Por: Julio Raudales
El Foro Social para la Deuda Externa y el Desarrollo de Honduras (FOSDEH), junto al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), sin duda las dos agencias NO gubernamentales más prestigiosas del país, presentaron recientemente un trabajo en el que efectúan una cuantificación del impacto económico de la corrupción en nuestro país.
Dicho trabajo define una matriz de dos dimensiones, en el que sus 15 filas representan distintas modalidades en que se presenta este horrible lastre –Sobrevaloración de bienes y servicios, Sobornos, Nepotismo, Tráfico de influencias, etc.- y en sus 7 columnas nos explica los caminos que toma el horrible vicio, considerando la categoría de gasto; -Adquisiciones, Carreteras, Puertos y Aeropuertos, Edificios, Energía, etc-.
Ambas, columnas y filas de la matriz, confluyen en que la corrupción representa, para el caso de Honduras, una pérdida social equivalente al 10% y 12% del PIB entre 2014 y 2018. Esto es como el 60% de la recaudación tributaria. O sea que, si la corrupción se redujera en un 50%, perfectamente podría eliminarse el impuesto sobre ventas en el país y quedaríamos igual.
Está claro que el documento del FOSDEH y CNA, nos permite concluir con mayor rigurosidad, que la corrupción tiene un fuerte impacto en la ya turbulenta vida de la gente y quizás valga la pena preguntarse y reflexionar de forma rigurosa, cual es el efecto que los actos de corrupción y sobre todo la impunidad de ellos tiene en la economía: Cómo afecta a las finanzas públicas, a la distribución de la riqueza y a la libre competencia entre empresas. ¡En fin! ¿Cuánto más pobre es Honduras debido a éstos terribles vicios del comportamiento público?
Entre las prácticas corruptas más habituales se encuentra la utilización de un cargo público para beneficio propio. Quienes buscan enriquecerse a costa de un puesto de responsabilidad pública, provocan un sobreprecio en las obras y servicios públicos. Ese sobreprecio, desgraciadamente es pagado por los ciudadanos, dado que repercute en un mayor coste para las administraciones públicas. Por otra parte, las decisiones corruptas provocan que se ignoren las normas de calidad y seguridad de muchos servicios e instalaciones que deberán ponerse a disposición de la ciudadanía.
Otro claro ejemplo, es la construcción de grandes obras que se financian de forma injustificada que suponen enormes costes para el erario y que no generan ningún beneficio social ni ninguna rentabilidad económica. Estas decisiones, no solo provocan impactos negativos en las cuentas públicas, si no que pueden perjudicar al medio ambiente. ¿Hemos evaluado el costo social de una obra que no tiene mayor significancia social, en relación a su costo de oportunidad?
En un sistema económico eficiente, es fundamental que haya libre competencia, es decir, muchas empresas que ofrezcan sus bienes y servicios a muchos demandantes. Otro de los lastres que supone la corrupción es que perturba ésta libertad, lo cual provoca graves ineficiencias económicas, sobrecostes y reduce la efectividad de las políticas económicas.
En la adjudicación de obras y servicios públicos siempre ganará el empresario que tenga el favor del político corrupto. Esto implica que los empresarios no competirán en igualdad de condiciones a la hora de acudir a un concurso de obra o servicio público.
La corrupción además, lastra gravemente la imagen de un país, ahuyentando la inversión. El hecho de vivir en un país cuyas leyes no garantizan una seguridad mínima y una competencia justa a las empresas, hace que muchas compañías, por razones éticas y de seguridad en sus propios negocios, decidan no operar causando un grave detrimento en la inversión.
Una de las nefastas consecuencias de la corrupción es que se generan cantidades de dinero opacas. El dinero de los sobornos se oculta al fisco y se desvía a paraísos fiscales. Esto provoca que haya una caída de la recaudación, originando una mayor carga para los contribuyentes.
¿Qué podemos hacer frente a la corrupción? ¿Cómo evitar que la sociedad y la economía se resientan por culpa de estas prácticas ilegales e inmorales? Si bien la MACCIH fue un excelente principio, su cierre y descalificación constituyó un duro golpe a la consolidación de una cultura de transparencia y la educación de los ciudadanos en valores que les enseñe a repudiarla.
Será entonces, muy oportuno contar con normas bien definidas y avanzar en la voluntad firme de que se cumplan y no queden en papel mojado. Solo una decisión clara de la ciudadanía, que obligue a todos los sectores a seguir con rigurosidad los principios de decencia, podrá acabar de una vez con éste terrible lastre y cambiar el destino de nuestro país.
