Según el expediente, el reparo contra el ex funcionario en el gobierno del derrocado presidente Manuel Zelaya, es por 68.7 millones de lempiras.
El informe 011-2009 revela los resultados de una auditoría realizada al gobierno de Zelaya.
En sus conclusiones se expone que el Despacho Presidencial emitió los acuerdos Ejecutivos 035-A-2008 por 35.5 millones de lempiras y el 038-2008 por 41.4 millones, firmados por Zelaya y el entonces ministro de la Presidencia Enrique Flores Lanza, para la ejecución de servicios de publicidad y propaganda, en contratación directa.
El TSC señala que esos 68.7 millones de lempiras, fueron utilizados para el pago de publicidad como contratación directa, obviando todos los términos de la Ley de Contratación del Estado.
Los pagos efectuados fueron por publicidad institucional, encuestas y sondeos de opinión, transmisiones de eventos como la suscripción del tratado de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), entre otros.
El TSC constató que se emitieron cheques, que restando el Impuesto Sobre Ventas (ISV), ascienden a más de 68.7 millones de lempiras, los que tienen firmas autorizadas de Zelaya, Flores Lanza y la del entonces viceministro de la Presidencia, Ricardo Arias, entre otros ex funcionarios. Esta suma se cobrará a los que sean reparados.
Agrega que tampoco expresa los motivos para llevar a cabo esa contratación como lo establece el artículo 63 de la Ley de Contratación del Estado que establece que para llevar a cabo la misma, se requiere de la autorización del presidente de la República cuando se trate de contratos de la administración pública centralizada, debiendo emitirse un acuerdo expresando detalladamente los motivos.
Asimismo, no se acreditó debidamente la existencia de un proveedor único con la capacidad técnica necesitada.
A raíz que los fondos fueron extraídos del programa de la ALBA, se debe brindar un informe detallado de los pormenores de la utilización de los recursos.
En ese sentido, el pleno de magistrados del TSC, solicita de forma respetuosa al fiscal general, Óscar Chinchilla, que actúe de oficie y deduzca las responsabilidades penales y administrativas a los funcionarios que tuvieron participación directa en la utilización de esos fondos en claro perjuicio contra los recursos del Estado de Honduras.
En octubre de 2013, el TSC también emitió reparos en contra de al menos 74 ex funcionarios del gobierno de Zelaya. Los pliegos de responsabilidad civil ascendían entonces a 4.9 millones de lempiras. La lista comprendía a ex funcionarios, ex funcionarios municipales y docentes que eran los reparados.
