Así fue revelado por un grupo de expertos durante el Congreso Centroamericano de Sociología que promovió en Tegucigalpa la carrera de Sociología de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuyos ponentes de México, Honduras y Nicaragua, graficaron el panorama de la inseguridad y la violencia en América Central.
Los retos y desafíos de la academia para analizar con mayor rigurosidad el avance del crimen organizado y su impacto en la violencia, la inseguridad y las democracias centroamericanas, fue abordada por destacados sociólogos y expertos en seguridad que advierten la necesidad de invertir en el desarrollo humano, promover la confianza entre las instituciones, fortalecer la institucionalidad y el Estado de Derecho, depurar los operadores de justicia y reducir la desigualdad como opciones para cerrar el paso al crimen organizado transnacional.
Moderado por la socióloga y experta en temas de seguridad, Mirna Flores, la mesa redonda denominada “Retos y desafíos de la seguridad en Centroamérica”, abordó un poco las diferencias en seguridad entre el Triángulo Norte y el Triángulo Sur de Centroamérica, último conformado por Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Carlos Figueroa, uno de los académicos mexicanos que participó en el debate, dijo que la región centroamericana enfrenta uno de sus peores desafíos en su historia, al tener “un formidable triángulo delincuencial”.
Las redes que cooptan la región Este “triángulo delincuencial” está dominado por la banda criminal de Los Zetas, el cartel de Sinaloa—ambas de México—y las maras o pandillas que operan entre Guatemala, Honduras y El Salvador. En el caso de los carteles mexicanos su presencia se ha acentuado con la guerra contra la narcoactividad que libra México, pero también confluyen en Centroamérica los carteles colombianos de la droga, cuya presencia data casi desde la década de los setenta. La región, dijo, se encuentra atrapada entre estas tres redes criminales que hacen que el 90 por ciento de la droga que Sur a Norteamérica transite por los países del triángulo norte más Belice. Figueroa estima que a nivel de las maras o pandillas que se mueven por este corredor de los países del norte de Centroamérica, cerca de 70 mil jóvenes se dedican no solo a acciones delictivas del crimen común, sino que también de las bandas que conforman el crimen organizado y el delito transnacional. En este sentido, propuso que no es con políticas de enfoque reduccionista de “mano dura” o “súper mano dura” como se combate la presencia del crimen organizado y la inseguridad, por lo que propone fortalecer los Estados, limitar la participación de jóvenes de clase media en bandas delincuenciales, limitar la existencia de la privatización de los sistemas de seguridad donde Guatemala es el país con mayor número de empresas privadas de seguridad. La depuración de la policía, jueces y fiscales, fue otra de las propuestas hechas por los expertos, al grado que la hondureña, Leticia Salomón, dijo que “parece que tenemos una policía que se dedica a recibir pagos por dejar hacer y dejar pasar, pero lo mismo ocurre también con el resto de los operadores de justicia”. A su vez, la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, dijo que la academia enfrenta el reto también de generar investigaciones que profundicen en los costos de la violencia para los Estados y los costos de la violencia para las víctimas de la orfandad producto de la criminalidad. |
Demandas internacionales humanitarias: diferencias Luego el también experto mexicano, Mauricio Ibarra, hizo una serie de replanteamientos para entender mejor la guerra que vive México, las denuncias de violaciones a los derechos humanos producto de esa incesante violencia y la viabilidad o no, en este escenario, de una demanda internacional ante la Corte Penal Internacional. Ibarra planteó cuáles son las características que debe reunir un país para tipificar un caso ante la Corte Penal Internacional, recalcando que México no es Colombia ni muchos menos Ruanda, últimas dos naciones con casos pendientes ante esa Corte. Ibarra desmitificó qué cabe y qué no cabe al momento de poner una demanda ante la corte penal internacional, botando así discursos populistas de activistas humanitarios. Pero fue el nicaragüense, Francisco Bautista, ex director y ex fundador de la Policía Nacional de Nicaragua, quien aterrizó en una radiografía de la inseguridad que enfrentan los países centroamericanos y no dudó al señalar que la delincuencia organizada requiere de naciones con bajo desarrollo humano para poder reproducirse a gran escala. Centroamérica, dijo, tiene dos escenarios caracterizados por tres países con una situación de violencia preocupante, imparable y en punto crítico, mientras del otro extremo, destacan otros tres países con un índice delictivo menor. |
Países con nivel crítico de inseguridad En este sentido, sostuvo que Honduras y Guatemala tienen un nivel crítico en materia de inseguridad en violencia al conjugarse en estos países los factores de un bajo desarrollo humano, corrupción pública, fragilidad institucional, baja capacidad económica, conflictos de convivencia y delincuencia local; delincuencia nacional que trasciende el ámbito local y delincuencia organizada transnacional. En el nivel medio de la inseguridad se ubican Costa Rica, Nicaragua y Panamá, en tanto Belice y El Salvador son dos países con un nivel alto de inseguridad, muy cerca del punto crítico que comparten Honduras y Guatemala. Bautista indicó que en Centroamérica existen 25 formas de mercado ilícito o subterráneo y solo en Nicaragua, unas 10 mil familias viven del narcomenudeo. Los límites entre la legalidad y la ilegalidad son tan difusos que propician el avance de la narcoactividad, tras recalcar que hasta ahora la lucha antidroga de Estados Unidos ha sido un fracaso. Finalmente, señaló que para prevenir la violencia se debe trabajar desde sus causas, no tanto con mano dura, analizar la capacidad de respuesta institucional, fortalecer la confianza entre las instituciones, fortalecer la confianza social entre las personas; reducir la alta informalidad económica de las economías centroamericanas, replantearse la estrategia contra el nacrotrafico y promover el desarrollo humano para reducir la inequidad. |
