Así lo declaró hoy en rueda de prensa en Managua, la jefa de la delegación de la Comisión Europea para Centroamérica y Panamá, Francesca Mosca, al referirse a los resultados de la cuarta ronda de negociaciones entre la UE y Centroamérica en Bruselas entre el 14 y 18 de julio pasados.
La directiva de retorno afectará a ocho millones de inmigrantes, la gran mayoría procedentes de América Latina, y entrará en vigencia en el año 2010.
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha criticado fuertemente algunos puntos de la directiva como la detención de inmigrantes indocumentados solo con una orden administrativa, un período de detención de 6 a 18 meses y la detención en centros penitenciarios corrientes.
Mosca dijo que la Comisión Europea ha hecho esfuerzos para explicar el contenido de esa directiva y que el hecho de que las delegaciones de ambas regiones quieran hablar a fondo sobre el tema de la inmigración «es sumamente positivo por tratarse de un asunto muy sensible».
«Estamos de acuerdo y tenemos que hablarlo y discutirlo en el cuadro del acuerdo de asociación (entre la UE y Centroamérica) y es sumamente positivo tomar en cuenta las preocupaciones de Centroamérica y también es bueno que la región entienda el por qué se hizo esta directiva», dijo Mosca.
El embajador de Francia, Thierry Fraysse, por su lado, dijo en la rueda de prensa que hay que evitar reacciones «apasionadas» y tomarse el tiempo de leer el texto de la directiva.
Recordó que se trata de una directiva que ha sido elaborada por los países europeos durante tres años y que se va a implementar de manera progresiva hasta el 2010.
«No es una directiva contra la inmigración, al contrario Europa tiene larga tradición de inmigración y va a seguir porque la necesitamos para cubrir los déficit demográficos para nuestras economías y porque consideramos que la inmigración es un hecho positivo que contribuye a la diversidad de nuestras sociedades y culturas», dijo el diplomático.
Explicó que se trata de que los 27 países europeos están de acuerdo en luchar contra la inmigración ilegal para garantizar los derechos de estos inmigrantes y su inserción en las sociedades europea.
Fraysee señaló que se trata de fijar criterios comunes de todos los países europeos como los tienen en otras muchas áreas.
Anotó que hasta ahora había una especie de medidas que no eran satisfactorias, porque también el problema de los inmigrantes ilegales es factor de desorden tanto para los inmigrantes como para las sociedades receptoras.
Recalcó que estos inmigrantes llegan a Europa sin derechos, se van a la clandestinidad y se ponen en manos de mafias y eso no es una situación satisfactoria ni para las sociedades receptoras ni para los propios inmigrantes ilegales.
El embajador francés dijo que ante esta situación lo que hace esta directiva es fijar criterios comunes respecto a los ilegales y también para que tengan derechos.
«Es una directiva coherente con las normas internacionales de derechos humanos y diría que hasta incrementa los derechos de los ilegales», dijo Fraysee.
Insistió en que hasta ahora varios de los países de la UE que no tenían los plazos máximos para este tipo de detención y se podía detener a los inmigrantes de manera indefinida, y ahora la norma pone un plazo máximo que no existía.
Señaló que en lo que respecta a la expulsión de menores, que entran ilegales sobre todo del Magreb, hasta ahora hay algunos países que expulsaban a estos menores sin ninguna garantía, y la norma ahora fija que para expulsar a estos menores debe asegurarse que sus familias los acojan o que organismos especializados en ayudar a la infancia los tomen a su cargo.
La próxima ronda de negociaciones sobre el acuerdo de asociación entre delegaciones de ambas regiones se efectuará del 6 al 10 de octubre en Guatemala.
