Entre las medidas dictadas por la jueza de lo Penal Alina Aguilera, figuran las prohibiciones de salir del país y de revisar archivos o contactar con empleados de la Dirección de Aeronáutica Civil ligados a los hechos que se le imputan, además de que debe presentarse cada lunes ante el tribunal.
Zavala apuntó que, por ahora, el Ministerio Público no pedirá que Seaman sea suspendido del cargo.
El funcionario aseguró, en breves declaraciones a la prensa, que es inocente y que «yo no he firmado absolutamente nada» ilegal.
Seaman llegó en compañía de sus abogados al despacho de la juez, quien el miércoles emitió la orden de captura.
El funcionario estuvo en paradero desconocido durante varias semanas, mientras la prensa aireaba las denuncias en su contra.
La Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público denunció a Seaman el pasado lunes ante el tribunal por al menos 39 casos de abuso de autoridad, tras varios meses de investigación.
Según el portavoz del Ministerio Público, Melvin Duarte, la Fiscalía determinó que Seaman autorizó licencias a 39 pilotos, mecánicos de aviación y auxiliares de vuelo venezolanos y peruanos, sin que éstos vinieran a Honduras a realizar el trámite y someterse a pruebas, sino por medio de abogados.
Agregó que Seaman también fue denunciado por extender «permisos ilegales» a aerolíneas estadounidenses, que no identificó, para que hicieran vuelos chárter entre Honduras y Estados Unidos «sin cumplir requisitos ni tener seguros».
La Fiscalía «comprobó» que Seaman extendió esas autorizaciones «en abierta violación a lo que establece la Ley de Aeronáutica Civil, se violentó el procedimiento establecido para otorgar esas convalidaciones», puntualizó Duarte.
Hasta ahora, se desconoce qué uso han dado los venezolanos y peruanos a las licencias autorizadas en Honduras, pero medios locales de prensa han señalado que podrían ser para vuelos del narcotráfico.