Guatemala.– Vicenta Jerónimo Jiménez, una diputada indígena mam de 48 años, jefa y única integrante de la agrupación política Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), inquietó esta semana a la élite del Congreso de Guatemala con una sola propuesta de austeridad legislativa.
La propuesta, que buscaba despojar de algunos privilegios a los diputados guatemaltecos, desató una ola de quejas, señalamientos cruzados y acusaciones y evidenció al poder dominante del país centroamericano.
Jerónimo Jiménez pidió renunciar al almuerzo que recibe con fondos públicos en el Congreso y cambiar el horario de la reunión que cada lunes, a la hora de la comida, sostienen los jefes de bancada para definir la agenda de los plenos en el hemiciclo, con el fin de evitar el gasto que implica pagar del erario público los alimentos de al menos 19 congresistas.
La diputada recién investida también renunció a beneficios que obtienen por defecto los diputados, como un teléfono móvil -con el tiempo aire incluido-, las comidas de las sesiones, el fondo rotativo asignado y el seguro médico privado porque lo consideró «innecesario».
Las reacciones llegaron casi inmediatamente. El expresidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, hijo del difunto expresidente (1996-2000) y excalcalde capitalino Álvaro Arzú Irigoyen, mostró su malestar por la propuesta de su colega en el Parlamento.
El legislador sugirió en respuesta que si la diputada indígena quería renunciar a todos esos beneficios o «incluso a su curul, que renuncie, está en su derecho» y, después de engullir los alimentos proporcionados por el Organismo Legislativo en una sesión, aseguró que los diputados no llegaban a comer, sino a trabajar.
Pero «hay cosas que se pueden renunciar y otras que son irrenunciables», advierte Vicenta Jerónimo, en una entrevista con Efe.
La actitud «abusiva» de Arzú Escobar «es una actitud muy racista», al «ver a una diputada indígena maya que viene de las comunidades, con su sencillez», se lamenta Jerónimo.
La diputada fue electa en las elecciones generales de junio de 2019 en unos comicios sorprendentes para el MLP, que en su primera participación alcanzó el cuarto puesto en las elecciones presidenciales pero solo pudo asegurarse una diputación en el Parlamento.
Diputación que, en opinión de Jerónimo Jiménez, no le pertenece, pues la curul «es de los pueblos y yo solo los represento».
La diputada indígena hizo su propuesta de austeridad «pensando en que haya conciencia social en el Congreso, pero no existe», reflexiona y asegura que la entidad está tomada por un «sistema racista, excluyente y que solo se practican y agilizan los intereses personales y empresariales».
En el otro extremo, los pueblos y los territorios a quienes ella asegura representar «son olvidados» por un Organismo Legislativo al que llegaron nuevos diputados que buscan hacer un «Congreso diferente», pero para Jerónimo si solo se habla y no se realizan acciones, «nada va a cambiar».
La agenda de Jerónimo Jiménez contempla una asamblea constituyente, popular y plurinacional «consensuada desde los territorios de los pueblos», en la que se establezca un Estado plurinacional de las comunidades xinka, mestiza, maya y garífuna, con derechos y toma de decisiones y la «autonomía» de los territorios.
Además, como lo ha planteado el movimiento detrás del MLP, el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) desde 1992, también buscan la nacionalización de los bienes comunes.
«Los pueblos son los que tienen que tomar decisiones sobre esos servicios y recursos», enfatiza la congresista mam, oriunda de la sierra de los Cuchumatanes, quien asegura que se busca no solo nacionalizar los servicios públicos en el país, sino además «prohibir la privatización de ellos».
Aunque, reconoce, será difícil conseguir que estas propuestas tengan eco en el mismo Congreso que Jerónimo califica de «desordenado» y «capitalista».
Tampoco buscará aliarse o cabildear con otros grupos, pues «queremos que los diputados que voten por las iniciativas que vamos a proponer, nazca de ellos», dice y sostiene que, muy probablemente, sus propuestas «nunca van a pasar», al necesitarse 81 votos en mayoría simple y 107 en calificada de 160 legisladores.
La renuncia a los privilegios en el Congreso destapó la ira de la élite empresarial organizada, cuyo presidente, Juan Carlos Tefel, no dudó en publicar en su cuenta de Twitter que «la impunidad de Codeca llegó a tal extremo que este grupo criminal tiene una representante en el Congreso y esta es aplaudida».
El empresario se refiere a los supuestos robos de energía que se la atribuyen a Codeca en las comunidades en las que opera, aunque sus integrantes defienden que sus más de 90.000 miembros abogan por la democratización de la tierra y la nacionalización de la energía eléctrica y otros servicios.
Para Vicenta Jerónimo, quien ingresó a Codeca en 2003 tras vivir en el exilio durante la guerra interna (1960-1996) -sus hijos nacieron en el sureño Estado mexicano de Quintana Roo-, la lucha por la que se les trata de criminales es en realidad una «resistencia» ante el abuso de la empresa eléctrica.
«Mucha gente se ha quedado sin dar una tortilla a sus hijos por estar pagando (la luz) a la empresa», describe y cuestiona que «si la gente no tiene trabajo, no tiene salario, cómo va a pagar un recibo de un mes 2.000, a 10.000 quetzales (260 a 1.300 dólares)» en facturas que suelen incluir el costo del alumbrado público, cuando a veces «ni focos, ni postes hay en las comunidades».
La empresa eléctrica también tiene miles de denuncias en contra por esos abusos, añade Jerónimo.
Estos 24 días en el Palacio Legislativo le han servido para corroborar el desorden, impuntualidad y mal uso de los recursos en el Congreso, comprobar que los legisladores obedecen a «grupos de interés y empresariales» y que solo hay reacción cuando las iniciativas «vienen desde el poder».
Una diputada en un pajar, que ha trastocado a la élite desde su esencia y que en estos cuatro años buscará «posicionar la voz del pueblo en el Congreso», en un país donde 59 de cada 100 personas son pobres y la mayoría son indígenas.
