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TREP 2021: ¿Sistema perfecto o relato conveniente del oficialismo?

Tegucigalpa- A pesar de que el oficialismo —encabezado por el Partido Libertad y Refundación (Libre)— insiste en repetir de forma constante que las elecciones generales de 2021 fueron las “más limpias de la historia”, informes técnicos y de observación electoral revelan una realidad mucho más compleja.

La narrativa que defiende la candidata presidencial Rixi Moncada, el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, todos los funcionarios y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, sobre un sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) “transparente, soberano y funcional”, pierde sustancia frente a los hallazgos críticos contenidos en auditorías confidenciales y en el informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE).

El discurso oficialista actual exige que el nuevo sistema TREP para las elecciones de noviembre de 2025 sea similar o idéntico al de 2021. Sin embargo, lo que se presenta como modelo de perfección, en realidad, fue un sistema con fallas técnicas, falta de controles y exclusión de actores políticos. El argumento de Libre, basado en que «sí nos funcionó, no hay por qué cambiarlo», omite deliberadamente los errores, improvisaciones y opacidad que rodearon la transmisión de resultados hace cuatro años.

Añadió que Ana Paola Hall, reconoció que el amplio diálogo entre candidatos presidenciales evitó que las deficiencias del TREP tuvieran repercusiones visibles o cuestionamientos públicos. En palabras de varios analistas, si la contienda hubiese sido cerrada, los errores del sistema habrían desatado una crisis de legitimidad electoral.

Así lo reveló recientemente en un foro televisivo el diputado Antonio Rivera, quien compartió que la consejera Ana Paola Hall, por ello planteó el TREP actualmente en disputa y la consejera Cossette López lo apoyó.

Informe confidencial

Un informe de auditoría denominado como de «uso privilegiado y confidencial», al que tuvo acceso el medio Contracorriente, expone múltiples deficiencias en el TREP de 2021. El informe fue elaborado por una firma consultora contratada por el propio CNE. Entre los hallazgos más graves figura el uso de un software sin soporte ni actualizaciones de seguridad, la imposibilidad de verificar la versión del sistema utilizada, la ausencia total de registros de cambios previos a su implementación, y lo más preocupante: la exclusión de los partidos políticos durante todo el proceso de verificación.

Además, durante las pruebas públicas del sistema se detectaron errores sustanciales que obligaron a realizar ajustes de emergencia a última hora. Según el mismo informe, no hay evidencia técnica de que los resultados se transmitieran desde una versión segura del sistema, y tampoco se cumplió con el artículo 13 del reglamento del TREP, que exigía mantener una bitácora de las acciones realizadas en las bases de datos. El proveedor, Magic Software Argentina (MSA), no ofreció forma de confirmar la existencia ni funcionalidad de dicha bitácora.

Por otra parte, el informe de la MOE-UE también remarca falencias del TREP, advirtiendo que la verificación de resultados dependía excesivamente del sistema de reconocimiento inteligente de caracteres, sin mecanismos para detectar irregularidades como votos masivos a favor de un candidato. Esta falta de filtros y controles abre la puerta a potenciales manipulaciones que, si bien no se concretaron en 2021 (por la ventaja clara entre presidenciables), podrían ser determinantes en elecciones más disputadas.

En resumen, el TREP de 2021 no fue perfecto ni infalible. Fue un sistema con múltiples zonas grises que el oficialismo prefiere ignorar mientras exige su réplica para los comicios de 2025. Convertir ese sistema en modelo incuestionable no es un acto de transparencia, sino un acto de conveniencia política, apuntan los conocedores.

En ese contexto, coinciden que, si el objetivo es fortalecer la democracia, lo mínimo que se debe exigir es un sistema con estándares técnicos robustos, verificable, auditable y aceptado por todas las fuerzas políticas, no una reedición forzada de un mecanismo que, por más que haya producido resultados favorables, está lejos de ser ejemplar.LB

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