Según la funcionaria, el 95% de los funcionarios han incumplido con la orden girada desde el año pasado por el presidente Porfirio Lobo Sosa de presentar en un término de 60 días la información relativa a la aprobación de emergencias o compras directas.
En ese sentido, dijo que las autoridades del TSC han girado varias solicitudes a las secretarías de Estado y a las instituciones descentralizadas y centralizadas donde se les da un plazo de 10 días para que remitan dicha información ante el organismo contralor.
Ancheta sostuvo que se va a revisar si se ha cumplido la Ley de Contratación del Estado, de presentar anomalías se presentará un pliego de responsabilidades a los funcionarios que hayan incumplido con la ley.
“No es posible que todas las compras del Estado sean de emergencia porque la ley ya establece cual es emergencia y cual es urgencia. Lo que pasa es que algunos funcionarios públicos dilatan la acción de la toma de decisión para convertir esto en una compra de emergencia”, denunció.
En Consejo de Ministros se han autorizado varias compras directas por medio de Decreto Ejecutivo. Tal es el caso del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), donde se autorizó, a finales de diciembre de 2010, la compra directa de frijol.
Asimismo los decretos de emergencia aprobados a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para suplir una “emergencia” energética por un lapso de 16 años para comunidades hondureñas del occidente, la zona del Bajo Aguán y Olancho.
