San Salvador – Un juez instructor de El Salvador envío este miércoles a juicio a la ex primera dama Ana Ligia de Saca (2004-2009) por el cargo de lavado de dinero en una trama ligada a la malversación de más de 300 millones de dólares confesada por su esposo, el expresidente Elías Antonio Saca.
El titular del Juzgado Séptimo de Instrucción ordenó que la esposa del expresidente Saca se mantenga en libertad condicional y que pase a nombre de la corte de Sentencia que reciba el proceso la fianza de 125.000 dólares que presentó al inicio de la causa.
El juez también envió a juicio a los publicistas César Funes Cruz y Ricardo Zelaya por el mismo delito, y ordeno que sus bienes quedaran congelados junto a los de Ana Ligia de Saca y de siete sociedades, la mayoría propiedad del expresidente.
Por otra parte, estos tres imputados y otras 10 personas fueron absueltos del delito de agrupaciones ilícitas.
Según la Fiscalía General de la República, estas personas colaboraron en el lavado de 22 millones de dólares, que son parte de los más de 300 millones que malversó el referido expresidente, quien purga una pena de 10 años por malversación y lavado de dinero.
La cónyuge de Saca es la primera esposa de un expresidente salvadoreño en ser procesada penalmente en la historia reciente del país centroamericano.
La ex primera dama buscó en esta etapa del proceso someterse a un «juicio abreviado» para confesar el delito de lavado de dinero a cambio de una pena excarcelable.
No obstante, el pacto no prosperó por las diferencias entre ambas partes sobre la responsabilidad civil, dado que la Fiscalía pedía que ella entregara más de 17 millones de dólares y la defensa aseguró que la procesada no posee el dinero suficiente para el pago.
El Congreso del país centroamericano recibió el pasado 15 de mayo una iniciativa de reforma legal que busca bloquear el proceso «abreviado» en casos relacionados con delitos de corrupción.
Este recurso permitió al expresidente Saca evitar una condena de al menos 25 años de prisión por la millonaria malversación, trama en la que involucró a sus empresas de comunicaciones para lavar los fondos estatales, según su confesión.
El 19 de septiembre pasado, el ex jefe de Estado también fue condenado a dos años de prisión en un proceso «abreviado» tras confesar el pago de 10.000 dólares para obtener información de un proceso civil que enfrenta por el supuesto enriquecimiento ilícito con más de 4 millones de dólares.
