Joaquim Forn, pues sabían «sobradamente» que habría una «escalada de violencia» durante el referéndum ilegal de «autodeterminación» del 1 de octubre pasado, de lo que habían sido advertidos por los Mossos (policía regional catalana).

El juez interpreta que el proceso independentista es un «ataque al Estado Constitucional» de una «gravedad y persistencia inusitada» y «sin parangón en ninguna democracia» de la Unión Europea (UE).

Además, sospecha que la estrategia de acción de los independentistas catalanes se encuentra «latente y pendiente de reanudación» en cuanto tengan ocasión.

Los citados Junqueras, Forn, Sánchez y Cuixart ya estaban encarcelados preventivamente, y el juez ordenó hoy -como pidió la Fiscalía- prisión incondicional para Turull, Forcadell y otros tres exconsejeros catalanes por riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

Además, reactivó la euroorden de detención del expresidente Puigdemont y cuatro de sus colaboradores, que huyeron a Bélgica a finales de octubre. Y ordenó la búsqueda internacional de la política republicana Marta Rovira, que hoy se fugó a Suiza.

Fuentes del Ejecutivo central se limitaron a expresar respeto por las decisiones del juez Llarena.

Pero Puigdemont reaccionó en Twitter afirmando que «el Estado español antidemocrático es una vergüenza para Europa». El partido de Rovira (ERC) llamó a la movilización pacífica contra la «persecución» que, a su juicio, sufre el independentismo catalán y sus representantes.

Miles de personas salieron a la calle en varias localidades de Cataluña para protestar contra los encarcelamientos, convocados por organizaciones independentistas. En Barcelona, las fuerzas de seguridad regionales contenían a duras penas a cientos de personas en las cercanías de la Delegación del Gobierno central, con incidentes que causaron al menos cinco heridos leves.

El magistrado libró del delito de rebelión a otros doce investigados, a los que sí procesó por cargos como desobediencia y malversación.

El delito de desobediencia no conlleva penas de prisión en España, pero sí de inhabilitación para ejercer cargo público.

Asimismo, Llarena fijó una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros (2,5 millones de dólares al cambio actual) que deberá ser asumida solidariamente por los 14 exmiembros del gobierno catalán procesados por malversación.

Pese a las advertencias constantes del Tribunal Constitucional español, el gobierno independentista catalán convocó un referéndum de «autodeterminación» para el 1 de octubre de 2017, y el Parlamento regional de entonces, de mayoría separatista, aprobó el día 27 del mismo mes una declaración a favor de la secesión unilateral,

Entonces, el Ejecutivo español, amparado en la Constitución, destituyó a Puigdemont y todos sus consejeros y convocó elecciones autonómicas, en las que los partidos independentistas sumaron mayoría absoluta de diputados.

Sin embargo, todavía no ha podido elegirse un nuevo presidente catalán ni formarse gobierno por las circunstancias judiciales de los candidatos propuestos sucesivamente: Puigdemont, Jordi Sánchez y Turull.

Este último no consiguió este jueves en primera instancia la confianza del Parlamento regional para ser elegido presidente de Cataluña, por lo tendría que someterse a una segunda votación dos días después, es decir, mañana sábado.

Sin embargo, se desconoce si esa sesión parlamentaria, prevista a las 10:30 GMT, llegará a celebrarse, dado que Turull fue encarcelado hoy.

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