Tegucigalpa – El magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), José Juan Pineda rechazó los señalamientos del fiscal Luis Javier Santos que desde ese ente contralor se entorpecen algunos casos, al tiempo que denunció tienen el presupuesto más bajo de homólogos en todo el continente americano.
– Se quejó que tienen el presupuesto más bajo de todos los entes contralores de América Latina, con apenas el 0.016 por ciento.
Dijo no haber escuchado las declaraciones del jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, quien se quejó que en el órgano contralor no existe apoyo para dilucidar algunos casos de corrupción que involucra a funcionarios públicos.
Pineda pidió al fiscal Santos que presente las pruebas que respalden sus declaraciones que desde el TSC “duermen los casos” que involucran a altos personajes. “Particularmente me tendría que decir qué casos nosotros dormimos”.
Señaló que “como Tribunal de Cuentas no podemos ir más allá de lo que la ley nos permite, hacemos auditoría todos aquellos funcionarios e instituciones públicas que reciben dinero de los patrimonios del Estado”.
Remarcó que “tenemos las pruebas de quienes recibieron el dinero -caso Red de Diputados- tenemos las pruebas de la F01 de Finanzas que quienes recibieron el dinero fueron los representantes legales de las ONG… que fueron gestionados por los diputados del Congreso, claro así como lo hacen para otros organismos. Pero, todas las ayudas que da el Congreso, el Ejecutivo y las instituciones del Estado a ONG, estamos obligados a auditarlos”.
En torno al manejo del Fondo Departamental que manejan diputados del Congreso, refirió que “auditamos a los que recibieron el dinero para que den cuenta al país qué hicieron con ese dinero. Nosotros tenemos pruebas de Finanzas que las instituciones que recibieron el dinero fueron los representantes de las ONG o fundaciones que son creadas legítimamente a través del Ministerio de Gobernación, en ese sentido si ellos no liquidan fondos, nos vemos en la obligación a deducir las responsabilidades que corresponden”.
El magistrado Pineda dijo que en 2019 remitieron al Ministerio Público al menos 11 casos de ONG que recibieron dinero para hacer proyectos sociales y no se presentaron a liquidar los fondos.
Explicó que no es lo mismo sancionar la corrupción que combatirla. “Nosotros la prevenimos haciendo controles, planteamos que la nueva reforma a la ley en el sentido que el nombramiento del auditor interno tiene que hacerlo el órgano contralor para que no vuelva a suceder lo que ha ocurrido en varias instituciones como en el Seguro Social”, apostilló.
El funcionario dijo que respetan las competencias de otras instituciones del Estado como es el caso de la Fiscalía y el propio Poder Judicial.
Justificó que el TSC tiene un presupuesto raquítico, el más bajo de los entes contralores de América Latina.
