– Los Alcaldes municipales pudieran ser incluidos
El mismo presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández, anunció que impulsará la aprobación de la figura del juicio político, que significa que el Presidente de la República pueda ser destituido de su cargo por el Poder Legislativo.
El propio presidente Porfirio Lobo admitió recién, que favorece la figura, la cual forma parte de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad (CVR).
El gobernante indicó que en todo caso se debe regular de manera que el afectado tenga derecho al debido proceso y a la defensa.
Los trabajos previos son realizados por la Secretaría de Derechos Humanos y de su oficina de seguimiento, así como el Consejo de Notables que da continuidad a las recomendaciones de la CVR.
El Consejo está integrado por la ex rectora de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Lea Azucena Cruz, así como Óscar Aníbal Puerto, Manuel Gamero, el diputado Donaldo Reyes Avelar y el doctor Enrique Aguilar Paz.
Triple ganancia
Pero la figura del juicio político, rechazado desde ya por la bancada del partido Liberal y otras fuerzas políticas, tiene el objetivo de impulsar otros propósitos del grupo de poder, refieren analistas.
| Se crearía el Tribunal Constitucional y permitiría la destitución del fiscal general y los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia | El diputado Donaldo Reyes Avelar, integrante del Consejo de Notables, admitió que en el paquete del juicio político se incorporaría el Tribunal Constitucional, la nueva figura que desde hace meses se quiere implementar como un ente que revisaría las decisiones de la Corte Suprema de Justicia.
El Tribunal Constitucional, que es rechazado por múltiples sectores, también es recomendado por la Comisión de la Verdad. |
Rolando Sierra, jefe de la oficina técnica de seguimiento de las recomendaciones de la referida comisión, dijo que estudian todos los mecanismos para implementar el juicio político y que preparan el documento que elevarán al Congreso Nacional.
La oficina, apéndice de la Secretaría de derechos Humanos, estudia las formar en que se implementará la figura del juicio político.
Sierra ha declarado a periodistas que entre los estudios que realizan a nivel latinoamericano está la experiencia del Tribunal Constitucional, con lo cual reafirma la pretensión de utilizar el juicio político para deslizar la otra instancia que es rechazada por varios sectores por implicar una reforma de la Constitución en lo relacionado a la existencia de tres poderes como forma de gobierno.
Pero los impulsores del proyecto no se conforman con las ganancias del juicio político al Presidente de la República y establecer el Tribunal Constitucional, sino que también buscan un tercer dividendo y es que la figura sea aplicable a todos los funcionarios electos.
El diputado democristiano Augusto Cruz Asensio dijo que la figura del juicio político debería extenderse a todos los funcionarios electos por el Congreso Nacional, con lo que tendrían a tiro al Fiscal General y a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La destitución del fiscal general y los magistrados es una de las constantes que ronda en el ámbito de poder.
El presidente Lobo se ha referido al poder Judicial señalando que “supremo solo Dios”, restándoles a los más altos jueces la condición de principales figuras judiciales.
Mientras el vicepresidente del Congreso Nacional, Marvin Ponce, ha pedido periódicamente la destitución del fiscal general Luis Rubí y los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por el papel que desempeñaron en la destitución del expresidente Manuel Zelaya. | Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, a través de secretaría de Derechos Humanos, son los impulsores del juicio político |
Pero otros plantean que la figura del juicio político se extienda a todos los funcionarios electos, lo que de hecho dejaría a los alcaldes municipales también en la mira de los diputados.
Cambio constitucional
Otro elemento de crisis, que los expertos adelantan, dejaría la figura del juicio político es que transformaría la forma de gobierno o se requerirían cambios profundos, ya que el Congreso Nacional es unicameral.
El resto de países que tienen la figura del juicio político se distingue porque sus parlamentos tienen dos cámaras, una Baja formada por diputados, y otra Alta integrada por Senadores.
La Cámara Baja actúa como fiscal, ya que aprueba y eleva la acusación de juicio al mandatario, mientras la Cámara Alta se transforma automáticamente en juez y los senadores se convierten en jueces que con sus votos determinan si procede o no la destitución.
