«Sabemos la presión que está teniendo el sistema judicial en el sentido de poder anular los juicios del ex presidente Zelaya y colaboradores», expresó el coordinador de la UCD, Jimmy Dacarett.
Como parte de esas «presiones», según el dirigente, este lunes se llevaría a cabo una reunión en la casa del ministro de Planificación y Cooperación Internacional, Arturo Corrales, a la que «se ha invitado a un grupo de magistrados de la Corte Suprema», pero dijo desconocer si se realizó en ese lugar o en la casa del presidente Porfirio Lobo.
«Hemos estado tratando de verificar si o no están los magistrados en casa del presidente don Porfirio Lobo Sosa dentro de la reunión, tal vez, puede ser que la hayan trasladado de la casa de don Arturo a la casa del presidente de la República allá en El Chimbo», manifestó.
Dacarett afirmó que la anulación de los procesos de corrupción contra Zelaya «es una solicitud muy fuerte» de sectores de la comunidad internacional, como la Organización de Estados Americanos (OEA).
Esto «lo acabamos de ver hace poco, pues el señor secretario general de la OEA, don Miguel Insulza», pidió que «se diga sí o no, si se van a perdonar las acciones de Zelaya», dijo.
Agregó que a Insulza «sólo con Honduras se le escucha, porque allá en Venezuela lo mandan a comer con todas las ganas, a cada rato, y entonces aquí se desquita con Honduras, tratando de imponer su santa voluntad sin importar que quebremos nuestro Estado de Derecho y el incumplimiento de nuestra Constitución y sus leyes».
Insistió en que «sigue la presión para los magistrados», aunque «debe haber independencia para ellos» para que decidan conforme a derecho sobre los procesos contra Zelaya.
Según el dirigente de la UCD, las «presiones» a los magistrados se derivan de que el juez Claudio Aguilar se inhibió el viernes de conocer los casos y los trasladó a la CSJ porque Zelaya tiene investidura de diputado al Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
Dacarett señaló que se trata de «la intervención y la injerencia del Gobierno por medio de Arturo Corrales», quien «ha quedado coordinador de la comisión para poder buscar una solución política a este asunto de los casos de Zelaya».
«El Gobierno está cayendo en la trampa» de la OEA y varios países «a manera que la CSJ anule los juicios», expresó el dirigente.
Dacarett recordó que «en la administración de Zelaya hubo tanta corrupción que fuimos suspendidos de la Cuenta del Milenio por esos diferentes actos», por lo que «no es posible que queden impunes».
