La Haya – El expresidente filipino Rodrigo Duterte compareció este viernes por videoconferencia ante la Corte Penal Internacional (CPI), donde, con apariencia de salud frágil, confirmó su nombre y fecha de nacimiento desde el centro de detención, al tiempo que denunció su «secuestro» desde Filipinas.
Fue una audiencia breve, pero tanto el expresidente como su abogado, Salvador Medialdea, dejaron claro por dónde irá una parte de su defensa: a sus 79 años, tiene una salud delicada, apariencia de agotamiento y fragilidad, y “no está en condiciones de aportar nada”, ni siquiera a la audiencia que tuvo lugar hoy y que supuso su primera comparecencia ante la CPI por crimen de lesa humanidad.
Los médicos del Centro de Detención de la CPI, donde ingresó este jueves tras pasar una noche en observación en el hospital, no están de acuerdo: los doctores creen que “sí está en forma” y «mentalmente consciente», aunque admiten que es mayor y acaba de “realizar un largo viaje con una diferencia de tiempo considerable” desde Manila a La Haya, por lo que se le autorizó a seguir y participar en la audiencia de hoy por videoconferencia.
Ataviado con traje y corbata azul, Duterte estaba sentado en una silla frente a una cámara. Mantenía las manos cruzadas y mostraba dificultades para sostener la cabeza y vocalizar. La presidenta de la Sala renunció a pedirle que se pusiera de pie, como es habitual en estos casos, y le permitió escucharla sentado.
“Mi nombre es Rodrigo, mi segundo nombre es Roa y mi apellido es Duterte, Du-ter-te”. Estas fueron de las pocas palabras que pronunció, con una dificultad aparente, el que fue alcalde de Dávao durante tres períodos diferentes entre 1988 y 2016, y después presidente de Filipinas hasta junio de 2022, épocas en las que habría sido responsable de asesinatos como crimen de lesa humanidad como parte de su ‘guerra contra las drogas’ en diferentes partes del país.
Después confirmó su fecha y lugar de nacimiento (la jueza tuvo que repetirle la pregunta), y su abogado tomó la palabra, para hablar en su nombre, sobre lo que considera que ha ocurrido esta semana, desde que Duterte fue detenido en Manila el pasado martes, hasta este mismo viernes.
Ajuste de cuentas políticas
Medialdea habló de una “entrega extrajudicial” por parte de Manila y tildó lo ocurrido de “pura y simplemente un secuestro” por parte de su propio país. Además, consideró que la extradición a La Haya se realizó “de forma coordinada por adelantado” como parte de lo que llamó un “ajuste de cuentas políticas” en Filipinas.
Aseguró que después de su aterrizaje en Países Bajos el miércoles, Duterte fue trasladado a un hospital, donde estuvo “en observación”, y no fue hasta este viernes, horas antes de la audiencia, cuando se le permitió reunirse con él “menos de una hora”, por lo que no “tuvo tiempo de sentarse” con su cliente para explicarle el contenido de la orden de arresto.
Su hija Sara Duterte, vicepresidenta de Filipinas, siguió la audiencia desde el tribunal, junto al público. Fuera se concentraron dos grupos de manifestantes, uno en apoyo a Duterte y a gritos de «Devolvedlo a casa», mientras que otro, más pequeño, portaba carteles que exigían justicia a las víctimas y un juicio para el expresidente.
La audiencia de hoy no fue el inicio oficial del juicio. La primera sesión, que será para confirmar los cargos, tendrá lugar el próximo 23 septiembre y el procedimiento judicial se llevará a cabo en inglés, a petición del propio expresidente, según anunció hoy la CPI.
En la orden de arresto emitida el 7 de marzo, los jueces creen que “existen motivos razonables” para vincular a Duterte con el crimen de lesa humanidad de asesinato, presuntamente cometido en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019. El crimen fue parte de un ataque “tanto generalizado como sistemático”.
“La Sala determinó que hubo un ataque dirigido contra una población civil en cumplimiento de una política organizacional mientras Duterte era el líder del Escuadrón de la Muerte de Davao (DDS) y en cumplimiento de una política estatal durante su mandato como presidente de Filipinas”, añadió en la orden de arresto.
En cifras, se le vincula con el asesinato de al menos 19 personas, identificadas como presuntos traficantes de drogas o ladrones, por el DDS en Dávao y sus alrededores. Y con el de al menos otras 24, identificadas como presuntos delincuentes o consumidores de drogas, asesinadas por fuerzas del orden en Filipinas, en algunos casos con asistencia de individuos ajenos a la policía. EFE
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