Tegucigalpa – La elección de los magistrados que conformarán el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) encierra mucho más que un trámite legislativo de rigor. Esta vez el proceso tendrá la quisquillosa mirada de la Comisión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y la presión política de partidos como el PAC y Libre que quieren entrar a la repartición del pastel.
No será un proceso fácil porque de entrada la comisión multipartidaria que forma parte de la selección de los nominados—de una lista de 12—ha dicho que habrá audiencias públicas, pruebas de confianza y mucha vigilancia para que no se les cuelen políticos de oficio. Y sobre este punto, la MACCIH tendrá su mirada pues el convenio suscrito con Honduras le permite asesorar técnicamente, supervisar y/o evaluar las ejecutorias de las instituciones, entre ellas el TSC.
Asimismo, la MACCIH tiene otro componente directo que atañe a la labor del TSC y por ende en la selección de los nuevos integrantes. Ese componente tiene que ver con el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la MESICIC, el mecanismo que permite tomar el pulso a los esfuerzos de los países en materia anticorrupción como parte de la Convención Americana contra la Corrupción.
El papel del Tribunal Superior de Cuentas en este aspecto es crucial, pues es el ente que cuenta las costillas a los funcionarios y la administración pública, aunque sea a posteriori. También es ante el TSC que los servidores públicos de todo nivel rinden su declaración jurada de bienes y su patrimonio, aspecto que en otros países centroamericanos está siendo toral en la lucha contra los corruptos y sus formas de cooptación.
En su último Informe de País, a raíz de una misión oficial que llegó a principios de año a Honduras, la MESICIC en lo referente al tema de la contratación de empleados públicos en el TSC, advierte que la información que les fue proporcionada no permite conocer cuáles de los cargos públicos fueron cubiertos a través de concursos públicos, cuáles fueron cubiertos por procedimientos de oposición y cuáles fueron cubiertos a través de nombramientos directos, a fin de tener un detalle estadístico más explícito que garantice acceso a información pública confiable.
Otra prueba para la MACCIH
El MESICIC indica que es importante para el Estado de Honduras, en general, contar con un régimen de la carrera civil que garantice la selección de cargos idóneos por oposición y meritocracia.
En el caso del TSC, entre otras recomendaciones, el Informe solicita un aumento presupuestario al organismo para que pueda realizar con efectividad sus auditorías y mecanismos de fiscalización.
Para la MACCIH, la elección de los próximos magistrados del TSC, será a su vez, su segundo encuentro con las fuerzas políticas del poder legislativo, mismas que aún no terminan de aprobar una ley de financiamiento que regule a los partidos políticos y las campañas políticas. Según lo ha dicho el titular del legislativo , Mauricio Oliva, están prontos a entrar a conocer la normativa, pero se sabe, de antemano, la oposición de los partidos Libre, PAC y Pinu-SD.
Esta semana @congreso_hn discute Ley Financiamiento, Transparencia y Control de Campañas Políticas. Resultado de #DialogoCNReformaelectoral
— Mauricio Oliva H. (@DrMauricioOliva) 10 de octubre de 2016
Será en este nuevo escenario en donde la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras probarán nuevamente la voluntad política en la lucha contra la corrupción. Se espera que, para la elección de los magistrados, la ley de financiamiento de la política haya sido aprobada.
De momento, la comisión multipartidaria nombrada en el Congreso ya elaboró el reglamento y las fases que contendrá el proceso. Las postulaciones están abiertas y dentro de los requisitos que deben llenar los aspirantes aspectos como la constancia de solvencia de aportaciones al gremio a que pertenezcan los aspirantes, no es indispensable.
Tampoco es indispensable la constancia del Tribunal de Honor del colegio gremial al cual estén afiliados, pero sí deben ser requisitos obligatorios otros como hoja de antecedentes penales, policiales, acta de nacimiento, título universitario, entre otros.
El plazo para quienes deseen aspirar a ser magistrados del TSC vence el 17 de octubre y las audiencias públicas están previstas para los días 7 y 8 de noviembre. Del total de personas que aspiren, hasta ahora solo dos se han postulado , se escogerán a un total de 12 sobre los cuales deberá elegir el Congreso.
Pero la dinámica del proceso probablemente no será tan lineal como espera la comisión especial del legislativo, pues en la marcha la misma estará marcada por los otros intereses que rigen este tipo de procesos: el de los partidos por colocar a sus piezas en ese órgano de control.
Quieren parte del pastel
Dos de ellos ya han dicho abiertamente que quieren estar en ese pastel. Ellos son el Partido Anticorrupción (PAC) y el partido Libertad y Refundación (Libre). Ellos condicionan su apoyo a la ley de la política limpia versus el dinero sucio a cambio de tener representación en la unidad fiscalizadora que contempla la ley para seguir la ruta del dinero que ingresa a las campañas y a los partidos políticos, quieren políticos auditando a políticos. Pero más allá de eso buscan otras reformas electorales.
También condicionan su apoyo a la elección del TSC a cambio de tener representación en ese ente de control. De ahí que la lucha por despolitizar el organismo y la elección no será fácil, pues la clase política representada en el parlamento, especialmente las nuevas fuerzas, están ávidas de poder.
De entrada, la comisión multipartidaria ha dicho que no habrá reelección para los actuales magistrados porque habrá que dar paso a nuevos rostros. Esa afirmación resulta estéril porque la reelección de magistrados no es permitida por la ley.
En la comisión de selección misma hay dos integrantes que fueron desconocidas por la dirigencia del PAC. Se trata de las diputadas Ana Joselina Fortín, que en las redes sociales y declaraciones públicas dice no entender el por qué un partido que lucha contra la corrupción, condiciona su apoyo a mecanismos que buscan garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. La otra es Marlene Alvarenga.
Alvarenga ha desafiado al coordinador del PAC, Salvador Nasralla, a quien piensa disputar una precandidatura presidencial en elecciones internas que la dirigencia del partido afirma ya pasó el tiempo de postulación.
Ambas parlamentarias han dicho que no van a renunciar a la comisión porque fueron nombradas por la presidencia del Congreso Nacional, una instancia a la que la ley autoriza para ello. Así, la elección del próximo Tribunal Superior de Cuentas no será tan fácil porque también están en ella los ojos de la ciudadanía y de instancias internacionales.
