Triángulo Norte: Democracia, totalitarismo y el retorno de los militares

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Los países del Triángulo Norte de Centroamérica conformados por Guatemala, El Salvador y Honduras que, a fines del siglo pasado, estabilizaban sus democracias con el retorno del poder civil, ahora enfrentan la disyuntiva de acudir a quienes en el pasado fueron los protagonistas de abusos humanitarios y autoritarismo que debilitaron la democracia: los militares.

La etapa del militarismo y la remilitarización de la sociedad que se creía estaba siendo superada en estas naciones, ahora retorna con mucha fuerza de la mano de gobiernos civiles que buscan “lealtad” en los hombres de uniforme para estabilizar sus administraciones, sin importar que ello implique un alto costo en violación de derechos humanos, abusos o incluso intereses económicos.

Las fuerzas democráticas en la región están perdiendo espacios recuperados y lo que podría ser “normal” en los países del Triángulo Norte como los procesos de desmilitarización, el fortalecimiento democrático, la división de los roles entre la seguridad y la defensa, parecen desvanecerse rápidamente para dar paso a la vuelta de los militares y el militarismo con políticas de mano dura, donde a diferencia de los años ochenta y de la llamada guerra fría, ahora lo que les atrae es el poder y el control en complicidad con los civiles que les quieren de vuelta para que les “protejan” en sus mandatos.

Douglas Farah, investigador especializado y excorresponsal del Washington Post.

Son los nuevos escenarios que enfrentan los países y gobiernos del Triángulo Norte de América Central, detalla a periodistas de estos países el experto en crimen transnacional y militarismo en América Latina, Douglas Farah, un investigador especializado que fue corresponsal del diario estadounidense Washington Post, y que ofreció una conferencia magistral sobre Militarización y Remilitarización en la región, en el marco de los Ciclos de Actualización a Periodistas (CAP). El CAP es un espacio de formación a periodistas sobre tema de democracia, derechos humanos, justicia, corrupción, libertad de expresión, entre otros aspectos.

Farah hizo un recorrido histórico por la región de las épocas del militarismo, la guerra fría y la doctrina de seguridad nacional como parte del conflicto este-oeste, el tema ideológico y el protagonismo militar en los abusos y violaciones de derechos humanos, así como su incursión en los negocios, hasta que Washington decidió, una vez concluida la guerra fría, apostar por el retorno de la paz y la democracia en una convulsionada Centroamérica donde muchos de sus países protagonizaron cruentas guerras intestinas.

En esa época el rol de los militares fue crucial, fueron formados en inteligencia y contrainteligencia en países como Israel, Estados Unidos y Taiwán, siendo un poder real amparados en la lucha ideológica, pero ahora su retorno a la escena pública no está relacionado con las ideologías de izquierda o derecha, eso no es relevante, dijo Farah, al indicar que están volviendo con “una preponderancia donde el poder militar está acuerpado por  civiles, actuando a favor de los militares de una manera no democrática. Es algo que se está viendo en la región en estos momentos”, aseguró a los periodistas.

Civiles en el poder, de nuevo tocan los cuarteles

“Han retomado con más fuerza el papel de la inteligencia militar. En los años ochenta se formaba a los militares para combatir el enemigo externo y varias generaciones militares se formaron bajo ese concepto. Así la inteligencia debía estar en manos de los militares, ahora no combaten enemigos externos, sino al enemigo interno, ellos ven eso como un espacio para recuperar su papel normal”, acotó.

Los nuevos enemigos que ahora se perfilan en el escenario de los militares es el narcotráfico, las maras y pandillas y el tema de la migración. En el caso de las maras y pandillas, el experto dijo que los países del Triángulo Norte no estaban preparados para este fenómeno, recién salían de sus guerras intestinas y volviendo a la ola democrática, cuando desde Estados Unidos les caen los deportados implicados en maras y pandillas que operaban en territorio estadounidense.

Los militares tuvieron que apoyar a la Policía en materia de seguridad para combatir el fenómeno de las maras y pandillas.

“Los gobiernos no tenían capacidad para enfrentar estos nuevos grupos, pues estaban apenas saliendo de sus guerras intestinas. Ellos llegaron y se vio incremento del crimen común y de la violencia extendida. La llegada de las nuevas estructuras de las maras, los gobiernos entraron en pánico y empezaron a asumir un papel en el cual volvieron a llamar a los militares a combatir esas nuevas amenazas, con la bendición de Estados Unidos y de la sociedad, eso fue bien recibido”, ahondó en su ponencia Farah.

Y retornaron los militares al combate de la seguridad interna, pues los esfuerzos policiales en manos de los civiles y los procesos de depuración a que fueron sometidas estas fuerzas, salpicadas por corrupción y violaciones humanitarias, no han dado los resultados esperados. Las fuerzas armadas encuentran así el nicho perfecto para volver a ser protagónicos bajo el aval de los gobiernos civiles.

“Los gobiernos que llegaban más anti militares, en el Salvador con Nayib Bukele, y Xiomara Castro, en Honduras, son los que más se aferran a los militares para evitar problemas de estabilización”, dijo Farah al indicar que en El Salvador los militares llegaron a la escena pública de la mano del ex presidente del izquierdista FMLN, Mauricio Funes, le siguió la administración del ex presidente Salvador Sánchez Cerén, y ahora Bukele que les ha dado poderes y protagonismo extraordinario.

La “lealtad” condicionada de los militares

Bukele, a quien denominó un “agnóstico autoritario”, pide a los militares una lealtad no al país ni a la bandera de El Salvador, sino una lealtad “a él, a su persona, porque él se cree el pueblo”, agregó, tras indicar que en su política de seguridad, cuestionada por los abusos que trae consigo, aunque sea popular en la gente, se desconoce a ciencia cierta cuánto han reducido los homicidios, porque no hay acceso a la información pública, es secreta y han recalificado los delitos, entonces, no hay certeza de la veracidad de los datos oficiales que se ofrecen.

En Guatemala y Honduras, los militares nuevamente están en la escena, en las calles y en un proceso de remilitarización de la sociedad, asumiendo funciones que no les corresponden como la agricultura, entre otras, además de manifestar intereses económicos muy grandes, aseveró.

Miembros del Ejército de Guatemala realizando labores de seguridad en la calle.

Este nuevo protagonismo que se les está dando, “no tiene nada que ver con la seguridad del Estado, sino con compra de lealtades de las fuerzas armadas al gobierno de turno, eso implica un ciclo peligroso pues el próximo gobierno que venga, sino quiere seguir (con esa política), va a tener problemas con los militares y en vez cortar, va a tener que incrementar los regalos a los militares para mantener cierta estabilidad”, agregó.

En las nuevas políticas de Estados Unidos—dijo–se habla de lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el tema migratorio, pero nadie habla del retorno de los militares, la militarización de la seguridad y la remilitarización de la sociedad. Farah incluso advirtió que es probable que Washington deje pasar algunos abusos en este nuevo escenario, para evitar flujos migratorios masivos a ese país.

“Vamos a estar viendo una tolerancia muy fuerte hacia los abusos de los derechos humanos, la encarcelación masiva de (Nayib)Bukele, del estado de excepción que declara Xiomara (Castro), de la narcotización profunda de la política electoral en Guatemala, vamos a perdonar muchas cosas para no desatar una ola de migrantes hacia Estados Unidos”, dijo en tono preocupante el experto Farah.

La presencia de militares en las calles como Honduras y El Salvador puede vulnerar los derechos humanos en estos países.

“Es el retorno de la impunidad total de los militares y la incapacidad de los servicios de justicia a enfrentar estos problemas, más bien están viendo como apoyar estas decisiones más destructivas en cuanto a derechos humanos y la impunidad de los militares en matanza de civiles, en robos, y la falta de capacidad e interés en investigar la corrupción, y el cierre de todo acceso a información pública que por ley debería serlo”, acotó.

Honduras, los nuevos roles asignados por el gobierno

En el caso de Honduras, la presidenta Xiomara Castro anunció la ampliación del estado parcial de excepción por seis meses, tras una reunión sostenida con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Dentro de esta ampliación se tomó la decisión de dividir el territorio en tres facciones: los militares y la Policía Militar de Orden Público (PMOP) en siete departamentos (los de mayor conflictividad y donde opera la narcoactividad), y el resto para la Policía Nacional, con énfasis en dos departamentos, que incluye la capital y la principal zona industrial y económica del país.

La nueva distribución geográfica de la seguridad interna queda así: los militares en 7 departamentos: Colón, Olancho, El Paraíso, Gracias a Dios, Atlántida, Yoro y Copán. De estos, la Policía Militar de Orden Público se centrará en los departamentos de Atlántida, Yoro y Copán.

En Honduras, los militares distribuyeron sus labores de seguridad interna en base en siete departamentos, la mayoría propicia al cultivo de droga.

En tanto la Policía Nacional, tiene el resto del país, pero con énfasis especial en los departamentos de Francisco Morazán (región central) y Cortés (zona norte).

La segunda fase de la iniciativa gubernamental para contrarrestar la violencia, el crimen y la inseguridad le ha denominado Plan Nacional de Seguridad: Solución contra el crimen, vuelve a dar a los militares también potestad sobre las cárceles, al designarles para crear cárceles especiales en los batallones que sean necesarias, bajo los parámetros que rigen los protocolos nacionales de respeto a los derechos humanos.

En el foro televisivo “Frente a Frente”, la cúpula militar copó el plató para celebrar la decisión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de visibilizarlos aún más en sus nuevas funciones, argumentando que fue una determinación acertada porque “el país lo necesita”.

“Con la Policía Nacional somos amigos, desde tiempos, no desde ahora, por eso los vamos a apoyar”, dijo el jefe de la PMOP, Ramiro Muñoz, en tanto el jefe de la Fuerza Ejército, Roosevelt Hernández, recordó el artículo constitucional 274 que les faculta en este tipo de operaciones, porque “los militares no intimidan, generan confianza, generan credibilidad”. Los militares, dijeron los asistentes al foro de debate, “existirán mientras exista la República”.

En tanto, los expertos como Douglas Farah, advierten que todo apunta a que los países del Triángulo Norte parecen estar frente a una nueva etapa de remilitarización que puede durar décadas, donde lo que importa es el dinero y el poder para mantenerse el tiempo necesario, la ideología ya no les importa. La lucha ahora es entre la democracia y el totalitarismo, apuntó. (PD).

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