Quito – Un juez de Ecuador ordenó este lunes que el expresidente Lenín Moreno, en una causa de presunta corrupción en su contra, se presente cada mes en la Embajada ecuatoriana en Paraguay, donde él reside, como medida alternativa al ingreso en prisión preventiva solicitado por la Fiscalía.
El juez Mauricio Espinosa negó la solicitud de la Fiscalía, que había pedido la prisión preventiva por haber incumplido otras medidas alternativas aplicadas el pasado 5 de marzo y que incluía la presentación periódica ante la Corte Nacional de Justicia en Quito.
Moreno está implicado en una trama de corrupción conocida como el caso Sinohydro, que gira en torno a presuntos sobornos recibidos por la construcción de la central hidroeléctirca Coca Codo Sinclair, la más grande del país.
Tras una audiencia para la revisión de medidas, la Fiscalía informó de que el juez Espinosa dispuso, además, que Lenín Moreno y su esposa Rocío, se presenten ante la autoridad «dentro de los 10 primeros días de cada mes en la sede diplomática del Ecuador en Asunción, Paraguay».
El Ministerio Público aclaró que está disposición se ha fijado «aunque no está previsto en la Ley».
El magistrado, sin embargo, dispuso que los imputados «cada cuatro meses deberán presentarse ante la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, en Ecuador».
El expresidente Moreno, que el pasado 9 de marzo había descartado pedir asilo en Paraguay, ha denunciado ser víctima de una «persecución política» y que por ello se había instaurado el proceso por presunto cohecho en su contra.
Moreno, que es comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad, no negó someterse a la investigación en su país, pero dijo que los frecuentes desplazamientos fuera de Asunción podrían afectarle en su condición de discapacidad.
Explicó que tiene una discapacidad en torno al 85 % y una «vulnerabilidad bastante grande» que le obliga a movilizarse permanentemente en silla de ruedas.
Además, tachó de «inhumano» el pedido de la fiscal general de su país, Diana Salazar, quien había sugerido entonces la prisión preventiva del exgobernante y otras ocho personas acusadas por el mismo caso, incluidas su esposa y su hija Irina.
En total son 37 los acusados de cohecho en este caso donde la Fiscalía estima que la empresa estatal china Sinohydro pagó en torno a 76 millones de dólares en supuestos sobornos.
Los hechos ocurrieron supuestamente cuando Moreno ejercía de vicepresidente durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017), del cual es ahora un enconado rival político.
