En su último informe de país, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) destacó que Honduras vive un ambiente tenso y hostil entre la prensa y el gobierno que vulnera el ejercicio de la libertad de expresión, en tanto el informe de Reporteros sin Fronteras (RSF) advierte que el ejercicio del periodismo sigue siendo de alto riesgo, con pequeñas mejoras pero sin cambiar los cimientos que atenazan el ejercicio de un periodismo: leyes que criminalizan, amenazas, intimidaciones, impunidad, entre otros.
Dos informes con dos miradas sobre el país y las relaciones entre la prensa y el poder que vienen indicando desde hace algún tiempo que el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información es una lucha constante frente a las amenazas del poder político, los poderes legalmente constituidos y los poderes paralelos que persisten desde hace algún tiempo en el país.
El informe de medio término de la SIP, en el marco de su encuentro de medio año, el organismo indica que “existe una escalada de intolerancia oficial a la crítica que se manifiesta a través de amenazas, intimidación, estigmatización, agresión física selectiva, insultos, descalificaciones y detenciones arbitrarias. El Observatorio para la Democracia señaló que 15 altos funcionarios del actual gobierno encabezan esa política de violencia. Se registraron más de 199 agresiones en contra de 64 medios de comunicación en los últimos 18 meses, según la organización C-Libre”.
“A medida que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento llega a su final y que se aproximan las elecciones internas y generales, el ambiente tenso y hostil en contra de la prensa es cada vez más recurrente”, advierte la SIP que consigna, además las amenazas que en contra de la prensa ha desatado el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Roosevelt Hernández.
Amenazas a las que suman funcionarios del Sistema Nacional de Emergencia 911 y la Secretaría de Finanzas por difundir información de interés publico que de acuerdo a los funcionarios no se ajustan a la veracidad de los hechos. El gobierno de la presidenta Castro se ha caracterizado a lo largo de administración por desmentir sus propias informaciones cuando éstas le ocasionan un daño reputacional no esperado.
En el caso del comandante de la Fuerzas Armadas, el general Roosevelt Hernández, la SIP no duda en señalar que el alto jerarca castrense ha desatado una “campaña de hostigamiento” en contra de periodistas y medios de comunicación por negarse a revelar las fuentes periodísticas que les proporcionan información.
A su vez, Reporteros sin Fronteras señala que, en el ranking de libertad de expresión, el país se ubicó en el 2025 en la posición 142 de 180 países, en comparación con el 2024, cuya posición fue de 146 de 180 países.
“La prensa hondureña vive un lento descenso al infierno desde hace más de una década, tras el golpe de Estado de 2009. El país sigue siendo uno de los más mortíferos para el periodismo en el continente americano, lo cual crea un clima de autocensura y miedo en la prensa”, señala Reporteros sin Fronteras, al indicar que los periodistas, hoy día, al igual que en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, se sienten intimidados y objeto de discursos denigrantes por parte de actuales funcionarios, además de ser vedados a determinadas fuentes informativas sino son afines al actual gobierno.
“La tasa de impunidad, en un país gangrenado por la violencia del crimen organizado y por la corrupción, es una de las más elevadas del continente. Se emprenden regularmente acciones judiciales abusivas contra los periodistas y las penas de prisión por difamación son habituales. Algunas veces, van acompañadas de la prohibición de volver a ejercer el oficio. El nuevo Código Penal, aprobado en 2020, contiene artículos liberticidas, en especial, la penalización del derecho de manifestación y reunión. Estos cambios también afectan a toda la cadena informativa, al imponer multas y prisión no solo a periodistas, sino a quienes reproduzcan sus escritos. El código viola estándares internacionales de derechos humanos y constituye una amenaza para la libertad de prensa”, acota RSF.
Las reformas al código penal vigente o su derogación como se prometió al inicio del 2022 se fueron desdibujando en el parlamento que pasó a convertirse en un centro de alta controversia y polarización política, que en un centro de debate de ideas y propuestas para el desarrollo de Honduras.
La despenalización de los delitos contra el honor y de la criminalización de la protesta, no fueron del interés de la directiva parlamentaria, tampoco del resto de congresistas, enfrascados en batallas de pureza e impureza que no abonan a resolver un problema sentido en el país: la falta de empleo, de seguridad, de acceso a la salud, a la educación, a la lucha contra la corrupción y al narcotráfico, más allá del discurso oficial.
“La política actual es intimidar a los medios para evitar que se divulguen decisiones gubernamentales y casos de corrupción. Varias organizaciones de la sociedad civil e iglesias pidieron al gobierno que mejore los mecanismos de protección para defensa de periodistas, operadores de justicia y defensores del medio ambiente, pero esto no ocurrió”, sentencia en su informe la SIP.
La libertad de expresión sigue siendo un ejercicio de alto riesgo que se enfrenta en dos vías paralelas: las tradicionales de amenazas, querellas, intimidaciones, censura que se estipulan desde el poder, y la otra que se genera y desata desde las redes sociales con las tropas digitales, los hater y los centros de ataque gestionados desde el poder para desacreditar, intimidar, descalificar, desinformar, generar falsas noticias y acallar desde las diversas plataformas digitales y redes sociales, a todas aquellas voces críticas que incomodan por no seguir un pensamiento único. La libertad de expresión debe ser el reflejo de un debate de ideas, pero en Honduras este anhelo se torna difícil por la polarización política y la intolerancia. Así lo advierten los dos informes de libertad de expresión circulados recientemente y con los cuales empezamos el mes de mayo, el mes de la Libertad de Expresión y del Día del Periodista en Honduras.
